La minería en Colombia es una de las actividades más influyentes y, a la vez, una de las más conflictivas. En ella se cruzan el poder económico, la desigualdad territorial y la debilidad del Estado. A pesar de su peso en la economía, el sector sigue marcado por la informalidad, la contaminación y la violencia. Formalizar la minería no es una tarea técnica ni un simple requisito administrativo: es una decisión política de fondo sobre qué país queremos construir y sobre cómo transformar la riqueza del subsuelo en bienestar colectivo. No hacerlo equivale a seguir extrayendo prosperidad para unos pocos y miseria para muchos.
Hablar de minería también es hablar de vidas reales. Soy un joven que, gracias a esta actividad, pudo estudiar en la universidad y tener sus necesidades básicas satisfechas. Mi padre trabajó durante décadas como operario en empresas como Drummond, Cerro Matoso y Cerrejón, entregando su fuerza a una industria que dio sustento a miles de familias. Por eso, trabajar por la legalización y la formalización de la minería no es para mí una causa abstracta: es una forma de honrar su memoria y de dignificar a quienes, como él, construyeron país desde las minas, los socavones y las plantas industriales.
La Procuraduría General de la Nación ha advertido que la minería ilegal afecta a 29 de los 32 departamentos, lo que equivale a cerca del 90 % del territorio nacional. Este dato refleja la gravedad del fenómeno y la ausencia de control estatal. Sin licencias, ni títulos, ni fiscalización ambiental, la minería se convierte en un motor de desorden, corrupción y pérdida de soberanía. En cambio, la formalización permitiría que los recursos naturales se administren con reglas claras, que los beneficios lleguen a las comunidades y que el Estado recupere su autoridad en regiones hoy capturadas por redes ilegales.
El impacto ambiental de la minería informal es igual de alarmante. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 73 % del oro de aluvión extraído en 2022 provino de actividades ilegales, equivalentes a más de 63.000 hectáreas degradadas. Cada tonelada de material removido sin control contamina los ríos con mercurio, erosiona los suelos y destruye ecosistemas enteros. La formalización es, en ese sentido, una vía para imponer estándares ambientales, exigir restauración ecológica y promover tecnologías limpias que garanticen la sostenibilidad del territorio.
En el plano laboral, la minería informal representa una de las expresiones más crudas de la precariedad. Un estudio de la Universidad del Rosario mostró que el 80 % de los mineros artesanales considera rentable formalizarse, aunque solo la mitad ha intentado hacerlo. La falta de seguridad social, pensión o condiciones seguras de trabajo es la norma en miles de minas informales. La formalización no solo genera trazabilidad económica, sino que transforma la vida de los trabajadores: los hace visibles, los protege y les permite acceder a derechos básicos, cerrando una deuda histórica con quienes han sostenido esta industria desde el anonimato.
La minería también se cruza con la seguridad y la paz. En más de la mitad de los municipios del país, esta actividad está ligada al financiamiento de grupos armados, al desplazamiento forzado y a la violencia estructural. Avanzar hacia la formalización implica debilitar esas economías ilegales, recuperar el control institucional y abrir caminos de desarrollo sostenible. No se trata de perseguir al minero pobre, sino de incluirlo en una economía legal y productiva que reemplace la violencia por oportunidades.
Formalizar la minería, en última instancia, es un acto de justicia social, ambiental y política. Es reconocer la dignidad del trabajo, proteger la naturaleza y devolverle al Estado su papel rector en los territorios. En un país donde la riqueza mineral ha sido fuente de desigualdad y conflicto, la legalidad debe ser más que una promesa: debe ser el punto de partida. Porque mientras la informalidad destruye y divide, la formalización puede construir un futuro más justo, sostenible y humano para quienes viven —literalmente— bajo tierra.
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