Nuestro país atraviesa por un momento complejo en términos de seguridad. Los recientes bombardeos en los cuales han muerto menores de edad víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales son hechos lamentables y dolorosos que nos deben movilizar como sociedad, porque, en estos momentos difíciles, no podemos caer en la pasividad de la indiferencia, en la normalización de la violencia, o, en lo peor: la mezquina instrumentación electoral de quienes ayer guardaban silencio ante los bombardeos y que hoy se rasgan las vestiduras.
El tema es muy sensible y no puede dar espacio a puntos intermedios: los niños, niñas y adolescentes no son actores del conflicto, no solo porque así lo dispone el Derecho Internacional Humanitario -DIH-, el cual tanto el Estado como los grupos armados al margen de la ley deben respetar, sino porque ante todo debe ser una consideración moral; reclutar niños y niñas para utilizarlos como “retaguardia” o como “primera línea de asalto” es una de las mayores bajezas que han podido cometer los grupos armados en la historia del conflicto armado.
Debemos condenar, por un lado, el reclutamiento forzado como acción criminal de profunda y dolorosa victimización con nuestra niñez, y por otro lado, exigir que las acciones del Estado se ajusten al DIH y su proporcionalidad. En el Gobierno Duque alzamos la voz cuando se ocultó, de forma deliberada e intencional, la muerte de menores en los bombardeos; en el Gobierno Petro, tras un giro en la política de seguridad dado que los principales actores armados ilegales se distanciaron de la política de paz total, se debe exigir que se respete el DIH y que se avance en campañas interinstitucionales que reduzcan al mínimo posible el flagelo del reclutamiento forzado.
Cuando un menor es reclutado forzosamente por un grupo armado fallamos como sociedad. No solo es una responsabilidad del Estado que debe velar por la protección de la niñez -responsabilidad de la cual no puede rescindir-, sino de una sociedad, que, dejando de lado sus diferencias políticas, se debería unir para poner a los niños y niñas en el centro de sus prioridades. Un menor reclutado ve sus sueños y su vida truncados por la mezquindad que se incuba en la guerra.
La posición del presidente Petro es muy difícil, eso es algo que no pongo en duda. Es su responsabilidad ser el principal garante de la seguridad a lo largo y ancho del país, sin dejar de lado, nunca, un enfoque de seguridad humana y salvaguarda a los derechos humanos. Lo que empieza por el cumplimiento a cabalidad del DIH y en no renunciar, así el panorama se torne sombrío, a la búsqueda de la paz. Siempre será más difícil hacer la paz que hacer la guerra.
Tampoco dudo que en los próximos meses, en medio de la temporada electoral, los grupos armados ilegales inicien arremetidas violentas. Ya alias “Iván Mordisco” como vocero de las denominadas disidencias salió a anunciarlo. Su intención es clara: intervenir en las elecciones (¿a favor de quién?) y desestabilizar la democracia.
No es la primera vez que los grupos armados pretenden desestabilizar el país en plena temporada electoral, pues así suelen buscar, regularmente, un posicionamiento de cara a un nuevo Gobierno. No serán meses fáciles pero confió en la solidez de nuestras instituciones y en que la gran mayoría de colombianos y colombianas, sin distingo de orientación política, seguimos creyendo en la búsqueda de la paz porque estamos convencidos de que no estamos condenados a la guerra.
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