La Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, presentó el informe de la investigación Equity and Cash Transfers in Brazil, Colombia and Mexico [Equidad y transferencias monetarias en Brasil, Colombia y México]
En lo que tiene que ver con el caso de Colombia, la investigación dice que, durante más de dos décadas, el programa Familias en Acción (FA) fue el emblema de la política social colombiana. Este programa nació en 1999 como una respuesta a la crisis económica de finales del siglo XX y se consolidó como una de las principales herramientas para reducir la pobreza mediante transferencias condicionadas a la asistencia escolar y los controles de salud infantil. Sin embargo, los resultados de este informe muestran que, a pesar de su cobertura y continuidad, FA no logró superar los profundos problemas de exclusión que siguen marcando la política social en Colombia. Detrás de las cifras se revela un país donde la desigualdad y la informalidad limitan el alcance real de las ayudas estatales.
El estudio advierte que entre el 79 y el 84 % de los hogares pobres con niños quedaron por fuera del programa, una cifra alarmante para una iniciativa que pretendía garantizar la equidad. Las razones son múltiples: barreras burocráticas, falta de documentos de identidad, distancia a los centros de registro y deficiencias del sistema de focalización SISBEN, que sigue siendo la herramienta base para determinar quién merece apoyo. Este sistema, aunque técnicamente sofisticado, no logra captar la complejidad de la pobreza en un país diverso, rural y desigual. Miles de familias sin dirección fija, migrantes o desplazadas por la violencia quedan invisibles ante los ojos del Estado.
Más allá de los errores técnicos, el problema de fondo es estructural y político. La política social en Colombia ha sido históricamente focalizada, dirigida a los “más pobres entre los pobres”, sin cuestionar las causas profundas de la exclusión. Al depender de bases de datos incompletas y procesos administrativos inflexibles, el Estado reproduce las desigualdades que dice combatir. Las mujeres cuidadoras, los pueblos indígenas y los afrocolombianos —que enfrentan mayores tasas de pobreza— se ven atrapados entre la burocracia y la falta de reconocimiento de sus condiciones particulares. La exclusión, por tanto, no es solo un error técnico: es una forma de injusticia institucionalizada.
El contexto económico y social agrava este panorama. Con un índice de Gini de 0,548, uno de los más altos del mundo, y una pobreza monetaria que afecta al 33 % de la población, Colombia sigue siendo un país profundamente desigual. La informalidad laboral —que supera el 57 %— limita el acceso a la protección social contributiva y deja a millones dependiendo de programas como Familias en Acción o Renta Ciudadana. En ese escenario, los programas de transferencias no pueden seguir siendo simples paliativos: deben transformarse en instrumentos de movilidad social que reconozcan la diversidad de las trayectorias de pobreza y las desigualdades de género, territorio y etnicidad.
El informe también deja ver caminos posibles. La incorporación de estrategias comunitarias, como las de la antigua Red Unidos, demostró que el acompañamiento local puede mejorar la identificación de familias en extrema pobreza. Asimismo, la recomendación de relajar los requisitos documentales para migrantes, usar múltiples canales de comunicación y fortalecer los registros sociales de hogares apunta hacia una política más humana y menos burocrática. Si el Estado se acerca a las comunidades y no espera que ellas lo busquen, la inclusión se convierte en práctica y no en discurso.
En conclusión, el caso colombiano es una advertencia sobre los límites de una política social que mide la pobreza en cifras, pero no siempre en dignidad. La transición de Familias en Acción a Renta Ciudadana representa una oportunidad histórica para corregir esas fallas y construir un sistema que no solo reparta subsidios, sino que reconozca derechos y promueva capacidades. La verdadera eficacia de una política social no se mide por el número de beneficiarios registrados, sino por los que deja de excluir. Solo cuando Colombia asuma la inclusión como principio y no como meta, podrá decir que su política social es, realmente, justa.
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