De entrada aclaro que no le daré cuerda a la propuesta inconstitucional y absurda que plantea cerrar el Congreso de la República. Tampoco creo sea una propuesta. Es un berrinche discursivo y patético de los dos extremos en la carrera presidencial. Tan solo en las mentes febriles de Daniel Quintero y Santiago Botero -tan parecidos en sus formas- cabe semejante deriva autoritaria. Ya dicho eso procedo a lo concreto.
De cara al 2026 la puja por el Congreso no pinta menor, si algo viene quedando en evidencia al cierre del actual Gobierno es que consolidar una mayoría estable en Cámara de Representantes y Senado es determinante para impulsar una agenda reformista, o contra-reformista. Nada nuevo. Todos los gobiernos en lo que va del presente siglo han sostenido una relación muy variable con el Congreso. La historia se repite: en calidad de “luna de miel” o de divorcio traumático.
Aunque en honor a los hechos el presidente Petro sí contó con su respectiva “luna de miel”. Por cinco meses, entre julio y diciembre de 2022, fue amo y señor de la coalición gobiernista más grande que se ha conformado en la última década. Un capital político impresionante que iniciaba en el nucleó duro de la izquierda y terminaba en las proximidades de algunos partidos tradicionales, pero que, en cuestión de días, se desmoronó, en parte, como consecuencia de la proverbial irritabilidad de un presidente adicto a resolver las controversias a punta de trinos en X.
Tras el colapso de esa coalición la gobernabilidad en el Congreso se operativizó a partir de acuerdos directos con los denominados “congresistas rebeldes” y aquellos gobiernistas por naturaleza. Emergiendo así una segunda coalición más inestable y menos programática, aceitada, eso sí, con burocracia y movidas como la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Gobierno del “cambio”, ante la incapacidad de solidificar una mayoría programática, terminó entrampado en el chantaje tan propio del obsceno clientelismo que se incuba desde el Capitolio.
Ahora bien, pensando en el 2026, la izquierda, todavía en medio de un turbulento proceso de unidad, se ha trazado como meta el 55/ 86. Es decir, llegar al Congreso con 55 senadores y 86 representantes. Alcanzando así una mayoría propia que, en caso de conservar la presidencia, evitaría las concesiones clientelistas. Y si no logra conservar el poder, pues sí podría contar con una bancada robusta con capacidad de erosionar una eventual agenda contra-reformista y hacer un exhaustivo control político.
Pero esa meta pinta tan exagerada como irrealizable. Ya sin la novedad que representó la conformación de la coalición multisectorial del Pacto Histórico -tras un estallido social y cuatro años de férrea oposición a Duque- y sin el gran caudillo impulsando las listas cerradas bajo el efectivo eslogan: “Vota Petro, vota Pacto”, considero que ninguna estrategia le permitirá a la izquierda articulada en torno al Pacto Histórico sumar esa cantidad tan impresionante de curules y, antes por el contrario, su pelea se limitará a conservar su actual representación.
Factores asociados a los magros resultados de sus candidatos en las elecciones subnacionales de 2023; el desgaste propio del Gobierno; las promesas incumplidas y los sucesivos escándalos de corrupción; así como la poca emoción que despiertan sus actuales precandidatos en la anticipada carrera presidencial; me llevan a concluir que su base electoral se verá reducida. Además, la izquierda llegará al 2026 con dos propuestas al Congreso: la del Pacto Histórico y la de un Frente Amplio que integra a una serie de sectores políticos y sociales que no le caminaron a la fusión con Colombia Humana. Esa división seguramente se verá reflejada en las urnas.
Por el lado del centro, parece, según indican varias movidas reciente, que su estrategia al Congreso se va a concentrar en conformar listas en coalición con una finalidad estrictamente electoral, eso explica el “matrimonio por conveniencia” entre el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el movimiento político Mira, siendo este último un partido tradicional de derecha con una agenda anti-derechos. Así, la coherencia programática de Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo se sacrifica por el mero afán de conservar las personerías jurídicas de sus respectivos partidos.
Saliendo de los restos de la coalición Centro Esperanza, la Alianza Verde y En Marcha ya anunciaron que presentarán listas en coalición. Habrá que ver cómo se armoniza en ese tarjetón el sector de los verdes petristas con los antipetristas. Creo que el Verde será un partido golpeado por el electorado, tanto por la salida de varias de sus figuras más destacadas como por los escándalos de corrupción que involucran a sus alfiles tras su paso por el Gobierno; son los prófugos, imputados y eventualmente condenados que le quitaron a la Alianza Verde su “aura” de partido anticorrupción.
La derecha siempre ha gozado de buena salud en cuanto a resultados al Congreso se trata. Factores asociados a sus resultados en las elecciones subnacionales de 2023 -con victorias en plazas claves-; su tradicional capacidad para convertir clientela en votos; la reciente experiencia de oposición (que abre cierto espacio de crecimiento en un electorado de opinión antipetrista); y la alternancia entre listas cerradas -en el caso del Centro Democrático con Uribe como el candidato 25 de la lista al Senado- y listas abiertas -favoritas en Cambio Radical, el partido Conservador y la U-, les facilita, ante la inhabilidad constitucional para conformar listas en coalición, combinar estrategias.
La puja por el Congreso apenas comienza y, a excepción de los personajes patéticos y autoritarios que andan haciendo campaña prometiendo su cierre (mientras bajo la mesa apoyan candidaturas a Cámara y Senado), todos los sectores racionales del espectro político tienen entre manos una serie de tácticas y estrategias orientadas a conservar o aumentar su representación en 2026. Se vienen meses intensos.
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