En teoría, las políticas públicas deben proteger la salud. En la práctica, no siempre es así. El caso de Japón y el rumbo que ahora toma México con la regulación del vapeo revelan un patrón inquietante: detrás del discurso sanitario, las decisiones parecen favorecer a los mismos de siempre: la poderosa industria tabacalera, y en particular a su nueva joya de la corona: los productos de tabaco calentado (HTP).
JAPÓN | El laboratorio perfecto para los HTP
Japón suele presentarse como un modelo de innovación y salud pública. No obstante, en el terreno del control del tabaco, su legislación muestra una lógica peculiar. Desde hace años, los líquidos con nicotina utilizados en cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina están clasificados como productos farmacéuticos bajo la Act on Pharmaceuticals and Medical Devices (PMD Act), lo que en la práctica bloquea su comercialización, salvo que pasen por un proceso de aprobación costoso y complejo. Hasta ahora, ninguno ha sido aprobado.
En cambio, los productos de tabaco calentado (que contienen tabaco real pero no lo queman, sino que lo calientan) encontraron una vía mucho más sencilla para entrar al mercado. Al estar hechos de tabaco, se regulan bajo la legislación tradicional del tabaco, no bajo la farmacéutica. El resultado fue inmediato: Japón se convirtió en el mayor mercado de HTP del mundo, con marcas como IQOS (Philip Morris), Ploom (Japan Tobacco) o Glo (British American Tobacco Group) capturando rápidamente a millones de consumidores.
El conflicto de interés es evidente: el Estado japonés no solo regula, también es accionista. El gobierno de dicha nación posee más del 30% de Japan Tobacco, la empresa que domina el mercado local. Esto significa que, cuanto más vende la industria, más gana el Estado. ¿Cómo esperar una regulación imparcial cuando el regulador es también beneficiario directo?
MÉXICO | El nuevo terreno de juego
La historia comienza a repetirse al otro lado del Pacífico. En México, el Congreso ha impulsado reformas constitucionales y legales que prohíben la producción, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente aquellos que utilizan “sustancias diferentes al tabaco”. Esto incluye, por supuesto, los líquidos con nicotina.
El mensaje es cortante y eficaz: cualquier dispositivo que no use tabaco está fuera de la ley. El efecto práctico es idéntico al observado en Japón: se reduce drásticamente la competencia para los HTP, que sí pueden presentarse como productos derivados del tabaco y, por tanto, ampararse bajo marcos regulatorios ya existentes.
Paradójicamente, el consenso científico internacional indica que el vapeo con nicotina (cuando no hay combustión) es 95% menos dañino que fumar cigarrillos convencionales y sustancialmente más seguro que los productos de tabaco calentado. Sin embargo, los gobiernos de Japón y México han decidido cerrar la puerta a la opción menos riesgosa y abrirla de par en par a la que sigue conteniendo tabaco. No parece una decisión guiada por la ciencia, sino por otros intereses.
Captura regulatoria argumentando “salud pública”
La estrategia es sutil, pero efectiva. Clasificar el líquido con nicotina como medicamento –aunque la nicotina no lo sea en la mayoría de los países– impone barreras de entrada altísimas que solo grandes corporaciones pueden superar. Al mismo tiempo, permitir los HTP bajo regulaciones menos estrictas facilita el dominio de las mismas empresas tabacaleras de siempre.
En Japón, esa jugada ya dio frutos: las ventas de cigarrillos tradicionales se desplomaron, pero no gracias al vapeo, sino por el crecimiento de los HTP. En México, la prohibición generalizada amenaza con provocar el mismo desenlace: un mercado legal concentrado en manos de unas cuantas multinacionales, mientras el vapeo se empuja al mercado negro, fuera de control sanitario y fiscal.
Cuando la regulación crea ganadores y perdedores tan claros –y esos ganadores son siempre los mismos actores poderosos– no estamos frente a una política pública neutra. No. Estamos ante una forma de captura regulatoria: un escenario en el que la industria influye en las reglas para proteger sus intereses.
¿Proteger la salud o proteger el negocio?
No se trata de negar los riesgos del vapeo ni de minimizar la necesidad de regulación: se trata de preguntarse por qué los gobiernos eligen prohibir la alternativa menos dañina, mientras allanan el camino para otra que sigue dependiendo del tabaco.
La respuesta, aunque incómoda, parece evidente: los HTP son más rentables para el Estado –que recauda impuestos y, en algunos casos, participa directamente en la industria– y más fáciles de controlar para las grandes tabacaleras. El vapeo, en cambio, fragmenta el mercado, reduce la dependencia fiscal del tabaco y desplaza a las empresas históricas.
La historia que empezó en Japón ahora se escribe en México. Y salvo que la sociedad civil, la comunidad científica y los consumidores exijan una regulación basada en evidencia y no en intereses económicos, el resultado será el mismo: la industria tabacalera reinventada seguirá dictando las reglas del juego.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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