John Mario Muñoz L. Profesor Titular.
Marco Antonio Vélez V. Profesor Titular
Como es de público conocimiento, mediante Resolución 016105 del 29 de julio de 2025, el Ministerio de Educación Nacional decide la intervención con medidas preventivas y de vigilancia especial a la Universidad de Antioquia. El ministro Daniel Rojas se apoya en la función de inspección y vigilancia que le otorga el artículo 67 de la Constitución Nacional al Estado colombiano. Es necesario resaltar como esta intervención vino precedida por sendas visitas de inspección y vigilancia realizadas en abril y septiembre de 2024 por el ministerio. Allí, luego del informe técnico de la Subdirección de Inspección y Vigilancia se constató algo que ya la comunidad universitaria venía padeciendo producto de las distintas versiones e informes sobre la situación financiera del Alma Mater. Un deterioro evidente y progresivo del capital de trabajo y una razón corriente y prueba ácida en caída libre. El capital de trabajo pasó de 260.721 millones de pesos en 2022 a 15.335 millones en 2024. Una disminución asombrosa del 94.1%. Para la actual vigencia se avizora un déficit de cerca de 200 mil millones de pesos, con riesgo de impago de primas y salarios a fin de año y la única alternativa que vislumbra el rector actual es una nueva deuda con entidades departamentales – deuda a corto plazo y con intereses leoninos, lo que sólo profundiza aún más la crisis-.
Es sabido, igualmente, que hay un déficit histórico en la financiación estatal de las universidades conforme a los artículos 86 y 87 de la ley 30 que regula el sistema público de educación superior. Que el movimiento estudiantil y profesoral han puesto sobre el tapete la necesidad de arbitrar recursos para las universidades públicas y las instituciones de educación superior de conformidad con el modelo de la canasta educativa, denominado ICES; que producto de las luchas del profesorado y el estudiantado en 2018 se logró incrementar recursos para las universidades públicas por encima de la inflación causada, terminando en índices del 4.5% por encima del IPC en el anterior gobierno. Que el gobierno de Gustavo Petro incrementó dicho presupuesto en 9 puntos por encima del ICP en 2023 y en 11 puntos en 2024. Este flujo de recursos implica un incremento porcentual para los recursos de las universidades públicas del orden del 36%. Es decir, no es posible seguir esgrimiendo el argumento del déficit histórico como causa de la crisis financiera actual de la Universidad de Antioquia. Lo que no obsta para seguir exigiendo y luchando por recursos adicionales según el modelo de canasta educativa. Universidades de similar tamaño al de la UdeA, no atraviesan las afugias que amenazan socavar el proyecto cultural más importante de los antioqueños en los dos últimos siglos.
El Ministerio de Educación en función de su labor de inspección y vigilancia apoyada en la ley 1740 de 2014, ha designado una inspectora in situ para la universidad. Ella es la Doctora Angielly Paola Martínez Ruiz, la cual hará presencia en la asamblea del profesorado del miércoles 17 de septiembre. Sin querer marcar el rumbo de la inspección y vigilancia es importante que la inspectora pueda tener en cuenta estas consideraciones a efectuar en su labor: i) Deberá tener en cuenta para su inspección los balances y el estado financiero de la universidad en el corto y mediano plazo. La salud financiera de la institución es la garantía de la prestación de un derecho fundamental como lo es la educación superior para la comunidad universitaria de la región y del país; ii) revisar hasta dónde y en qué medida el plan de mejoramiento para la Universidad de Antioquia propuesto por la actual Administración resuelve o más bien profundiza la crisis multidimensional de la institución; iii) Sobre la base de una mirada de fondo sobre las perspectivas de la universidad, establecer sí la actual Administración que la rige es el soporte real para ir hacia adelante y garantizar la misionalidad educativa, investigativa y de proyección social hoy amenazada a efectos de un administrador-rector cuya máxima derrotista ha sido predicar “somos víctima de nuestro propio éxito”, sin explorar las salidas de fondo que amerita una institución de la importancia nacional y departamental de la Universidad de Antioquia; iv) Explorar ante las alternativas poco convincentes del plan de mejoramiento del actual rector, si lo procedente -autorizado por la ley 1740 de 2014- es dar el paso a una nueva Administración comandada por el Ministerio de Educación, en búsqueda de transformaciones reales y en perspectiva de un salvamento financiero que en la actual coyuntura solo puede garantizarlo el Gobierno Nacional. Lo demás son infundios emitidos por la Administración de turno según los cuales la universidad va a ser “tomada desde fuera”, cuando la realidad es que su actual dirección no permite salir de la crisis multidimensional.
Confiamos pues, en la labor de la inspectora Angielly Paola Martínez, como punto de partida para lo que hoy demanda la comunidad universitaria y la comunidad en general, un Plan de Salvamento para la Universidad de Antioquia, tomando las medidas de fondo que haya que tomar para superar el estado de abatimiento y zozobra en que se encuentra sumida nuestra Alma Máter.
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