“La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico es un asunto de gran importancia que va más allá de un simple trámite diplomático. Esta decisión refleja las dificultades que enfrenta el país en su lucha contra los grupos al margen de la ley, especialmente bajo el mandato de un gobierno de izquierda que ha optado por transitar por el camino de la indulgencia frente a la ilegalidad. La denominada «paz total» propuesta por la Casa de Nariño, como su nuevo enfoque en materia de política antidrogas, no es vista con buenos ojos por Washington y por una significativa parte de la comunidad internacional. Se considera que el progresismo tiene amplia permisividad con actores armados ilegales, la expansión de cultivos ilícitos y la incapacidad de frenar a las organizaciones criminales.”
La decisión de Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico no es un acto arbitrario ni una formalidad administrativa de poca monta. Como se evidencia en las cifras, durante el mandato de Gustavo Francisco Petro Urrego se ha registrado un récord histórico en cuanto a siembra de coca, reducción drástica de la erradicación forzada y debilitamiento del aparato estatal en las regiones afectadas por el narcotráfico. La descertificación no es, por tanto, una sorpresa, sino la consecuencia natural de un modelo que confundió la negociación con la claudicación y que, en la actualidad, coloca a Colombia en una posición desfavorable a nivel internacional. Esta situación es el resultado directo de una política gubernamental que, en lugar de enfrentar con determinación a las organizaciones criminales que sustentan la economía de la coca, ha optado por establecer alianzas con ellas bajo el discurso de la «paz total».
En un contexto internacional caracterizado por la desconfianza, la administración progresista de izquierda colombiana ha emitido señales ambiguas que tienen un impacto negativo en el ámbito diplomático. Estados Unidos, un aliado histórico en la lucha contra el narcotráfico, ha manifestado su preocupación por lo que considera una posible complacencia de Gustavo Francisco Petro Urrego hacia las organizaciones criminales armadas. El mensaje proveniente de Washington es inequívoco: no es suficiente tener discursos sobre transformación; se requieren resultados tangibles. Sin embargo, las cifras son concluyentes: los cultivos de coca han alcanzado niveles sin precedentes, el narcotráfico sigue controlando corredores estratégicos y los compromisos de erradicación han sido relegados a un segundo plano frente a las negociaciones políticas con estructuras criminales. El concepto de «paz total», empleado por la izquierda política colombiana, es una estrategia que engloba garantías, diálogos y legitimidad para aquellos grupos que han financiado su poder con el comercio de cocaína durante décadas.
Lo que en el papel quieren presentar como una propuesta política de la izquierda para el desarme y la reconciliación, en la práctica se traduce en una tregua funcional que permite a las organizaciones armadas mantener su dominio territorial. En este contexto, la descertificación constituye un aviso importante: Estados Unidos no está dispuesto a respaldar un modelo que, desde su punto de vista, legaliza la impunidad y perpetúa la economía ilegal. La afinidad política de Gustavo Francisco Petro Urrego con gobiernos que Washington etiqueta como «narcoterroristas» o permisivos frente al crimen organizado es otro factor a considerar. El acercamiento de Colombia a Venezuela y Nicaragua, más allá de los discursos de integración latinoamericana, genera la percepción de que el país se alinea con regímenes cuestionados por su tolerancia, o complicidad, con redes de narcotráfico. Esta cercanía no hace más que reforzar la narrativa de que el gobierno progresista de Colombia ya no es un aliado confiable en la lucha contra las drogas.
La descertificación no constituye únicamente un reproche de carácter técnico, sino que representa una desautorización de índole política. Esta situación constituye una advertencia sobre las repercusiones que las decisiones internas del Gobierno colombiano tienen sobre su credibilidad internacional. El costo de gobernar mediante guiños ideológicos y concesiones a actores ilegales se traduce en aislamiento diplomático, pérdida de cooperación y erosión de la relación estratégica con el principal socio comercial y político del país. Colombia no puede permitirse adoptar una postura de aislamiento en materia de lucha antidrogas. La descertificación evidencia que las políticas de improvisación, los gestos hacia gobiernos autoritarios y la falta de contundencia frente al crimen organizado han debilitado la posición nacional. Si la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego no realiza los cambios necesarios, el país podría enfrentar el riesgo de perder no solo apoyo económico, sino también relevancia geopolítica en el hemisferio.
Lo que ahora ocurre, evidencia la contradicción de un progresismo socialista que, en aras de la paz, otorga espacios a aquellos que han fundamentado su poder en el narcotráfico, mientras descuida la responsabilidad de garantizar la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo de la ciudadanía. La descertificación refleja la apuesta fallida, planteando una realidad incómoda que indica que la complacencia con la ilegalidad no garantiza la paz, sino que conlleva aislamiento y pérdida de soberanía frente al concierto internacional. La decisión de Estados Unidos de retirar a Colombia de su lista de países socios en la lucha contra el narcotráfico no es un gesto diplomático menor ni una exageración retórica. Se trata de la consecuencia lógica de políticas públicas promovidas desde la izquierda socialista que han puesto en tensión la capacidad estatal para enfrentar la economía ilícita. La medida adoptada por Washington es, ante todo, un señalamiento: el mundo observa que la producción y la influencia criminal han experimentado un notable incremento bajo un marco político de Gustavo Francisco Petro Urrego que ha priorizado la negociación y la reconfiguración del poder sobre la contundencia institucional.
Los datos son concluyentes: la superficie dedicada a la hoja de coca alcanzó niveles sin precedentes en 2023, los decomisos de droga registraron cifras récord en 2024 y 2025. Como se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, el proyecto político del progresismo socialista de la izquierda ha demostrado tener consecuencias nefastas, la complacencia con actores al margen de la ley ha favorecido el crecimiento económico del narcotráfico. Más allá de las tácticas internas, la orientación internacional hacia regímenes vetustos debido a su tolerancia a las redes ilícitas y un discurso que relativiza ciertos alineamientos, afectó la percepción exterior del progresismo socialista en Colombia. La descertificación conlleva costos tangibles, entre ellos, la erosión de la confianza bilateral, condiciona las líneas de cooperación y da apertura a sanciones o restricciones que afectan a proyectos sociales y de seguridad.
Si Gustavo Francisco Petro Urrego aspira a recobrar credibilidad y autonomía, es preciso ir más allá de meras acciones simbólicas o comunicados. Es imperativo implementar una estrategia integral y urgente que incluya la recuperación de la presencia estatal en los territorios afectados. Esta medida debe ir acompañada de una política de erradicación y sustitución con recursos reales y supervisión adecuada. Además, es necesario establecer una agenda diplomática que combine una postura firme contra las estructuras criminales con políticas efectivas. La descertificación no constituye una injusticia abstracta, sino que es el resultado de decisiones políticas concretas.
La izquierda en el poder, con sus «buenas intenciones» retóricas sobre transformación y justicia social, no puede desligarse de la responsabilidad por el diseño y la ejecución de políticas que facilitaron, sin quererlo o por negligencia, la reproducción del narcotráfico en amplias franjas del país. La factura ha sido presentada en el contexto de una medida internacional que cuestiona la soberanía y la eficacia del Estado. Gustavo Francisco Petro Urrego y su gabinete deben aceptar que la política tiene consecuencias materiales y que la coyuntura exige, más que discursos, resultados verificables. Para que Colombia pueda aspirar a recuperar su lugar como socio fiable en la región y, sobre todo, a garantizar a sus ciudadanos la seguridad y el Estado de derecho que merecen, es imprescindible que se tomen medidas claras, se utilicen recursos efectivos y se aplique una diplomacia reparadora. Es decir, que no se hagan concesiones que impliquen impunidad.
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