“La elección del Dr. Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue un auténtico pulso político que pone en riesgo la independencia, la autonomía y la imparcialidad del Alto Tribunal, así como en su momento lo fue la elección de 2 magistrados personalmente muy cercanos al Presidente. Las Cortes no tienen por qué pertenecerle ni al gobierno ni a la oposición.”
El miércoles 3 de septiembre de 2025 el Congreso de la República eligió al Dr. Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Honorable Corte Constitucional. El exdefensor del Pueblo y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral obtuvo en total 62 votos, imponiéndose así a los doctores Jaime Tobar y María Patricia Balanta, quienes también fueron ternados por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, durante y posterior al proceso de elección ocurrieron varias situaciones que hicieron de la elección un auténtico pulso político.
La elección del Dr. Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue un auténtico pulso político que pone en riesgo la independencia, la autonomía y la imparcialidad del Alto Tribunal, así como en su momento lo fue la elección de 2 magistrados personalmente muy cercanos al Presidente. Y es que lo anterior se vio plasmado durante y después de la votación, donde políticos, partidos, miembros de la oposición e inclusive el propio presidente de la República emitieron juicios de valor respecto de la elección. Las Cortes no tienen porqué pertenecerle ni al gobierno ni a la oposición, porque su misión es salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución.
Toda esta situación debería ayudar a que se repiense el sistema de elección y postulación de magistrados de la Corte Constitucional, porque si bien la Constitución señala que las Cortes deben ser independientes, en este caso en particular el proceso electoral de sus integrantes termina entremezclándose con política, cuestión que pareciera normal bajo el entendido de que los elige un órgano de esa naturaleza, pero que no lo es en el sentido de que podrían vulnerarse dos principios fundamentales: la separación de los poderes y la independencia y autonomía judicial.
En síntesis, cuando la elección de un magistrado se convierte en una disputa partidista se corre el riesgo de instrumentalizar la justicia. Eso solo afecta la confianza ciudadana en las instituciones y debilita la legitimidad de decisiones que adopte el Tribunal en el futuro. Así, pues, se debería revisar nuevamente el sistema electoral de magistrados, para que no acontezcan estos sucesos, porque la independencia judicial es un pilar democrático que no debe estar supeditado a afinidades ni presiones políticas.
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