“La tragedia de Valeria revela que en Colombia la niñez no desaparece sola: la desaparecen la negligencia, el silencio y la impunidad.”
El hallazgo sin vida de Valeria Afanador, una niña de apenas diez años, no es solo un crimen atroz que enluta a Cundinamarca y a Colombia entera: es también el reflejo más desgarrador de la negligencia institucional, la impunidad estructural y la precariedad en la protección de nuestros niños.
El 12 de agosto Valeria desapareció en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, bajo circunstancias que hoy parecen más propias de un thriller macabro que de un espacio educativo que debía garantizar seguridad. Las cámaras, los protocolos, los docentes y directivos fallaron. Y lo peor: según el abogado de la familia, la institución tardó tres horas en reportar la desaparición y alteró la escena clave del caso rellenando con cemento el agujero por el que salió la menor. ¿Cómo se justifica semejante torpeza —o encubrimiento— en un escenario que debía preservarse intacto para la Fiscalía?
El colegio tenía el deber jurídico de proteger la vida e integridad de la niña mientras estaba bajo su custodia. Esa omisión no es un simple error administrativo: es una falla que podría configurar responsabilidad penal por homicidio culposo o incluso por encubrimiento. Tampoco se puede pasar por alto el rol de las autoridades investigativas: si después de 18 días de búsqueda el cuerpo apareció cerca del río Frío, ¿cómo es posible que en un territorio tan delimitado y con despliegue de Interpol, drones, Policía y Ejército, no se encontrara antes? ¿Fallaron las técnicas de búsqueda o hubo intereses en no hallarla?
En Colombia existe la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), que impone al Estado la obligación de garantizar entornos seguros a los menores. Si una niña puede salir de un colegio por un hueco en los arbustos y desaparecer sin rastro durante semanas, entonces ese sistema de protección simplemente no existe. La tragedia, además, estaba anunciada: días antes de desaparecer, Valeria hizo un dibujo inquietante que su profesora describió como escalofriante. En cualquier protocolo serio de análisis conductual o criminalística preventiva, ese tipo de señales debieron generar alarmas. Pero, como ocurre con frecuencia en Colombia, el entorno escolar prefirió la indiferencia.
No basta con atrapar al culpable material. El verdadero reto jurídico está en determinar la cadena de omisiones y responsabilidades que permitieron que un depredador se llevara a Valeria de un colegio sin que nadie hiciera nada. Si la investigación se queda en el asesino y no toca a la institución, las directivas y el aparato estatal que falló, este caso no será más que otra tragedia archivada en las estadísticas de impunidad.
El gobernador dijo que este hecho “no quedará en la impunidad”. Palabras fáciles en un país donde el 97 % de los crímenes contra menores quedan sin condena efectiva. Lo que necesita la familia Afanador y el país es justicia real: cárcel para el asesino, sanciones para el colegio, responsabilidades para los funcionarios que omitieron y reparación integral para la familia.
Lo que hoy lloramos no es solo la vida de Valeria, sino la confirmación de que en Colombia la niñez sigue siendo el eslabón más débil de un sistema roto. Y la pregunta que queda es la más dolorosa: ¿cuántas Valerias más tendrán que morir para que entendamos que proteger a los niños no es un discurso, sino un deber jurídico y moral impostergable?
“Si la justicia se limita a atrapar al o los Responsables y no toca al Gimnasio Campestre Los Laureles por alterar pruebas, a la rectora Sonia Ochoa por omitir información, ni a las autoridades que tardaron en reaccionar, entonces la muerte de Valeria será otro ejemplo de cómo en Colombia la impunidad empieza en las aulas y se perpetúa en los despachos del poder.”
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