Colombia se desangra, y lo hace en medio del silencio institucional, de la improvisación gubernamental y de la absoluta falta de liderazgo. Los recientes atentados en Cali y Amalfi no solo son actos terroristas de alto impacto: son el reflejo más claro del colapso del aparato de seguridad del Estado y del vacío de poder que se extiende como una plaga por todo el territorio nacional.
Trece policías asesinados en Amalfi, Antioquia, tras el derribo de un helicóptero por parte de disidencias de las Farc. Seis civiles muertos y más de sesenta heridos en Cali tras la explosión de un carro bomba. Y mientras tanto, en el Palacio de Nariño, el presidente Petro sigue anclado a un discurso ideológico que ni enfrenta a los violentos ni protege a los ciudadanos.
El país exige resultados. No arengas. No retórica. No convenios fantasiosos con la dictadura de Maduro, cuya narcotiranía ha sido denunciada internacionalmente por tener vínculos con el “Cartel de los Soles” y por la cual hay multimillonarias recompensas sobre sus jerarcas. Convenios con tiranos, mientras nuestras instituciones colapsan y nuestros soldados y policías mueren abandonados.
Estamos ante el año más violento para la Fuerza Pública en lo que va del actual gobierno: 127 uniformados asesinados en 2025. Un aumento del 149% respecto al año anterior. ¿Dónde están las estrategias de seguridad? ¿Dónde está la inteligencia militar? ¿Dónde están los ministros responsables? Lo ocurrido en Amalfi y Cali es una vergüenza nacional que revela un Estado sin capacidad de anticipación, sin recursos, sin norte y sin autoridad.
No se trata de declarar una nueva conmoción interior —ya vimos cómo fracasó en el Catatumbo—, sino de asumir responsabilidades reales, de gobernar con seriedad. La llamada “paz total” se ha convertido en el telón de fondo de la más completa impunidad para los grupos armados ilegales, que han aprovechado cada cese al fuego para fortalecerse, expandirse y armarse con tecnología moderna como drones explosivos, mientras el Gobierno cierra los ojos.
El desprecio por las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el silencio ante las masacres de líderes sociales, el aumento de la extorsión, los paros armados, los atentados contra candidatos y la creciente lista de territorios sin control del Estado, confirman lo que muchos temíamos: Colombia está perdiendo el control de su soberanía interna.
Y lo más doloroso es que los muertos siempre son los mismos: jóvenes policías, humildes soldados, campesinos atrapados en el fuego cruzado, civiles inocentes convertidos en cifras. Mientras tanto, desde Bogotá se emiten comunicados tibios, se negocia con criminales y se entrega territorio a las estructuras ilegales.
Colombia no necesita más discursos, necesita decisiones. No necesita más ceses bilaterales con asesinos, necesita acción militar legítima y contundente. No necesita más excusas ideológicas, necesita autoridad moral y política. Necesita un Gobierno que entienda que no hay Estado sin seguridad y que no hay paz sin justicia.
Hoy más que nunca debemos alzar la voz. Por respeto a los caídos. Por dignidad nacional. Por responsabilidad histórica. Colombia no puede seguir siendo un país sitiado, donde la vida de un policía vale menos que una consigna, donde el miedo avanza mientras el Estado se repliega. Basta ya de indiferencia, basta ya de claudicar.
Es momento de actuar. O perderemos lo que queda de República.
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