“El verdadero desafío de Colombia no es cuánto trabaja, sino cuánto produce.”
La crisis de medicamentos en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes. Pacientes con enfermedades crónicas y graves enfrentan constantes dificultades para acceder a sus tratamientos, ya sea por desabastecimiento, problemas administrativos o, peor aún, por la circulación de medicamentos falsificados. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 30% de los medicamentos en América Latina son falsificados, y Colombia se encuentra entre los diez países que más producen y venden estos productos ilegales.
En los últimos años, Colombia ha logrado avances en materia de crecimiento económico y reducción del desempleo. Sin embargo, detrás de estas cifras persiste una deuda estructural que limita el desarrollo: la productividad. A pesar de que en 2024 la productividad laboral por hora trabajada creció 3,43 %, según el DANE, el país sigue enfrentando serias dificultades para transformar ese dinamismo en mejoras sostenibles en el bienestar de la población.
En el frente laboral, los indicadores más recientes muestran luces y sombras. En marzo de 2025, la tasa de desempleo se ubicó en 9,6 %, la más baja desde 2017, mientras que para junio descendió aún más a 8,6 %. Estas cifras, en apariencia positivas, ocultan un fenómeno de mayor complejidad: la informalidad. Durante el trimestre abril-junio de 2025, más de la mitad de los trabajadores del país (55 %) permanecían en condiciones informales. En áreas urbanas este porcentaje fue de 41,7 %, mientras que en zonas rurales alcanzó un preocupante 83,4 %.
La heterogeneidad territorial es otro factor a resaltar. Ciudades como Sincelejo (68,6 % de informalidad), Riohacha (64,8 %) y Valledupar (64,4 %) muestran rezagos estructurales que contrastan con los niveles más bajos registrados en Bogotá (35,6 %) y Medellín (36,9 %). Estas diferencias no solo reflejan desigualdades regionales, sino que evidencian un patrón en el que la productividad no crece de manera homogénea, sino fragmentada.
La reducción progresiva de la jornada laboral a 44 horas semanales en 2025 añade un elemento adicional de análisis. Si bien la medida busca mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal, su impacto en productividad dependerá en gran medida de la capacidad del sector productivo para invertir en capacitación, innovación y tecnología. De lo contrario, el riesgo es que se reduzcan las horas trabajadas sin que se incremente el valor agregado por cada hora, perpetuando la brecha existente con economías más competitivas.
El problema, en esencia, no es la falta de esfuerzo. Colombia es uno de los países de América Latina donde más horas se trabajan al año, pero el valor creado por trabajador sigue estando por debajo del promedio regional. La raíz del desafío está en la baja adopción tecnológica, la escasa inversión en investigación y desarrollo, y la persistencia de un mercado laboral que prioriza cantidad sobre calidad.
Pensar la productividad en 2025 implica reconocer que no se trata únicamente de un indicador económico. Es también una cuestión social y política: un país no podrá mejorar su nivel de vida de forma sostenida mientras más de la mitad de su fuerza laboral permanezca en la informalidad y sin acceso a condiciones que potencien su capital humano.
En este sentido, las cifras del DANE deben trascender su uso habitual como insumo para la negociación del salario mínimo. Se requiere una agenda de productividad que integre la formalización laboral, la educación continua, la innovación empresarial y una estrategia clara de desarrollo regional. Solo así será posible transformar el esfuerzo en eficiencia y, con ello, convertir la productividad en el motor que garantice prosperidad compartida.
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