“Una estrategia de paz sin seguridad es vulnerable; una estrategia de seguridad sin justicia es insostenible.”
En el tablero político colombiano, el concepto de “Paz Total” ha dejado de ser solo una consigna para convertirse en un proyecto que tensiona capacidades, confronta límites históricos del Estado y redefine las coordenadas de gobernabilidad territorial. A un año del cierre del mandato del presidente Gustavo Petro, el país se encuentra ante un dilema estratégico: dejar un legado institucional tangible en materia de paz o ceder ante la fragmentación operativa y discursiva de múltiples procesos inconclusos.
Esta columna busca aportar a una lectura estratégica de lo que queda por hacer y cómo hacerlo, con una mirada propositiva y centrada en la sostenibilidad de la paz como política de Estado y no como proyecto de gobierno.
1. Del Maximalismo a la Priorización: Construir sobre lo Posible
Punto de partida estratégico: La primera decisión política urgente es acotar el alcance de la Paz Total, priorizando mesas y actores con mayores condiciones de gobernabilidad, voluntad negociadora y capacidad de reducir la violencia territorial en el corto plazo.
Negociar con todos al mismo tiempo puede ser moralmente deseable, pero estratégicamente ineficaz. En cambio, se debe consolidar una política de acuerdos diferenciados: priorizar la desmovilización de estructuras armadas con control territorial y liderazgo unificado, establecer metas de corto plazo verificables y articular incentivos estatales concretos con mecanismos de cumplimiento.
Esta priorización no implica renunciar a la ambición estructural del proyecto, sino ordenarlo según su viabilidad política y operativa. Solo con victorias parciales pero sostenidas se podrá generar legitimidad social e institucional para el proceso global.
2. Seguridad Territorial como Condición de Negociación: Presencia Integral del Estado
Lógica de transición: Una estrategia de paz sin seguridad es vulnerable; una estrategia de seguridad sin justicia es insostenible. El Estado debe recuperar el control efectivo del territorio como base de cualquier diálogo con actores armados.
Para ello, se requiere una política de seguridad que no solo aumente la presencia de la fuerza pública, sino que implemente un modelo de seguridad integrada: articulación entre policía, justicia, fiscalía, infraestructura institucional, programas sociales y liderazgos comunitarios. La seguridad debe pasar de una estrategia de confrontación a una de consolidación territorial.
Esto permite dos efectos políticos clave; por un lado, aumentar el poder negociador del Estado frente a los grupos armados; por el otro, generar confianza ciudadana en la institucionalidad, rompiendo el ciclo de dependencia social con estructuras armadas ilegales.
3. La Reforma Rural como Ingeniería de Paz: Del Documento al Territorio
Estrategia de sostenibilidad: Sin resolver las causas estructurales del conflicto, cualquier desarme es frágil. El desarrollo rural no es un anexo del proceso de paz, es su eje articulador.
El desafío no es conceptual, es de ejecución. El Estado debe dejar de pensar el campo como una zona de intervención asistencial y pasar a una lógica de desarrollo integral y productivo. Esto requiere coordinar la implementación acelerada de los PDET, avanzar en formalización de tierras con enfoque de seguridad jurídica, y conectar al campesinado con cadenas de valor mediante modelos de desarrollo económico rural.
El componente rural del Acuerdo de 2016 puede y debe ser utilizado como plataforma institucional para legitimar la Paz Total. Un gobierno que logre mostrar avances concretos en titulación, vías terciarias y asistencia técnica puede sostener políticamente la narrativa de transformación.
4. Justicia Transicional Inteligente: Cierre Jurídico con Legitimidad
Punto de inflexión político: La rendición de cuentas no puede convertirse en un obstáculo para la paz, pero tampoco puede ser una moneda de negociación. Aquí se requiere una estrategia jurídica de doble legitimidad: ante las víctimas y ante la comunidad internacional.
Para ello, se debe reforzar el mandato de la JEP, acelerar los tiempos procesales sin sacrificar la verdad, y garantizar que cualquier acuerdo futuro incorpore mecanismos mínimos de reconocimiento de responsabilidades, reparación y garantías de no repetición. Es clave blindar jurídicamente los avances ya obtenidos en materia de justicia transicional, para evitar que sean revertidos por eventuales cambios de gobierno. Desde una perspectiva política, este es el anclaje ético del proceso. La paz que se construya sin justicia, será impugnada y será frágil.
5. Pacto Político Nacional: Institucionalizar la Paz como Política de Estado
Movimiento clave del ajedrez político: El verdadero reto del proceso no es solo firmar acuerdos, sino garantizar que sean implementados por gobiernos futuros. Para ello, la paz debe salir del terreno de la disputa partidaria y entrar al terreno del pacto nacional.
La propuesta aquí es clara: el Gobierno debe impulsar un Gran Acuerdo Nacional por la Paz, con participación de partidos políticos, exmandatarios, academia, iglesias, fuerzas productivas, organizaciones sociales y comunidad internacional. Se trata de establecer mínimos comunes que sobrevivan a los vaivenes del ciclo electoral. Convertir la paz en una política de Estado le da sostenibilidad, previsibilidad y protección institucional. Es también un acto de madurez democrática.
- Inclusión Estratégica: El poder de los arquitectos de Paz
Última pieza, pero no menor: Incluir no es solamente oír; es diseñar desde las voces históricamente silenciadas. Mujeres, víctimas, pueblos étnicos, juventudes rurales y urbanas no son poblaciones “beneficiarias”: son arquitectas legítimas de la paz.
Una estrategia de inclusión efectiva requiere mecanismos vinculantes de participación, presupuestos con enfoque diferencial, y modelos de implementación territorial construidos desde las comunidades. Este enfoque no solo genera legitimidad, sino que multiplica la capacidad del Estado de ejecutar en contexto, reducir conflictos sociales y prevenir nuevas violencias.
Además, desde el punto de vista político, la inclusión activa es una fuente de movilización social favorable al proceso, capaz de neutralizar discursos negacionistas y fortalecer el consenso público.
Conclusión: El Momento de Gobernar con Estrategia
La paz no es un hecho ni un deseo: es una construcción estratégica que requiere decisiones secuenciales, capacidad de lectura territorial, alianzas políticas duraderas y sentido de oportunidad. El Gobierno Petro aún puede dejar una huella profunda si asume esta etapa final como una transición hacia la institucionalización de la paz, no como una lucha por imponer su visión.
El tiempo no es el enemigo. El desorden lo es. Con una hoja de ruta clara, escalonada, y articulada, Colombia puede avanzar con paso firme hacia un horizonte de paz duradera, transformadora y legítima. El reto no es menor, pero es posible.
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