El pasado 22 de julio el juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió el fallo condenatorio contra siete exdirectivos de la multinacional americana Chiquita Brands y su filial Banadex. Los directivos condenados por los delitos de concierto para delinquir agravado fueron: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Victor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.
A punto de la prescripción y sorteando años de indiferencia institucional, la jueza Diana Lucía Monsalve, con independencia, valentía y determinación, otro ejemplo de una “justicia que no tiembla ante el poder”, los condenó a penas privativas de la libertad por 11 años y tres meses y al pago de 13.879 millones de pesos, por financiar, a finales de los noventa y principios de los 2000 a los paramilitares que operaban en el Urabá y el Magdalena Medio.
La sentencia es clara: los directivos le entregaron a la Convivir de Urabá 1,7 millones de dólares, correspondiente a tres centavos de dólar por caja de bananos exportada; además les permitieron entrar armas a través de los puertos.
De esta forma, los directivos de Chiquita Brands entregaron recursos que le facilitaron -financiera y logísticamente- a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, perpetrar graves delitos, decenas de masacres, cientos de asesinatos y desplazamientos forzados. Contribuyeron a convertir el Urabá en un epicentro del conflicto y en la región que porcentualmente tiene más víctimas en el país.
¿Y quién dio la orden? El fallo señala que los tres gerentes que tuvo la empresa entre 1997 y 2004, el director de seguridad y los dos contralores de la bananera y de la empresa actuaron con el permiso de la compañía: ellos, según la sentencia, “tenía la facultad para ordenar esos pagos, por delegación que le hicieran sus superiores”, en particular de Dennis Doyle, el presidente de la bananera.
Con el fallo se evidencia el nexo de los denominados terceros en el conflicto armado, en especial de los empresarios en calidad de financiadores. De allí la necesidad de considerar en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra. Muchos todavía continúan arropados bajo el manto de la impunidad, o en procesos que no avanzan, y es claro que su contribución al crecimiento del conflicto es considerable.
Y eso que menos mal se alcanzó a llegar a una sentencia a tiempo en el caso de Chiquita Brands, porque mientras tribunales extranjeros sí avanzaron en condenas, siendo el más reciente el del Tribunal del Distrito Sur de Florida a mediados de 2024, en el país desde hace 11 años en proceso “avanzaba” a paso de tortuga y hasta hace un par de semanas parecía condenado a la impunidad.
Pero la responsabilidad se debe explorar más allá de los directivos, y debe, en clave de memoria histórica y justicia, revisar las condiciones instituciones que permitieron la comisión de los delitos. Entre esos responsables se encuentran la Gobernación de Antioquia -en cabeza para ese momento del recientemente condenado Álvaro Uribe- y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Actores institucionales que le entregaron al grupo criminal los avales para que se constituyera legalmente como Convivir. Además, de la personería jurídica y el aval para emitirles las licencias de funcionamiento.
Solo podremos llegar a un país reconciliado y en paz si se imparte justicia, por eso, la sentencia contra los directivos de Chiquita Brands es tan importante e histórica. Pero ese solo es un caso, de cientos, o tal vez, de miles, que pueden perecer bajo el manto de la impunidad. Avanzar en su resolución es necesario para dignifica a las víctimas y realmente pensar en una paz estable y duradera.
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