Frase destacada: “Respeto profundamente la decisión de la señora jueza, porque resulta menester respaldar la independencia, la autonomía del Juez y el Estado de Derecho tal y como algunas personas cercanas al presidente Uribe mencionaban semanas atrás. Sin embargo, considero que este proceso también debe servir como recordatorio de que los exmiembros de las FARC, responsables de delitos supremamente atroces, igualmente deben responder ante la justicia. Que no vengan con discursos de lección moral como si nunca hubieran hecho nada”
Colombia en estos momentos vive un momento político y jurídico álgido, que muy seguramente va a ser estudiado en la posteridad. Resulta y acontece que, la semana pasada, la señora jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, declaró culpable al Presidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos que transgreden la administración de justicia. En ese sentido, le condenó a 12 años de prisión domiciliaria y al pago de una multa superior a los 3.400 millones de pesos.
Haciendo una pequeña síntesis del caso, este proceso se originó con las denuncias del senador Cepeda desde 2012 sobre falsos testigos y posibles vínculos de Uribe y algunos de sus familiares con grupos paramilitares. Así, pues, en 2018, la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en la República, ordenó investigar a Uribe y su abogado, Diego Cadena, por presunta manipulación de testigos. El juicio, que duró años en sede ordinaria tras su renuncia al Senado, incluyó audiencias públicas, interceptaciones, pruebas y testimonios clave como los de Juan Guillermo Monsalve. Parece ser que con todo el acervo probatorio y en ejercicio de la sana crítica la jueza dejó atrás la duda razonable y se convenció de la comisión de delito por parte de Uribe.
Con este veredicto, que sin duda alguna es histórico en el país, Uribe se convierte en el primer Presidente condenado penalmente, marcando un hito sin precedentes en la historia del país. Su defensa, claramente, con base en la ley, ya anunció la presentación del recurso ordinario de la apelación y el caso subirá al Tribunal Superior de Bogotá, donde tres magistrados deberán decidir si confirman, modifican o revocan la decisión de primera instancia.
Yo respeto profundamente la decisión de la señora jueza, porque resulta menester respaldar la independencia, la autonomía del Juez y el Estado de Derecho tal y como algunas personas cercanas al presidente Uribe mencionaban semanas atrás antes de este suceso. Así es como se observa que todas las personas, incluidos los que han tenido el honor de ejercer la Presidencia de la República, estamos sujetos a la Ley. Sin embargo, considero que este proceso también debe servir como recordatorio de que los exmiembros de las FARC, responsables de delitos supremamente atroces, igualmente deben responder ante la justicia y si bien la JEP ha traído un panorama reparador y simbólico, eso no es óbice para que ahora posen con discursos moralistas a posar como si nunca hubiesen hecho nada.
En síntesis, aunque esta discusión es netamente jurídica, porque acontecieron unos hechos y hubo unas pretensiones, claramente degeneró en una discusión de carácter político por lo que el presidente Uribe representa, pero en este caso no se deben usar argumentos políticos para intentar desvirtuar la tesis de la Fiscalía, por cuestiones de congruencia jurídica y fáctica.
Comentar