Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia en agosto de 2022, prometió un “cambio histórico”: reformas estructurales en salud, pensiones, modelo económico y paz, todo orientado a contribuir a la equidad social y a la reducción de las brechas económicas de la ciudadanía colombiana. Las expectativas eran altas, y no era para menos: alcanzó una votación histórica de 11.281.013 votos, equivalentes al 50,44 % del total de votos válidos, convirtiéndose no solo en el primer presidente de izquierda del país, sino también en el mandatario con la mayor votación en la historia electoral de Colombia hasta ese momento.
Sin embargo, a casi tres años de gobierno, muchos ciudadanos y analistas describen su gestión como una crisis institucional y de gobernabilidad anticipada.
Uno de los principales argumentos que sustenta esta percepción es la fragilidad institucional que ha caracterizado su cuatrienio. Petro ha enfrentado una alta rotación en su gabinete, incluyendo la renuncia de su ministro de Hacienda en medio de tensiones fiscales. A esto se suma el controvertido Consejo de Ministros televisado, que expuso profundas divisiones internas. Más grave aún fue la tentativa presidencial de convocar una consulta popular por decreto, ignorando el rechazo del Senado, lo que generó señalamientos de extralimitación del poder ejecutivo y una fractura entre ramas del poder público.
El paquete de reformas, anunciado como eje transformador de su gobierno, ha sido otro punto crítico. Aunque la reforma laboral fue aprobada en junio de 2025 tras una intensa disputa política, la posterior propuesta de una Asamblea Constituyente vía octava papeleta generó nuevas tensiones institucionales y sociales. Otras reformas, como la de salud, siguen sin una hoja de ruta clara y han provocado confusión, rechazo y temor en diversos sectores de la sociedad.
En materia económica, si bien el desempleo bajó de más del 10 % a un rango del 8–9 % entre 2023 y abril de 2025, buena parte de esta mejora se debe al empleo informal y estacional. La informalidad laboral se mantiene por encima del 55 %, lo que pone en duda la sostenibilidad de esa mejoría. La inflación ha mostrado cierta desaceleración, pero se mantiene por encima del promedio regional, con un IPC cercano al 5 % durante 2024.
Las encuestas reflejan ese malestar. Según Sabemos (ICP–YanHaas, mayo–junio de 2025), solo el 33 % aprueba la gestión presidencial, y el 62 % cree que el país va por mal camino. Por su parte, la firma Guarumo (julio de 2025) revela que el 26,6 % califica su gestión como “pésima”, siendo la salud el principal motivo de preocupación para los ciudadanos. Todo esto refleja un claro deterioro en la gobernabilidad y legitimidad del gobierno.
Uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía es la seguridad y el orden público. A pesar de su política de “Paz Total”, han crecido las disidencias guerrilleras y los ataques violentos: masacres, secuestros y atentados —incluyendo el ocurrido contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático— han marcado el periodo reciente.
La respuesta estatal ha sido insuficiente. Según la misma encuesta de Guarumo y EcoAnalítica (julio de 2025), el 36 % de los colombianos considera que la violencia es el mayor problema del país, y un abrumador 72 % desaprueba la estrategia de seguridad del presidente.
A esta compleja situación se suma el tono confrontacional del presidente Petro, que ha intensificado la polarización política y social. Sus discursos incendiarios, las constantes descalificaciones a medios, empresarios, opositores e incluso instituciones del Estado, han deteriorado el clima democrático. Más que generar consensos, Petro ha profundizado las divisiones, erosionando el capital político necesario para ejecutar las transformaciones que prometió.
En conclusión, La narrativa del “cambio” que Petro prometió se ha ido diluyendo a medida que se aproxima el fin de su mandato. Los errores de gobernabilidad, la falta de estrategia institucional, el creciente descontento social y la fuerte percepción de inseguridad han alimentado la idea de que su administración ha sido un desastre anunciado.
Este fracaso no se explica únicamente por su orientación ideológica, sino por su estilo de liderazgo, su forma de comunicar y su incapacidad para construir consensos. Si no se corrige el rumbo en lo que resta de gobierno, el legado de Petro podría convertirse —paradójicamente— en el mayor argumento en contra de la nueva izquierda colombiana.
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