Lo demostrado por miles de manifestantes en las calles mediante diversos espacios de convocatoria ciudadana durante el último mes, en relación con algunos mecanismos de participación ciudadana, debería convertirse en toda una agenda de formación política, es decir, no solo en un momento de indignación frente a legisladores y legisladoras quienes, obedeciendo más a los intereses de emporios económicos, decidieron hundir la reforma laboral y traicionar así a los trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos quienes los eligieron (ojalá la memoria no sea tan efímera y se les castigue en las elecciones del próximo año), y oponerse al retorno de los derechos laborales que fueron vulnerados por las reformas en gobiernos anteriores, contradiciendo con ello un principio del derecho laboral como es la “progresividad y no regresividad”.
Los diversos mecanismos de participación emanados de la Carta Magna deben traducirse en un proceso de pedagogía y formación política, tanto en el marco de la arquitectura legal (amparado en la Constitución Política de 1991), como en el de la ampliación de la democracia y participación ciudadana en Colombia. Hace falta una cultura política, pues si bien el estallido social fue fundamental para un “cambio” de percepción sobre la política en Colombia, este no se acompañó por una estrategia política desde las organizaciones sociales y políticas, sobre todo desde el gobierno progresista, para profundizar y consolidar estas expresiones de descontento social, hasta ahora apalancado solo en sectores sindicalizados.
En otras columnas sostuve que la llegada al poder de un gobierno alternativo en Colombia ya era un logro significativo frente a la hegemonía de las elites económicas y políticas que han gobernado por más de 200 años nuestro país; pero planteé, igualmente, que lo más importante era lograr las promesas de esos cambios y sostenerse en el poder, consolidando procesos políticos en los territorios mediante las bases sociales. Ahora existe una oportunidad única para lograr que el gobierno y las bases populares se conecten con los temas por los cuales la gente votó, algunos de ellos forman parte de los 16 puntos que tienen la consulta popular, nuevamente presentada al Congreso y que, resumidamente, propende por la defensa de derechos laborales conculcados, garantías de género y otras de soberanía farmacéutica.
La necesidad de una pedagogía política en Colombia es necesaria por varios aspectos: hemos padecido una historia de guerra en el país que ha servido no solo para consolidar las élites en el poder, sino para generar una atomización de la democracia y de los mecanismos de participación ciudadana; esto ha generado la restricción a la legitimación del voto para las mismas familias políticas en el poder, invocando al ciudadano más como un ritual circense que como un sujeto activo en la atención de sus necesidades vitales.
Es por ello que los cabildos, como una reunión pública donde la ciudadanía puede participar en la discusión de asuntos de interés general, deben ser entendidos más que como escenarios adoctrinamiento, como espacios de discusión ciudadana y política sobre temas de interés colectivo donde se escuche la voz de aquellos que han sido excluidos históricamente. Igualmente, las asambleas populares han de verse como reuniones abiertas donde los ciudadanos, sin cargos políticos, se reúnen para discutir temas de interés común o que afectan a su comunidad. Ambos representan mecanismos de democracia directa donde la opinión pública informada y reflexiva puede influir en la toma de decisiones, e ir, de este modo, consolidando un tejido de poder local, regional y nacional que incida en un cambio estructural de las formas de gobernar. Además de estos procesos de discusión y politización, es la consulta popular el mecanismo para que esas ideas se conviertan, mediante el voto, en mandato ciudadano, esto es, una acción afirmativa de la democracia participativa y directa.
Por tanto, apelar a los mecanismos de participación es permitir que se conozcan y sirvan para que el constituyente primario participe en el devenir de la política y en la construcción de los cambios que requieren los colectivos sociales, razón por la cual no debería amedrentar a algunas élites políticas del país, no solo porque se requiere que los ciudadanos(as) se informen, sino porque a través de dichos mecanismos ellos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa. De ese modo, sin duda, nos enfilamos hacia una sociedad más madura y formada para la participación y la defensa de los derechos.
Es por todo la anterior que la consulta popular, más allá de que alcance ese umbral mayor a 13. 600.000 votos, ha de convertirse en una “excusa” para fortalecer las bases sociales y buscar reestablecer, consolidar y profundizar en los derechos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, para, finalmente, vivir con dignidad. La formación política a través de los mecanismos de participación debe permitir que las ciudadanías defiendan, no a un gobierno, sino los intereses colectivos, estando siempre vigilantes sobre las decisiones de sus representantes, en cualquiera instancia del gobierno, y con la formación política y fuerza suficientes para hacer cumplir sus mandatos por parte de los funcionarios públicos.
Serán meses de mucha agitación política; las calles como escenario de la polis, como el ágora, han de ser el espacio para la voz de los silenciados; los gritos y cantos deben retumbar en los fríos pasillos del Congreso de la República; los parques, el canto de esperanza; las universidades, disponer su conocimiento, ser ideas y movilización; los jóvenes deben saber que en el fondo de estas luchas ciudadanas es justamente su futuro el que está el riesgo.
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