Vuelve y juega: la aprobación de una ley fundamental para la puesta en marcha de la jurisdicción agraria y rural, uno de los pilares de la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz del 2016, se encuentra en el limbo, en esta oportunidad, debido a la crispación política que tiene a buena parte de la agenda legislativa del Congreso, especialmente la del Senado, paralizada en medio de un bloqueo institucional -que es real y evidente-, y en una reiterada invocación presidencial a la consulta popular.
Y se enreda en un momento importantísimo de cierre, porque la jurisdicción agraria, en virtud del acto legislativo 03 de 2023 y de un proyecto de ley estatutaria – actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional-, ya es una realidad sobre el papel de la Constitución; ahora, lo que requiere y de forma urgente, es una ley ordinaria que reglamente su estructura y funcionamiento, es decir, una normativa que trace en detalle tanto su alcance territorial como su finalidad operativa, ya que, por el momento, es un artículo de la Constitución y una ley estatuaria que requieren para su aterrizaje de la aprobación de la citada ley.
Y es precisamente la aprobación de dicha ley la que se viene enredando al vaivén de un Congreso que desde hace meses funciona al calor de la coyuntura. Y falta poco, muy poco, para que se convierta en realidad práctica, tan solo un debate en la plenaria del Senado que permita revalidar el consenso al que llegaron diferentes fuerzas políticas en las comisiones primeras -disipando embustes y engaños- para que así la jurisdicción agraria concluya de una vez por todas su paso por el Congreso.
Es urgente que los senadores y las senadoras entiendan la importancia de avanzar con prontitud en una discusión que en esencia es un compromiso de estado -derivado del Acuerdo de Paz- que busca saldar una deuda histórica con millones de campesinos afectados por el conflicto armado. Ya pasó que un proyecto de ley que buscaba lo mismo -por otra vía, claro está- terminó siendo arrinconado en los sótanos del infierno. Ocurrió hacia mediados de 2021 cuando una iniciativa legislativa de especialidad agraria y rural -una versión a menor escala de la jurisdicción agraria radicada por el Gobierno Duque -se hundió en su último debate.
En ese momento el Centro Democrático, en cabeza de María Fernanda Cabal y el entonces presidente del Senado, Arturo Char -luego condenado por corrupción electoral-, se aliaron para hundir el único proyecto del Gobierno Duque que buscaba implementar un componente del Acuerdo de Paz. Con señalamientos absurdos como que se trataba de “una JEP rural”. Y la movida para acabarlo fue realmente sencilla: Char simplemente no agendó la discusión en el orden del día y el proyecto se hundió por tiempo.
Igual suerte podría correr el actual proyecto de ley ordinaria que reglamenta aspectos centrales de una jurisdicción agraria y rural que con fortuna ya forma parte de la Constitución, pero que sí de aquí al 20 de junio, cuando concluye el último periodo de la actual legislatura, no se aprueba, igualmente se hunde por tiempo. Con el agravante de que su aprobación es un mandato constitucional, que va mucho más allá de la fallida propuesta de especialidad agraria y rural del Gobierno Duque, y que, a todas luces, evidenciaría el desinterés del Senado por un campesinado que el mismo Congreso elevó a “sujeto de derecho y de especial protección”.
La jurisdicción agraria y rural no es un capricho, es un compromiso de estado y busca saldar -y lo repetiré hasta el cansancio- una deuda histórica con un campesinado que ha visto en la falta de una adecuada administración de justicia y resolución de controversias uno de los principales vectores en la persistencia y prolongación del conflicto armado. Su aprobación es tanto un imperativo moral como un compromiso ético. Todavía hay tiempo para su aprobación, así sea poco, pero lo hay. No se puede quemar en la puerta del horno.
Ojalá entre los “Honorables Parlamentarios” prime la sensatez y la crispación política cada vez más creciente no hunda por físico desinterés un proyecto de ley estratégico que, por estos días, pende de un hilo para convertirse en una realidad práctica para millones de campesinas y campesinos.
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