La llamada “modernización del tránsito” en Itagüí ha mostrado su verdadera cara, y no es la que nos prometieron. Lo que vendieron como una herramienta para salvar vidas se ha convertido en una descarada máquina de hacer dinero que exprime sin piedad los bolsillos de los ciudadanos.
Las cifras son escandalosas y hablan por sí solas. En 2020, se registraron 58,056 comparendos por fotodetección. Para 2023, ese número se disparó a 308,692. Un incremento de más del 500% que revela la verdadera intención detrás de estas cámaras: ¡recaudar, recaudar y recaudar!
El negocio redondo que nadie quiere tocar
¿Quieren saber quién es el gran ganador de este sistema? No es la seguridad vial. No es el municipio. No son los ciudadanos. Es el Consorcio SETI, que se embolsa más del 55%de todo lo recaudado, mientras el municipio apenas recibe un miserable 34.2%.
¿Cómo es posible que permitamos que una empresa privada se lleve la tajada más grande de un sistema que supuestamente existe para nuestra seguridad? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas?
El silencioso ataque al derecho de defensa
Como si esto fuera poco, miles de itaguiseños ni siquiera se enteran de que han sido multados hasta que es demasiado tarde. Las notificaciones por aviso se han multiplicado, violando flagrantemente el derecho a la defensa de los ciudadanos. ¿Casualidad? No lo creo. Un ciudadano que no sabe que tiene una multa es un ciudadano que no puede reclamar.
Un sistema que se cae a pedazos
Las más de 39,000 quejas registradas desde 2020 no son un dato menor. Son un grito de indignación colectiva que la administración se niega a escuchar. El aumento explosivo en las revocaciones de multas, que pasaron de apenas 6 casos en 2020 a 1,095 en 2023, demuestra que el sistema está plagado de errores.
¿O acaso debemos pensar que estos errores son deliberados? Cada multa injusta que se impone es dinero que entra a las arcas del consorcio. Cada cámara mal calibrada es una oportunidad para sancionar a más ciudadanos.
Las preguntas que exigen respuesta
Como representante de los ciudadanos de Itagüí, exijo respuestas claras:
1. ¿Por qué no se han retirado estas cámaras si está claro que funcionan más como negocio que como solución vial?
2. ¿Cuántos accidentes se han prevenido realmente gracias a la fotodetección? ¿Existe un estudio serio al respecto o solo nos quedamos con las cifras de recaudo?
3. ¿Por qué la administración permite que un consorcio privado se lleve más de la mitad del dinero de los itaguiseños?
4. ¿Cuándo vamos a tener una auditoría independiente y transparente sobre el funcionamiento de todo el sistema?
Es hora de poner freno a este abuso
La seguridad vial no se construye llenando de multas a los ciudadanos. Se logra con educación, con infraestructura adecuada y con controles que realmente busquen prevenir accidentes, no generar ganancias.
Exijo que se suspenda inmediatamente este sistema abusivo hasta que se realice una evaluación completa e independiente. ¿Por qué tanta resistencia a revisar estas cámaras? ¿Quién se beneficia realmente de mantenerlas funcionando a toda costa?
Los itaguiseños merecemos un sistema de tránsito que vele por nuestra seguridad, no por el bolsillo de unos pocos. La fotodetección en Itagüí se ha convertido en un monstruo que devora el dinero de los ciudadanos mientras la administración mira hacia otro lado.
¿Hasta cuándo permitiremos que este atropello continúe? Es hora de desenchufar este negocio disfrazado de solución.
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