El hundimiento de la consulta popular planeada por el gobierno en turno, junto con el resurgimiento de la reforma laboral en el Congreso de la República, fueron sin duda, las noticias destacadas en esta semana que pasó. Misma que nos da cuenta, de que, en ocasiones, ni el lobby más inconmensurable realizado por el actual ministro del interior, pudo doblegar lo ya transcurrido en años de democracia.
El perro fiero de Petro, nunca mejor dicho luego de las imágenes mostradas por el canal institucional en directo desde la plenaria, en esta ocasión se hubo convertido en la manzana de la discordia entre el actual ejecutivo y los demás actores políticos. Y es que, si en algún momento hubo esperanzas por parte del Pacto Histórico para montar presidente, sin duda las mismas quedaron zanjadas tras los episodios psicopáticos que se contemplaron ante la mirada atónita de miles de espectadores en los canales públicos. Nadie querrá sentarse en la misma mesa a buscar apoyos políticos con un administrador que en lugar de encontrar los consensos necesarios ha tratado de dispersar una diáspora guerrerista, mediante la cual sugiere culpar a los distintos estamentos legislativos por no haber concretado su proyecto de desgobierno a las patadas.
Sin dudas, la jugada de encontrar al experto en lobby para el gobierno con el fin de surtir mermelada a los principales actores de la política nacional, salió terriblemente mal. Nadie copia, y los alfiles en el juego de ajedrez no se hubieron enfilado a favor del gobierno en turno. El hundimiento de la consulta popular, resulta ser un aliciente que permite respirar profundo al constituyente primario respecto a la posibilidad de que exista una independencia de poderes, y que aún se puede garantizar que un órgano como el Congreso de la República contempla un ápice de honorabilidad parlamentaria.
Y es que, a pesar del resurgimiento de una reforma laboral tras la resolución de un recurso de Apelación, las tornas aún no han de alinearse a favor del gobierno en turno. La aprobación de tal iniciativa legislativa que se encuentra lejos, los actores políticos no se alinean, y en el caso hipotético de ser aprobada, la Corte Constitucional habrá de decretar su hundimiento por vía judicial como consecuencia de haberse tramitado como una ley ordinaria cuando en realidad se le debió dar trámite de estatutaria por contemplar el viraje de derechos fundamentales, tal como lo es la seguridad social.
Así, la idea por parte del gobierno para tratar de doblegar el juicio legislativo a través de marchas inocuas sin un sentido claro convocadas por presidencia con el fin de lavarse la cara, es sin lugar a dudas, una pésima iniciativa con miras al 2026. El gobierno se ha quedado sin ideas, ya nos ha quedado claro que a veces ni la mermelada más dulce puede fragmentar al derecho como mecanismo de coacción y legitimación del estado, por más que lo intente, el Pacto Histórico no tiene fuerzas ni capital político para que su proyecto se establezca por un tiempo prolongado, y eso está más que claro.
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