Desde décadas, e incluso más de un siglo atrás, se viene hablando de democratizar los procesos de toma de decisiones universitarias; el caso más emblemático es el del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, que produjo un cambio importante en las universidades en términos de la función interna y externa de las mismas: asuntos como la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, la libertad de cátedra, la docencia libre y la extensión universitaria fueron algunos de los temas de este manifiesto.
Empero, esta promesa de cambio e impacto, al menos en Argentina y América Latina, se quedó en un manifiesto más de referencia simbólica y política en lugar de reflejarse en reales cambios en las políticas universitarias. Pasados más de 100 años, vemos que muchas casi universidades latinoamericanas, y colombianas específicamente, tienen un sistema de elección de sus autoridades que poco respeta los procesos participativos y democráticos de los estamentos universitarios. De hecho, para muchos, democratizar las decisiones en las universidades es entregarlas a la politiquería (como si no fuera lo que pasa en la realidad), mientras que para otros se produce un miedo al demos; ambas posiciones se muestran un tanto paradójicas y cuestionables en los templos del saber y conocimiento, donde se esperaría lo contario, que las universidades fueran el centro del debate, la argumentación y las ideas, máxime cuando, supuestamente, allí están los pensadores.
Han sido múltiples los escenarios dados desde el movimiento, sobre todo estudiantil, para pensar los procesos democratizadores en las universidades; para mencionar algunos, la MANE y los acuerdos del 2018 con el Gobierno de Iván Duque en relación con la reforma a la Ley 30 del 1992, ambos fallidos para el caso colombiano, intentos coyunturales que no han contado con un movimiento social por la educación más organizado, sistemático y con perspectiva.
Otro intento fue convocado desde el Gobierno del cambio, quien realizó un gran esfuerzo de reforma a la Ley 30 del 1992 en sus componentes estratégicos, tales como el financiamiento, la democratización de las decisiones universitarias, la ampliación de las composiciones de los consejos superiores y el respeto a las consultas universitarias, procurando una ley con enfoque, territorial, étnico, racial y con perspectiva de género, entre otros cambios. Este esfuerzo, del cual hice parte, se quedó dormido en la gaveta institucional por falta de un movimiento social educativo que lo impulsara y de un Congreso coherente con ello, que ya había hundido la ley estatutaria de educación; es decir, ni fuerza política en el Congreso, ni bases movilizadoras que defiendan los cambios que requiere la Ley 30, de educación superior.
Nuevamente, se vuelve a hablar de los procesos democráticos y participativos en las universidades, esto sobre todo por la coyuntura de la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2024, donde el ganador de las consultas no fue el ganador de las decisiones del Consejo Superior; en tanto la norma establece que las consultas no son vinculantes, fue solo la presión estudiantil y la postura férrea del Gobierno actual quienes dieron, después de un largo procesos jurídico y político, como ganador a Leopoldo Múnera, candidato que había obtenido la mayoría de votos en las consultas estamentarias.
Es precisamente la Universidad Nacional de Colombia, bajo las orientaciones de la rectoría y el equipo directivo, y con el aval de su Consejo Superior, emprenden el periplo de crear escenarios, dinámicas y propuestas para iniciar el proceso de democratización de la Institución. Acompañados por la mesa de diálogo multiestamentario, la propuesta tiene una larga y contundente argumentación desde lo jurídico que va desde la Constitución Política de Colombia (Artículos 67 y 69), pasa por la misma Ley 30 (en sus Artículos 3, 4 y 28) en lo relativo a que las universidades pueden darse su propia forma de gobierno, y tiene soporte en el Decreto 1210 del 1993 y en la Ley Estatutaria 1757 del 2015.
Fuera de la iniciativa jurídica, los documentos elaborados por equipos de trabajo implican todo un proceso y unas etapas para su desarrollo que parten de precisar el propósito central: la democratización del gobierno y la vida universitaria, para lo cual se abordarán temas como la composición y características de los cuerpos colegiados, la designación y elección de autoridades administrativas, las formas y mecanismos de participación democrática, el fortalecimiento de la cultura política democrática, y el reconocimiento y fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad universitaria. La finalidad, transformar la Universidad Nacional de Colombia por el camino del diálogo y la deliberación permanente.
Ahora, si bien el proceso constituyente tiene todo un trabajo profundo y argumentado, es importante que el grueso de las poblaciones estudiantiles, para el caso de la Universidad Nacional de Colombia, haga parte de este proceso, lo que requiere más que de una arquitectura jurídica y metodologías pertinentes, de escenarios y procesos para la politización del movimiento por la educación, especialmente del movimiento estudiantil. En este sentido, se debe promover y trabajar por una gran movilización del sector educativo, especialmente del estamento estudiantil, quien ha tenido históricamente la fuerza movilizadora, tal como lo hicieron con la séptima papeleta, que fue fundamental para la constitución de 1991, fueron los estudiantes y las juventudes, artificio de este logro.
La realidad es que nos encontramos en el país en una situación compleja de interpretar y transformar: crisis financiera de la universidad pública, crisis del movimiento social estudiantil, promesas del gobierno frente a cambios del sistema educativo, una elección presidencial a la vuelta de la esquina, una consulta popular… escenarios todos que parecen adversos y que justifican la necesidad de proyectar un trabajo de sensibilización política que sume a otras universidades, fuera de la Universidad Nacional Colombia, y de convocar a un encuentro nacional estudiantil sobre el proceso constituyente de las universidades públicas.
Esperemos que el resultado no sea otro intento fallido más frente a un cambio que urgen llevar a cabo las universidades públicas del país, un cambio que pasa por pensar no solo la democracia en la universidad, sino la universidad que los estudiantes y la sociedad requieren. En este contexto, tiene la Universidad Nacional de Colombia, su rector y el equipo directivo, el gran compromiso de ser faro en estos tiempos tormentosos para la educación superior pública.
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