El uso de drones en el campo argentino avanza a paso firme, impulsando mejoras productivas y tecnológicas. Sin embargo, todavía quedan desafíos en materia legal, seguros, capacitación y acceso equitativo, en un contexto donde las normativas aún se están adaptando a esta nueva realidad. – Ornella Trosero
El uso de drones en el campo argentino está creciendo a gran velocidad. Cada vez más productores los incorporan para tareas fundamentales como fertilización, monitoreo de cultivos, filmaciones satelitales y más. En paralelo, en la industria aseguradora estos dispositivos cumplen una doble función: sirven como herramienta para peritar siniestros —como incendios o catástrofes climáticas— y, al mismo tiempo, abren un nuevo nicho de negocio con la contratación de seguros para su operación.
En este escenario de transformación tecnológica, el Estado comenzó a dar pasos para actualizar el marco normativo. La reciente modificación del Código Aeronáutico y el Decreto 663/2024 marcaron un avance significativo, aunque todavía no abordan en profundidad cuestiones centrales como la responsabilidad civil ni establecen seguros obligatorios. Esto deja a los productores, sobre todo a los más chicos, en una situación de incertidumbre jurídica ante posibles accidentes.
Hoy en día, si un Dron cae y daña a una persona o rompe maquinaria en el campo, ¿quién se hace cargo? Sin una normativa clara, todo queda librado a la buena voluntad o a seguros privados que, muchas veces, no están al alcance de todos.
Además, esta situación pone en evidencia una brecha tecnológica entre grandes y pequeños productores. Mientras los primeros pueden acceder a tecnología, cobertura legal y formación, los pequeños productores rurales muchas veces no tienen los recursos ni las herramientas para capacitarse y usar estos dispositivos de forma segura y eficiente.
El impacto ambiental y productivo del uso de drones es, sin duda, positivo. Permiten aplicar insumos con mayor precisión, ahorrar recursos y reducir el uso excesivo de agroquímicos. Pero para que esta transformación sea sostenible e inclusiva, es necesario acompañarla con políticas públicas claras y accesibles.
También se necesita avanzar en protocolos de seguridad y formación profesional. Muchos operarios aprenden a volar drones de forma autodidacta, lo que puede derivar en errores o accidentes evitables. Por ahora, no existe un plan nacional de capacitación ni estándares mínimos exigibles para el uso agrícola de drones.
Aunque los antecedentes judiciales aún son escasos, ya existen casos concretos en distintas provincias que evidencian conflictos por el uso de drones en actividades agrícolas. Desde fumigaciones mal aplicadas hasta fallas técnicas que derivaron en daños a cultivos vecinos o afectaciones a la salud, estos hechos muestran que la falta de una regulación específica de cobertura de seguros sobre el impacto al utilizar drone complica las respuestas legales ante situaciones concretas. La jurisprudencia comienza a formarse, pero todavía sin un marco normativo claro, lo que deja un amplio margen de incertidumbre para productores agropecuarios y aseguradoras.
Argentina tiene todo para ser líder en innovación tecnológica en el agro. Pero para lograrlo, hay que acompañar ese proceso con reglas claras, equitativas y federales. El desafío está planteado: generar una ley específica que regule el uso de drones en el ámbito rural, establezca responsabilidades, seguros, y garantice que todos los actores del sector tengan acceso a esta tecnología en condiciones justas y seguras.
La innovación ya está volando sobre los campos argentinos. Falta que las leyes y las políticas públicas estén a la altura de ese vuelo.
Comentar