“La seguridad en Colombia demanda un cambio de paradigma urgente: pasar de la imposición vertical a la gobernanza corresponsable de los territorios”
La violencia como reflejo de vacíos estructurales
Colombia enfrenta un escenario alarmante de deterioro de la seguridad territorial. En las últimas semanas, los atentados contra el Ejército y la Policía han revelado no solo la persistencia de amenazas armadas, sino también la fragilidad de los mecanismos de protección existentes. El 17 de abril, un atentado con carro bomba en Mondomo, Cauca, dirigido contra una estación de Policía, dejó víctimas mortales y varios heridos. Apenas un día después, una motocicleta bomba explotó en el centro de La Plata, Huila, dejando dos muertos y 24 heridos, incluidos menores de edad. A estos hechos se suma un preocupante incremento de ataques con drones contra unidades militares, según el Ministerio de Defensa.
Estos atentados no deben analizarse como hechos aislados. Representan síntomas de una crisis estructural: el modelo de seguridad basado en reacción centralizada se encuentra superado por las nuevas dinámicas de violencia territorial. Persistir en esta lógica no solo es insuficiente, sino peligroso. La seguridad en Colombia demanda un cambio de paradigma urgente: pasar de la imposición vertical a la gobernanza corresponsable de los territorios.
De la seguridad centralizada a la gobernanza corresponsable
Mantener la idea de que los problemas de orden público pueden solucionarse exclusivamente desde el poder central es una fórmula condenada al fracaso. Los hechos recientes lo confirman: el Estado no logra garantizar protección efectiva allí donde las dinámicas criminales se han territorializado.
La gobernanza corresponsable implica construir procesos de planeación y ejecución en seguridad que integren de manera real a los gobiernos locales, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y el sector privado. No se trata de delegar responsabilidades de forma vertical, sino de empoderar a los territorios con herramientas, recursos y capacidades para diseñar y ejecutar sus propias estrategias de protección, en diálogo permanente con la institucionalidad nacional.
Es imprescindible establecer mesas territoriales de corresponsabilidad en seguridad, garantizar financiamiento estructural para su implementación, y fortalecer los sistemas de información locales que permitan actuar de manera anticipada frente a riesgos emergentes. Sin este andamiaje territorial, cualquier política de seguridad seguirá siendo meramente reactiva e insuficiente.
La gestión territorial de la seguridad: un reto de capacidades y legitimidad
La gestión territorial de la seguridad es hoy el talón de Aquiles de la política de defensa nacional. La mayor parte de los municipios más afectados por la violencia carecen de capacidades institucionales básicas para prevenir, proteger o gestionar conflictos. Esta carencia perpetúa no solo la exposición al riesgo, sino también la erosión de la legitimidad del Estado.
Un Estado que no protege, pierde autoridad moral. Y ese vacío de poder es rápidamente ocupado por actores armados ilegales como las disidencias de las extintas FARC, delincuencia común organizada o bandas criminales que ofrecen “seguridad” bajo sus propias reglas. No se trata solo de mejorar la cobertura de la Fuerza Pública, sino de construir Estados locales fuertes, capaces de liderar estrategias de prevención, de articular respuestas interinstitucionales y de restaurar la confianza ciudadana.
En este sentido, la gestión territorial de la seguridad no es un problema administrativo: es un desafío de gobernabilidad democrática que define la viabilidad misma del proyecto estatal en amplias regiones del país.
Defensa democrática y corresponsabilidad: dos caras de la misma moneda
En el contexto actual, la defensa del territorio colombiano no puede reducirse a la lógica del enfrentamiento armado. Defender el territorio es, esencialmente, defender la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades que lo habitan.
La corresponsabilidad en la gestión de la seguridad no reemplaza la función de la Fuerza Pública, sino que la fortalece. Al integrar a los territorios en la construcción de seguridad, se amplía la base social del Estado, se recupera legitimidad política y se consolidan redes de protección más eficaces y sostenibles.
En tiempos en que las amenazas se diversifican —narcotráfico, minería ilegal, extorsión armada, control de rutas estratégicas—, la defensa efectiva del territorio depende de alianzas genuinas entre Estado y ciudadanía, capaces de desactivar las condiciones sociales y económicas que permiten la reproducción de las violencias, así como la construcción de confianza en ambas vías.
Colombia no puede seguir improvisando su seguridad
La situación actual de seguridad y defensa en Colombia evidencia, con crudeza, los límites del modelo tradicional. La persistencia de atentados, los desplazamientos masivos y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales no son fenómenos coyunturales, sino síntomas de una crisis estructural que ya no admite más parches ni medidas reactivas.
Blindar los territorios no se logrará a través de operaciones militares aisladas ni mediante decretos de excepción que, aunque necesarios en ciertos casos, solo atacan las consecuencias y no las causas profundas de la inseguridad. La verdadera transformación exige un viraje estratégico: concebir la seguridad y la defensa desde la gobernanza territorial y la corresponsabilidad efectiva, el buen gobierno y la base social como actor principal de su propia transformación.
Esto implica entender que la seguridad no se decreta: se construye de manera colectiva, desde procesos que fortalezcan las capacidades locales, restauren la legitimidad del Estado en los territorios y generen condiciones reales de protección y convivencia. Implica también reconocer que la defensa del país no depende únicamente de la Fuerza Pública, sino también de comunidades empoderadas, gobiernos locales robustos y mecanismos de coordinación sólidos y permanentes en todos los niveles de gobernanza.
Cada día que Colombia postergue esta transformación, no solo prolonga la violencia y el abandono, sino que erosiona su propio proyecto democrático. La ausencia de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad deja abiertas las puertas para que actores armados ocupen los espacios que el Estado no alcanza a consolidar.
La corresponsabilidad no es una opción secundaria: es una vía para garantizar un país en paz, con justicia y con Estado de Derecho real. La seguridad verdadera no se impone por la fuerza, ni llegará por inercia: se tejerá con gobernanza inteligente, con participación efectiva, y con el compromiso firme de defender, por encima de cualquier cálculo político, la vida, la dignidad y el futuro de todos los colombianos.
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