No nos digamos mentiras: las reformas sociales en Colombia no se están hundiendo por errores técnicos. Se están hundiendo porque ni siquiera se dio la oportunidad de debatirlas a fondo, porque una parte del Congreso le dio la espalda al pueblo. Porque, pese al mandato popular expresado en las urnas en 2022, las decisiones del Legislativo siguen respondiendo a los intereses de los mismos de siempre: los sectores económicos y políticos que han usufructuado del poder durante décadas.
Mientras la ciudadanía reclama salud digna, empleos estables, una educación pública robusta y condiciones de vida justas, algunos sectores del poder prefieren seguir alimentando el statu quo. Le temen al cambio porque el cambio pone en jaque sus privilegios. Y cuando un gobierno decide escuchar al pueblo y actuar en consecuencia, lo tildan de “dictadura”.
Pero aquí no hay dictadura. Lo que hay es un gobierno que se atrevió a romper el silencio institucional frente a las injusticias históricas. Un gobierno que ha decidido legislar con la gente, para la gente. Y eso, para muchos privilegiados, resulta imperdonable.
Entonces, si los representantes que debieran estar del lado del pueblo hoy bloquean las reformas que garantizan derechos, es legítimo que el pueblo abra las urnas. La consulta popular es una herramienta constitucional, profundamente democrática, que permite destrabar lo que algunos intereses privados quieren mantener estancado.
No se trata de un capricho presidencial. Se trata de hacer valer la voluntad colectiva frente al poder concentrado. La consulta es una vía que pone en manos del pueblo las decisiones que le han querido negar desde las cúpulas del poder. Si la justicia social no cabe en el Congreso, que quepa en las urnas. Así de claro.
Los debates que se están dando hoy en Colombia no son simplemente técnicos. Son profundamente éticos. Porque detrás de cada reforma hay una pregunta de fondo: ¿para quién se gobierna? ¿Para una minoría adinerada o para las mayorías históricamente excluidas?
La democracia no se defiende con editoriales pagados, ni con trinos de indignación selectiva. La democracia real se construye en las calles, en los espacios de organización social, en las aulas, en los sindicatos, en los barrios. Se defiende en la participación activa, en la movilización consciente y en el ejercicio libre del voto.
Por eso, hoy más que nunca, el llamado es claro: si bloquean el Congreso, abramos las urnas. Si apagan el debate en las curules, prendamos la discusión en las plazas. Si nos cierran la puerta de las leyes, abramos las puertas de la conciencia ciudadana.
Que la dignidad se haga costumbre. Que los derechos del pueblo vuelvan a ser el centro del Estado. Y que la democracia deje de ser un discurso vacío para convertirse, de una vez por todas, en un ejercicio real de poder popular.
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