¿Y si tumbamos a Nicolás?

Una reflexión serena sobre la legitimidad, el poder reincidente y la necesidad de restaurar la confianza institucional.

En el tiempo político de las islas, donde las brisas llevan memorias y las olas devuelven los ecos de viejas advertencias, se impone una pausa que no es de ocio, sino de conciencia. Hoy más que nunca, el Archipiélago clama no por promesas, sino por claridad jurídica, no por populismos, sino por restauración moral, no por inercia institucional, sino por decisiones valientes y a la altura de su historia.

El Consejo de Estado, en acto solemne de su potestad jurisdiccional, ha declarado la nulidad de la elección del actual gobernador del departamento, señor Nicolás Gallardo, por incurrir en el vicio constitucional de la doble militancia. La sentencia, si bien aún está pendiente de una aclaración formal, es inequívoca en su fondo: la elección careció de legitimidad jurídica desde su raíz. Y cuando el árbol nace torcido desde la ley, ningún fruto puede ostentar el sello de la legitimidad democrática.

Ahora bien, lo que inquieta a la ciudadanía con legítima razón no es únicamente el pasado, sino el futuro inmediato. ¿Es jurídicamente viable que el mismo ciudadano cuyo mandato ha sido anulado se presente nuevamente en las elecciones atípicas que habrán de convocarse? ¿Puede el cuerpo institucional de las islas soportar una nueva carga de inestabilidad, con una candidatura nacida —de nuevo— bajo el signo de la inhabilidad?

El artículo 303 de la Constitución y la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado han sido explícitos: quien haya ejercido funciones de autoridad administrativa en los doce meses previos a su inscripción como candidato a gobernador se encuentra inhabilitado. No se trata de una interpretación ideológica ni de una sutileza técnica. Es una disposición clara, perentoria y de aplicación estricta.

Y en el caso que nos ocupa, no hay margen de duda: el ciudadano Gallardo ha ejercido como gobernador durante ese lapso prohibido.

Entonces, ¿cuál es el propósito real de insistir en su inscripción? ¿Es una expresión de confianza en su fuerza electoral o, por el contrario, una temeraria provocación jurídica que volverá a poner a San Andrés y Providencia en un limbo institucional?

Permítaseme ser enfático: este no es un alegato personal ni una cruzada política. Esto es una súplica civilizada por la estabilidad de un territorio que no resiste otro ciclo de nulidades, demandas y vacíos de poder. El pueblo sanandresano no puede seguir siendo rehén de estrategias jurídicas audaces, pero imprudentes.

A Su Señoría el gobernador saliente, Nicolás Gallardo, le hablo desde el respeto que impone su cargo, pero también desde la responsabilidad histórica que exige su legado: persistir en una candidatura jurídica y constitucionalmente inviable, aún si logra inscribirse, sería condenar nuevamente al departamento a la zozobra legal y al descrédito institucional. Sería gobernar sobre la arena movediza de la incertidumbre.

El poder, cuando se ejerce con sabiduría, sabe retirarse para preservar la paz; y cuando se aferra a toda costa, deja de ser autoridad para convertirse en obsesión.

La isla no es un laboratorio jurídico donde se pone a prueba la elasticidad de las normas. San Andrés es un territorio dolido, orgulloso, resiliente, que pide una sola cosa: certeza. Certeza en sus líderes. Certeza en sus elecciones. Certeza en su rumbo.

Que no vuelva a ser el Consejo de Estado quien tenga que recordarnos lo que la decencia política debió prever. Que no se escriba mañana, en otro fallo, lo que hoy puede evitarse con gallardía y con altura.

¿Y si tumbamos a Nicolás?

Que no lo haga la rabia. Que no lo haga el grito. Que no lo haga la revancha.

Que lo haga la ley. Que lo haga la sensatez. Que lo haga el deber de restaurar la dignidad del pueblo.

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.”
— Lord Acton