El anuncio del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, sobre el riesgo que enfrentan las elecciones de 2026 debido al recorte presupuestal del 56,75% asignado a la entidad, no es simplemente un tema administrativo. Es una alerta que toca las fibras mismas de nuestra democracia y de las instituciones que la sostienen. Este ajuste, que representa una disminución de $600.000 millones, obliga a reflexionar sobre qué tan preparada está Colombia para proteger su sistema electoral ante decisiones presupuestales que parecen ignorar su importancia.
El presupuesto destinado al CNE no es una cifra decorativa en los libros contables del Estado. Es el combustible que permite garantizar auditorías externas, supervisión de escrutinios, capacitación de testigos electorales e implementación de plataformas tecnológicas para elecciones transparentes. Reducirlo, bajo el argumento gubernamental de un «aplazamiento», no solo desconoce la complejidad operativa de estas funciones, sino que también transmite un mensaje preocupante: la democracia puede esperar.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que este recorte no debería afectar las elecciones, pues el presupuesto principal está bajo la gestión de la Registraduría Nacional. Sin embargo, este argumento omite un detalle crucial: mientras la Registraduría maneja la logística electoral, es el CNE quien supervisa y valida los resultados. Este eslabón del proceso, que asegura la transparencia y credibilidad, no puede operar con recursos mermados. Lo dijo con claridad Álvaro Hernán Prada: sin los $600.000 millones que nos están quitando, el CNE no podrá garantizar la legitimidad de los comicios.
Más allá de los números, lo que genera mayor inquietud es la falta de explicaciones claras y oportunas por parte del Gobierno. En un país donde las instituciones democráticas ya enfrentan cuestionamientos y donde la confianza ciudadana está en su punto más bajo, decisiones como estas profundizan el escepticismo. Si no hay claridad en la comunicación y en las intenciones, ¿cómo se espera que los ciudadanos confíen en los resultados que emerjan de un sistema debilitado?
La organización electoral no es una tarea que pueda improvisarse. Requiere planeación anticipada, precisión en la ejecución y, sobre todo, recursos que permitan cumplir con cada etapa del proceso. La falta de financiamiento compromete directamente no solo los preparativos, sino también la percepción de transparencia, que es la columna vertebral de la confianza pública en los resultados.
Este no es un asunto que concierne únicamente al CNE. Es un tema de interés nacional que afecta a cada ciudadano. Como sociedad, debemos exigir que se garantice la estabilidad presupuestal de las entidades encargadas de proteger nuestra democracia. No se trata solo de tener elecciones, sino de asegurarnos de que sean justas, confiables y libres de cualquier sombra de duda.
En última instancia, la responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional. Garantizar los recursos necesarios para el CNE no es una opción, es una obligación constitucional. Ignorar esta situación no solo pondría en riesgo los comicios de 2026, sino que también podría desestabilizar el tejido democrático que con tanto esfuerzo se ha construido.
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