Hoy es importante hablar no solo del Catatumbo, sino de la situación de orden público y el enfrentamiento que se viene dando entre grupos armados ilegales por el control territorial. No queramos decir solamente que las FARC tienen un conflicto por control territorial con el ELN. Queremos mostrar que han avanzado en control territorial y en número de hombres, sobre municipios del Catatumbo con sus dos disidencias, así como el ELN, y también las autodefensas, mal llamadas paramilitares o AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Situación que se presenta en más de 6 departamentos.
En el Catatumbo se disputa el control del río Catatumbo y sus municipios, una de las áreas con mayor cantidad de cultivos de coca. Un valor adicional es la frontera cercana y porosa con Venezuela, que permite a los grupos armados ilegales tener una zona de resguardo o retaguardia estratégica. En esta área, después de la línea divisoria de frontera, no entran ni el ejército, ni la policía colombiana, ni la fuerza aérea, ni la Armada, por temas de soberanía.
Desde hace más de 15 años, se han presentado conflictos. En Arauca, por ejemplo, se disputaba el control territorial entre el Frente Décimo de las FARC, liderado por Noé Suárez Rojas, alias «Granobles» (hermano del «Mono Jojoy»), y la columna Domingo Laín del ELN. Esto se debe a las rentas provenientes del narcotráfico, la extorsión, yacimientos de oro, coltán y esmeraldas.
Durante el gobierno de Chávez en 2007, las FARC incursionaron desde Venezuela en un intento militar de apoderarse del territorio. Sin embargo, la confrontación fue muy fuerte; el ejército entró en combate con los dos grupos armados ilegales, pero las FARC se repliegaron a Venezuela después de sufrir una estruendosa derrota en capturas, bajas y desmovilizaciones. El hermano del «Mono Jojoy» se devolvió a Venezuela y fue apartado silenciosamente de la dirección de la cuadrilla.
El conflicto en el Catatumbo se preveía, y han existido alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde noviembre y diciembre. Estas alertas indican que la misma situación ya se está presentando en regiones como el Putumayo, el Meta, el Guaviare, el Cauca, el Departamento de Nariño, y en algunas porciones de Cundinamarca y el Tolima. Este panorama demuestra un nulo control territorial del Estado y un fracaso en la implementación del concepto de «paz total», particularmente el cese al fuego, con un modelo sin concentración de fuerzas, en zonas delimitadas que les garantiza la seguridad, pero que restringe la movilidad y mantiene la garantía de protección sobre la población civil.
En la actualidad, el ELN, bajo el mando de alias «Pablito» de la Domingo Laín, hoy cabecilla del frente de guerra oriental ha pasado a la ofensiva. Con una fuerza de más de 800 hombres, divididos entre los 400 ya establecidos en el Catatumbo y otros 400 provenientes de Arauca, han tomado el control en una operación bien planificada. «Pablito», quien lidera el Frente de Guerra Oriental, el más poderoso financieramente (con ingresos del narcotráfico) y militarmente, ha retado a los líderes del ELN, Pablo Beltrán y Nicolás Rodríguez Bautista, desplazando al COCE y apoderándose del mando de la DINAL, en una apuesta que incluye narcotrafico, mexicanos, traiciones, homicidios, millones de dólares, y mucho apoyo del gobierno venezolano, pudiendo hablarse de un conflicto ya internacionalizado, si se aplican los estándares del derecho internacional público.
La flota de helicópteros de las fuerzas armadas está severamente limitada. Los helicópteros Black Hawk de asalto aéreo operan a la mitad de su capacidad, ya que el 50% está en tierra por falta de mantenimiento oportuno. Además, los helicópteros rusos Mi-17, de los cuales hay 20 en el ejército, tienen 18 de ellos fuera de servicio por la misma razón. Sin embargo, se prevé una solución contratada en diciembre para el mantenimiento de estas aeronaves.
El Estado colombiano enfrenta un vacío de poder y una notable inacción, influenciada por los decretos presidenciales del 31 de diciembre de 2022 que buscaron implementar la «paz total» a través de ceses al fuego con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Estas medidas detuvieron las operaciones ofensivas e incluso las labores de inteligencia, lo que fortaleció a los grupos ilegales. Además, la falta de aspersión aérea y la erradicación manual desde 2015 han permitido la expansión de los cultivos ilegales en una proporción que triplica los del 2015, inundando los mercados de cocaina, dólares, armas y conflictos por el control territorial.
La responsabilidad a la que está enfrentando el gobierno y el Estado colombiano tiene dos implicaciones principales. La primera es internacional, pues el desplazamiento forzado de más de 28,000 personas y los más de 100 asesinados en el Catatumbo por parte del ELN podrían llevar a la Corte Penal Internacional a procesar a los cuadros de mando del ELN, como el Comando Central, la Dirección Nacional, y las estructuras Domingo Laín y Unión Camilista. Además, el Estado podría ser demandado ante el sistema interamericano de derechos humanos (iniciando en la Comisión Interamericana y terminando en condenas en la Corte, de manera subsidiaria y complementaria).
En conclusión, esta crisis humanitaria tiene profundas raíces en las omisiones y fallas del Estado, lo que genera responsabilidades tanto a nivel penal interno como internacional. Es indispensable que se tomen acciones concretas para evitar una escalada mayor de esta crisis que afecta a múltiples regiones de Colombia.
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