“En épocas como Navidad, Año Nuevo y otras festividades tradicionales, los parques y plazas se llenan de familias que buscan un lugar para celebrar… El sentimiento es el mismo, la posibilidad es la diferencia”
Los discursos más frecuentes cuando llegan las campañas electorales son en contra de las desigualdades, como una forma de reivindicar la dignidad del ser humano, su bienestar y desarrollo integral. En nombre de los valores democráticos se esbozan sendas propuestas para disminuir las brechas sociales, pero llegado el momento, las desigualdades se agudizan cada vez más. El Estado, entendido como un espacio ideológico, acentúa las desigualdades en su afán por modernizar su accionar. Las presiones de un mundo globalizado, tecnológico y los loobies empresariales son cada vez más asertivos en alejar al Estado de su rol distributivo y generador de espacios colectivos. El individualismo se fortalece.
En la vida cotidiana se hacen más visibles las desigualdades, especialmente en el acceso a servicios esenciales como salud, educación, deporte y cultura. Bajo un sistema capitalista, estos derechos fundamentales suelen estar orientados al mercado, lo que margina a aquellos que no pueden pagarlos. En América Latina, una región caracterizada por la heterogeneidad social, el acceso a estos servicios sería inconcebible sin el sector público. Aunque el concepto de clases sociales ha perdido visibilidad en ciertos ámbitos, las estructuras de clase siguen siendo clave para entender cómo se distribuyen el poder, los recursos y las oportunidades (Therborn ,2013). Esta perspectiva permite reconocer el papel crucial que tiene lo público en una sociedad desigual.
Para muchas familias, el acceso a la educación pública, la atención médica estatal o los espacios de recreación generados desde el Estado son esenciales. Quienes no pueden pagar una escuela privada dependen de la educación pública; quienes no pueden costear un gimnasio utilizan los parques públicos con máquinas de ejercicio; quienes no tienen acceso a servicios médicos privados no pueden más que confiar en el sistema de salud pública. Aquellos que no tienen las posibilidades para comprar un libro (para quienes disfrutan aún de la lectura física) buscan una biblioteca pública. Este uso de lo público no solo es útil, sino que se convierte en una necesidad imprescindible en sociedades altamente desiguales. En este contexto, la calidad de los servicios públicos es una demanda constante y legítima, ya que su adecuado funcionamiento es fundamental para reducir las brechas de oportunidad entre diferentes sectores sociales.
La infraestructura pública cumple una función de cohesión social y de integración cultural. En un contexto de desigualdad, el acceso a servicios básicos de calidad en educación, salud y recreación es fundamental para que sectores desfavorecidos tengan mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional. Sin embargo, la falta de inversión y la privatización han debilitado el papel del Estado como proveedor de estos servicios. Esto agrava las brechas de desigualdad, creando una división cada vez mayor entre quienes pueden pagar por estos bienes y quienes dependen exclusivamente de lo público.
En el ámbito del deporte y la educación, los logros de aquellos provenientes de sectores desfavorecidos muestran la relevancia de la inversión pública. En Ecuador, los atletas de alto rendimiento suelen pertenecer a clases populares; antes de ser lanzados a la fama, su principal apoyo es el de sus familias y, en menor medida, el del Estado. Un mayor respaldo estatal en forma de mejor nutrición, acceso a salud y entrenamientos más óptimos podría reducir la brecha entre estos deportistas y los medallistas internacionales. De igual manera, estudiantes de universidades públicas como Yachay, en Imbabura, han destacado en competiciones internacionales de ciencia y tecnología, superando a sus pares de instituciones privadas. Esto demuestra el potencial que puede surgir cuando se invierte en educación pública, pese a las limitaciones de recursos.
Anclado a lo anterior, quisiera centrar mi reflexión ahora, específicamente en el uso de los espacios públicos para recreación en épocas festivas. Se puede observar que los espacios públicos representan un recurso invaluable para las clases menos privilegiadas, que encuentran en estos lugares una alternativa accesible para realizar actividades recreativas, deportivas y culturales. Las festividades populares son ejemplos donde el uso del espacio público permite la participación y el disfrute de la sociedad en general. Mientras que las familias con mayores ingresos pueden permitirse viajes o actividades de mayor costo, se distancia de los más desiguales como diría Dubet (2015, 27) para marcar un rango de posición entre sus posibilidades y las de los que no las tienen. Muchas familias de clase media y baja dependen de los espacios públicos para compartir momentos de celebración.
En épocas como Navidad, Año Nuevo y otras festividades tradicionales, los parques y plazas se llenan de familias que buscan un lugar para celebrar. Muchas familias no alcanzan a tener un árbol de navidad y menos lujosas decoraciones en sus hogares, pero tienen la ilusión de compartir con sus hijos estas épocas que más allá del consumismo que fomentan las fechas (que sería una discusión de otro momento), generan espacios de convivencia familiar y más aún cuando provienen de familias con valores religiosos y tradiciones fuertes. Así mismo, en Año Nuevo, mientras las personas con posibilidades viajan a la playa, a hosterías lujosas para cerrar el año y recibir al nuevo con fuegos pirotécnicos y fiesta, las personas que no pueden acceder a estos privilegios buscan espacios públicos de acceso libre que les permitan tener esta forma de recreación junto a su familia. El sentimiento es el mismo, la posibilidad es la diferencia.
Un ejemplo exitoso de cómo el Estado puede fomentar la cohesión social a través de la inversión en lo público es el Día de Muertos en México. Esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es promovida y apoyada por el Estado a través de actividades gratuitas en plazas y espacios públicos, donde se instalan ofrendas comunitarias y se realizan eventos culturales abiertos a toda la población. Al brindar acceso gratuito a estas actividades, el Estado permite que personas de todas las clases sociales celebren y preserven una tradición cultural que refuerza el sentido de identidad y pertenencia.
Un caso similar se encuentra en Medellín, Colombia, donde la política de “urbanismo social” ha transformado espacios públicos en áreas de recreación, cultura y educación accesibles a todos los ciudadanos. A través de la construcción de parques-bibliotecas y otros proyectos de infraestructura en barrios históricamente marginados, Medellín ha logrado disminuir los niveles de violencia y exclusión social, promoviendo un desarrollo urbano inclusivo que beneficia tanto a los sectores desfavorecidos como a la sociedad en general. Estas iniciativas han generado un cambio en la percepción de los espacios públicos. La experiencia de Medellín muestra cómo las intervenciones urbanas inclusivas pueden ser efectivas en la reducción de la desigualdad y la construcción de una sociedad más equitativa.
Es importante destacar que estas políticas de inversión en espacios públicos no solo ofrecen beneficios inmediatos, sino también a largo plazo. El acceso a espacios de calidad, donde las personas puedan interactuar y disfrutar de actividades culturales y recreativas, fomenta una mayor cohesión social y crea condiciones propicias para una sociedad menos dividida. Además, los espacios públicos inclusivos son una plataforma de dinamización económica, especialmente para los sectores de bajos ingresos que pueden desarrollar actividades comerciales informales en estas áreas, como la venta de alimentos y productos artesanales. En este sentido, la inversión en lo público no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión en capital social y en la reducción de diferencias sociales.
La desigualdad no es solo resultado de estructuras económicas, sino también de decisiones individuales y colectivas, que reflejan valores y prejuicios arraigados (Dubet (2015). Estas desigualdades materiales afectan de manera significativa a las clases menos favorecidas, atravesando la desigualdad existencial y limitando su acceso a una vida digna. El análisis de estas dinámicas desde la sociología política permite una comprensión más profunda de las prácticas y elecciones que refuerzan la desigualdad en la sociedad.
Superar la desigualdad requiere de un enfoque que recupere el valor de lo colectivo y promueva la solidaridad. El Estado tiene un rol esencial como agente regulador y redistributivo para abordar estas desigualdades. Su intervención es fundamental para garantizar el acceso a servicios públicos de calidad y asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de ellos. Esto incluye no solo mejorar los servicios de salud y educación, sino también fortalecer el acceso a espacios de esparcimiento y cultura. Sin un compromiso real del Estado, las desigualdades tienden a perpetuarse, erosionando la cohesión social y legitimando la exclusión.
A través de ejemplos como los mencionados, se puede inferir cómo una política pública enfocada en la inclusión y la inversión en espacios públicos accesibles puede tener un impacto significativo en la reducción de desigualdades. Además de proporcionar servicios básicos, el Estado debe garantizar espacios públicos que promuevan la convivencia y permitan que personas de diferentes estratos sociales interactúen en un entorno común. Esto refuerza el sentido de comunidad y pertenencia, eliminando las burbujas de homogeneidad.
Aunque las clases sociales han cambiado de forma, siguen siendo una fuerza estructurante en el siglo XXI, y su análisis nos invita a reflexionar sobre la necesidad urgente de políticas que promuevan la justicia social y combatan la creciente desigualdad (Therborn, 2013). La inversión en espacios públicos accesibles no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también sienta las bases para una sociedad más equitativa y cohesionada, donde todos puedan compartir y disfrutar de lo público como un derecho y no como un privilegio.
Referencias Bibliográficas
– Dubet, François, 2015 (2014), “La elección de la desigualdad”, en ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario), Siglo XXI, Bueno Aires, pp. 19-41.
– Therborn, Göran, 2015 (2013), “Los tres tipos de (des)igualdad y su génesis”, en La desigualdad mata, Alianza Editorial, Madrid, pp. 57-75 6.
– Therborn, Göran, 2013, “Las clases en el siglo XXI”, en New Left Review No. 78, pp. 11-38.
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