Desde hace algunos días he venido reflexionando sobre la ausencia de responsabilidad política que le asiste a la JEP, ya que, así sea un modelo de justicia transicional cuyo origen se remonta a una negociación estrictamente política entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, luego de su creación -en lo que Santos liquidó su precario capital político- la JEP cobró autonomía judicial, distanciándose así de cualquier controversia política. De ahí que cuando el exsecretariado fariano como alta parte contratante cuestionó sus actuaciones en un momento crítico el entonces presidente de la Jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, haya respondido con una frase lapidaria: “No les corresponde emitir ordenes ni orientaciones”.
Ni los exFarc, ni Santos, ni Petro -por intermedio del excanciller Leyva- u otro sector político, cuentan con la potestad de cuestionar o marcar el ritmo de la JEP. Para los primeros, en relación a su comparecencia en algunos de los macrocasos, están a disposición una serie de recursos para resolver controversias internas. Ya lo demás, es controversia política.
Ahora bien, esa ausencia de responsabilidad política no impide que sectores extremistas cuestionen o ponga en entredicho algunas de sus decisiones. Y lo hacen, ad portas de iniciar un ciclo electoral, motivados por afanes politiqueros o por corresponder con una visión deformada de la historia que comparten con una base electoral sectaria y radical. Ese fue el punto de partida del reciente acto hostil, violento y discriminatorio de un representante de extrema derecha hacia una muestra simbólica que las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales -los mal llamados “falsos positivos”- instalaron en el recinto del Congreso.
A la acción violenta y revictimizante del congresista, le siguió -en una secuencia tan grotesca como denigrante- un cuestionamiento sobre el universo de victimización de las ejecuciones extrajudiciales. Con una pregunta recurrente entre las huestes de la extrema derecha: sobre si los 6.402 -cifra que la JEP instaló en la memoria como punto de inflexión en uno de los crímenes más atroces del conflicto armado- era verídica o sí solo era la “invención” de una justicia transicional que sistemáticamente esa extrema derecha negacionista ha degradado como funcional a la izquierda.
Se le exigió a la JEP presentar los nombres y el número de cédula de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Creo que muy pocas veces la justicia transicional se ha visto expuesta a un ataque tan politiquero, vil y rastrero; sin embargo, el magistrado Alejandro Ramelli, recién posesionado como presidente de la Jurisdicción, respondió a la bajeza con altura histórica, ya que en un acto público en el cual se restituyó la muestra simbólica de las madres y se dieron a conocer los nombres de 1.934 víctimas cuyos asesinatos o desapariciones forzadas fueron esclarecidos por la JEP, afirmó: “La pregunta por la cifra, repito, es inmoral”.
Nada más que agregar. No tiene sentido darle más visibilidad al afán politiquero y mediático de una extrema derecha negacionista que seguramente seguirá atacando a la JEP, puesto que su agenda no son los derechos de las víctimas o la búsqueda de la verdad; para nada, su única motivación se encuentra en atizar el odio y corresponder a los intereses de una base electoral sectaria.
Si considero que la JEP debe responder a preguntas válidas que se han venido formulando desde diversas organizaciones preocupadas no solo por el estado de avance o los criterios de priorización en los macrocasos, sino por el “congelamiento” en el que se encuentran múltiples procesos en la justicia ordinaria.
¿Qué va a pasar con estos procesos congelados si nunca llegan a pasar por el resorte de la justicia transicional?, ¿Qué pasará si la JEP no logra resolver el universo de victimización de la totalidad de los macrocasos en los años que le restan?, ¿Volverán a la justicia ordinaria poniendo en vilo la seguridad jurídica de quienes han venido compareciendo?, ¿Cuándo se presentarán las primeras sentencias y cómo será el despliegue territorial del Sistema Restaurativo?
Sin afanes politiqueros o negacionistas, estimo que esas preguntas son muy pertinentes, porque así a la JEP no le asista responsabilidad política alguna, si le asiste una responsabilidad moral con las víctimas y además con la historia. Y el tiempo se va agotando.
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