Se cumplen ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, un tratado de 310 páginas suscrito entre las extintas Farc-ep y el Gobierno de Juan Manuel Santos y convertido -a buen recaudo y en perspectiva siempre positiva- en el mayor punto de inflexión en la historia reciente del país. Por estas fechas no solo se conmemora la firma de un extenso acuerdo de paz -otro más en una estela casi interminable- sino que, además, se ponen sobre la mesa balances y evaluaciones sobre el potencial de un Acuerdo que, con la intención de transformar el conjunto de la sociedad colombiana, selló el fin del conflicto con la mayor insurgencia que se haya conocido en el hemisferio occidental.
Según la perspectiva, la implementación de lo acordado en los últimos dos años se vislumbra desde un claroscuro.
Por un lado, el Gobierno Petro -instituyendo el Acuerdo como la base de su política de Paz Total- insiste en su compromiso de implementarlo “a rajatabla”. Algo que se ha puesto en entredicho por diversos sectores. De ahí que se encuentre avanzando en dos carriles; el primero, tiene que ver con la reciente actualización al Plan Marco de Implementación -PMI- bajo el eslogan: “La Paz vuelve a tener rumbo”; y el segundo, se relaciona -en una combinación entre capacidad política y experticia técnica- con la activación de un Plan de Aceleración orientado desde el Ministerio del Interior por Juan Fernando Cristo.
La actualización del PMI es trascendental porque establece una hoja de ruta administrativa y operativa que orientará la implementación hasta el 2038.
Así no sea un tema recurrente en la opinión pública, el PMI es un instrumento técnico clave dado que define la responsabilidad de 53 entidades y dependencias del orden nacional en la implementación de los seis puntos del Acuerdo; además, establece variables de seguimiento, evaluación y monitoreo. Concluida la actualización, su mayor reto se encuentra en no quedarse como un formidable documento de planeación técnica, sino en que se traduzca -con mucha voluntad social y política, claro está- en estrategias y acciones que impulsen una verdadera transformación territorial.
Por otro lado, se ha cuestionado que la potencia transformadora del Acuerdo perdió tracción ante la Paz Total. Un contrasentido: porque sin la implementación integral del Acuerdo no habrá Paz Total. Aunque creo que esto ha ido virando conforme la Paz Total va cediendo en sus mayores ambiciones. Al Gobierno cada vez le queda más claro que el Acuerdo es una brújula que orienta el sentido de la reforma agraria, las medidas de transformación del sistema político, así como un modelo de justicia que involucre a todos los actores -primeros, segundos o terceros- para darle un cierre definitivo -en términos judiciales y de reconocimiento de la verdad- al conflicto armado.
En los próximos meses veremos cuáles son los alcances del Plan de Aceleración que viene liderando el ministro Cristo -con un marcado énfasis en la reforma agraria y en los municipios PDET-; la efectividad de un nuevo modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito que, a su vez, sustituyó el creado en el Acuerdo; la financiación y el despliegue del Sistema Restaurativo de la JEP (con las sanciones propias como una realidad); y el aterrizaje de las 211 acciones del Programa de Reincorporación Integral -PRI- que atiende a más de 12.000 firmantes de paz, cuyas exigencias se concentran en el acceso a tierras y a vivienda.
Temas que serán abordados en el evento Ocho años del Acuerdo de Paz: Avances y Retos. A celebrarse el martes 26 de noviembre en el campus de la Universidad de Antioquia.
*En el portal Isegoría se puede encontrar una serie de columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con los procesos de diálogo y con la política de paz. Esta información se puede consultar en https://isegoria.udea.edu.co/
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