Sobre la crisis de la Universidad de Antioquia. Una palabra más

La crisis financiera desatada en la Universidad de Antioquia se ha venido enfocando, no sin razón, en el escandaloso salario de un profesor que gana por encima de 75 millones de pesos mensuales, más del doble, en otros términos, que el salario presidencial. La crisis financiera de la Universidad de Antioquia ha motivado, como sucedió en la Universidad Nacional con la elección espuria de Ismael Peña como rector, una serie de debates que tocan, en su trasfondo, con la crisis de legitimidad de las directivas de la universidad pública nacional, que han ostentado el poder en este largo y agrio siglo XXI.

Las desacertadas declaraciones del Secretario de Educación del Departamento de Antioquia, el exrector Mauricio Alviar, que quiso resolver el problema de iliquidez cercenando la mitad de las cabezas de profesores de cátedra (o los que figuraban con tal) motivó una reacción en cadena en muchas direcciones, sin que hasta el momento se haya logrado dar una claridad no solo del trasfondo de esta crisis financiera (que remonta a los proyectos inconclusos del Edificio de salud pública que va costado casi 170 mil millones, entre otros más), sino que no se asocién las consecuencias de esta grave crisis puntual con los debates que hoy corren en el Congreso de la República sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Los 75 millones o más devengados por este profesor universitario han sido tildados como un salario escandaloso, inmoral, no sin justa razón. Las venas abiertas, es decir, el desangre financiero de las universidades públicas (en la UNAL se han detectado salarios cerca de los 90 millones o viáticos anuales injustificados de 400 millones anuales a profesores de la cuerda de la camarilla rectoral de la exrectora Dolly Montoya Castaño) exige una revisión de fondo que remita a la pregunta fundamental ¿qué universidad pública para qué nación con futuro diferenciado?

Muy desafortunadamente la ocasión que tuvo la exministra  de Educación Nacional Aurora Vergara de emprender y sacar adelante una ley estatutaria de la educación y una correspondiente a la educación superior de país, se le fue de las manos. La dejó el tren, en medio de su incapacidad de comprender el clima político ácido y malintencionado que ronda en el Congreso y las marrullas consagradas, desde décadas, en el seno de la alta administración de las universidades públicas del país, viciadas, hasta los tuétanos, de la herencia política del uribismo, que, como La Mama Grande macondiana, se hizo de todos los cargos directivos, los jugosos contratos y el favoritismo clientelar en nuestras universidades durante este siglo XXI. En todas.

Así que en realidad esta crisis financiera (sus malos manejos, las desacertadas decisiones de su Consejo Superior Universitario, los desvaríos ególatras del mismo Alviar de imponer un examen de admisión que implicó un cierre de un año de la Universidad de Antioquia), revienta por donde menos se les esperaba. El orgullo paisa. La Universidad de Antioquia, que deja a sus profesores sin salario pagado cumplidamente, se ve sometida a una austeridad que flagela, en primera instancia, al ya flagelado profesor de cátedra, anunciado una masacre laboral, sin lograr responder, es decir, plantear alternativas de fondo, propias de la institución universitaria que se reclama Alma Mater del Departamento.

La crisis financiera de la Universidad de Antioquia es la crisis múltiple del sistema universitaria colombiano, que obra como la tachuela que desinfla la rueda a medianoche, en medio de los relámpagos, acaba el encantador paseo de las directivas universitarias; las obliga regresar a casa y comenzar a desvelarse. La crisis de la Universidad de Antioquia, como la muy grave que padeció la UNAL, meses atrás, es la crisis del sistema universitario nacional (que en realidad no es un sistema conforme el Informe de la OCDE), la crisis misma de la universidad colombiana, que, como dijimos, debe plantear qué universidad para qué país.

Se precisa, inevitablemente, retornar a la Constitución de 1886 de Miguel Antonio Caro para empezar a tirar el largo hilo de las desgracias del presente universitario para que dé un salto de tigre sobre el laberinto conceptual.  Con su laconismo dogmático, le bastó al gramático hiper-conservador medio renglón para reconducir el destino de la nación: “Artículo 41.- La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica.” Con ello Caro desmontó de un plumazo la Universidad Nacional de Colombia, cuyo primer rector, el geógrafo y constitucionalista Manuel Ancízar (autor de un preciosísimo libro Peregrinación de Alpha de 1850) había sentado sus bases intelectuales en 1867. Así se gangrenó la matriz de la nación secular, moderna, popular que allí se anunciaba.

No otra cosa se hizo en la Constitución de 1991, con el matiz diferencial de que los constituyentes apenas sabían quién era Caro y ninguno fue un gramático a prueba: “ARTÍCULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.” Los dos textos constitucionales se corresponden en sus efectos, a saber, dejan la educación nacional a los caprichos ideológicos y a la codicia usurera de los particulares (forman roscas, clientelas, mafias), por tanto, al sistema universitario. Los dos minan la unidad nacional, socavan los postulados de un Estado nacional que asuma los desafíos para superar las abismales diferencias regionales, multiculturales, sociales, de género, etc., la precisa concepción de un sistema nacional de educación superior para una nación futura. Una nación en paz.

La Constitución del 1991 facilitó la metástasis gangrenosa de las universidades privadas, que venía de la época de Turbay Ayala (nuestro Pinochet con corbatín). Como hongos en primavera aparecieron los César Pérez Garcías (funda la Cooperativa de Colombia), los Carlos Morenos de Caros (funda la Corporación Universitaria Colombiana), etc., los dos condenados por crímenes. Antanas Mockus (sin calzones ni tirantas), como Vicerrector de la Universidad Nacional, anuncia en 1992, con euforia neoliberal, el nuevo derrotero misional que apuesta a patentes tecnológicas y venta de servicios a la gran empresa. Sus frutos desnudos están a la vista.

Este es el verdadero y múltiple desafío a la crisis actual universitaria, en la de la Universidad de Antioquia, en la Nacional, en la del Valle, UIS, Tecnológica de Pereira, y, en general, en todas las instituciones universitarias, tecnológicas y técnicas del país. Tomar el rábano histórico-conceptual por las hojas, recabar en las raíces de los problemas, que son de larga y corta e inmediata duración, al mismo tiempo.

Juan Guillermo Gómez García

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en filosofía de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Profesor UN y UdeA.

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