Esta reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) plantea un impacto significativo en la estructura financiera del país, generando controversia en los sectores económico, político y social. A continuación, me permito presentar un análisis de los elementos clave:
La reforma al SGP intenta ampliar el porcentaje de ingresos transferidos a las regiones, buscando mayor autonomía financiera para los departamentos y municipios. Sin embargo, el incremento propuesto del 25.7% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 12 años, trae consigo múltiples interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el marco fiscal.
PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD FISCAL
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha expresado su preocupación de que esta reforma, aun con los ajustes realizados, pueda llevar al país a un límite de deuda pública que comprometa la estabilidad económica. Según el CARF, la deuda podría superar el 71% del PIB, llevando al incumplimiento de la regla fiscal. Además, el impacto sobre el déficit fiscal y la deuda pública sería insostenible, obligando al Estado a realizar reformas tributarias adicionales para financiar el aumento de transferencias. Es un riesgo elevado en un contexto donde la economía nacional está en desaceleración y la recaudación tributaria ha caído.
FALTA DE DEFINICIÓN EN LAS COMPETENCIAS
Uno de los puntos más críticos es que la reforma establece el incremento de transferencias sin una claridad previa sobre las competencias que se trasladarán a los entes territoriales. Es decir, se estaría asignando más recursos a las regiones sin definir qué responsabilidades y qué costos adicionales asumirán estas entidades. Esto equivale a aprobar una asignación de fondos sin tener un plan claro de gestión, lo que aumenta el riesgo de ineficiencia y corrupción en la administración de estos recursos.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA
En áreas con alta incidencia de violencia y criminalidad, como aquellas donde predominan los cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones criminales, se teme que estos recursos adicionales terminen en manos de actores ilegales. Diversos informes, incluidos los de la ONU, han advertido sobre el fortalecimiento de economías ilícitas que están erosionando la autoridad estatal en muchas zonas del país. Sin una estrategia de seguridad y control territorial efectiva, esta reforma podría facilitar la corrupción y el financiamiento indirecto de grupos ilegales.
UNA REFORMA A ESPALDAS DE LA REALIDAD ECONÓMICA
La estructura económica nacional enfrenta una caída en el recaudo tributario y en la inversión. Mientras la economía no logre un crecimiento más robusto y estable, resulta problemático asumir un incremento progresivo de transferencias sin las fuentes suficientes de ingresos. Aumentar el porcentaje de recursos para los entes territoriales no es la solución por sí sola, ya que la disponibilidad de esos recursos depende directamente del crecimiento económico nacional, que actualmente es modesto (alrededor de un 1.5%).
Para que esta reforma tenga un efecto positivo, es esencial que:
Se defina y apruebe una ley de competencias antes de proceder con el aumento en las transferencias. Esto garantizará que cada nivel de gobierno tenga claras sus responsabilidades y los recursos necesarios para ejercerlas.
Fortalecer la seguridad y control territorial en las regiones donde la criminalidad amenaza la gestión pública. Sin esto, los recursos transferidos podrían alimentar redes de corrupción y delincuencia organizada.
Evaluar la sostenibilidad fiscal de la reforma para evitar que el país alcance niveles de endeudamiento insostenibles y comprometa sus finanzas futuras.
Implementar estrategias de crecimiento económico que estimulen la producción, el empleo y el recaudo tributario. Solo así será posible una distribución adecuada y sostenible de los ingresos.
La reforma al SGP refleja una buena intención de apoyar a las regiones, pero corre el riesgo de ser impracticable si no se abordan los factores críticos. La sostenibilidad fiscal, el control territorial y una ley clara de competencias son pasos ineludibles para evitar que esta reforma se convierta en una carga para las finanzas públicas y, en lugar de empoderar a las regiones, socave el desarrollo del país en su conjunto.
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