La ruralidad de Medellín corresponde al 68 % del territorio del municipio de Medellín, según el POT de 2014, son en total del municipio 37621 ha: 12000 ha son de uso urbano, 10263 ha corresponden al Distrito Rural Campesino (DRC) y 15800 ha corresponden a suelo en conservación, del suelo urbano son 1409 ha en expansión urbana. Del Distrito de Manejo Integrado (DMI) en jurisdicción de CORANTIOQUIA son 14078 ha y de la Reserva Protectora Nare en jurisdicción de CORNARE (corregimiento de Santa Elena) son 2420 ha. 
Este gran territorio, si se interviniera adecuadamente, con ordenamiento territorial y política pública, solo tiene potencialidades y ofrecimientos para el municipio: Producción de bosques y biodiversidad, prevención al calentamiento global y de la ciudad, regulación del ciclo del agua y oferta de agua para el consumo y la producción de alimentos, suelos disponibles para actuar sobre el cambio climático, economía y vida campesina de mediana ladera en la franja occidental (corregimientos San Antonio de Prado, Altavista, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas) y en la franja del oriente (corregimiento de Santa Elena),continuidad de corredores biológicos a través de quebradas que pueden unir Oriente 
y Occidente y todo el Valle de Aburrá, y sistemas agroalimentarios de hortalizas, floricultores, sistemas tradicionales cafeteros y sistemas porcino – ganaderos de producción mixta. Aunque parezca mentiras tenemos capacidad para actuar ante la crisis climática y el desastre ambiental de la ciudad.
El poblamiento de esta importantísima área rural del Distrito se ha super densificado en los últimos años, sobre todo después de las grandes intervenciones de final del siglo pasado, en San Antonio de Prado con el Limonar y en San Cristóbal con Ciudadela de Occidente, con ellas se abrieron dos frentes de densificación sin precedentes de urbanizaciones, edificaciones en alturas y zonas residenciales. 
En la franja de expansión se han establecido con el mínimo control urbanístico grandes urbanizaciones en alturas, la mayoría sin el cumplimiento de los requerimientos de calidad: 15% en espacio público y 15 % de áreas verdes por metro cuadrado construido, muchas de ellas sin licencias, lo que implican grandes zonas de hacinamiento y densificación para la ciudad, oscuras y con problemas de movilidad y faltas de equipamiento para la socialización, el esparcimiento, los deportes y la cultura. Se encuentran así frentes de densificación sin control hacia pajarito y palenque en San Cristóbal y del Limonar hacia la vereda la Florida den San Antonio de Prado, además de zonas de expansión no planificadas en Altavista en las zonas del Morro Corazón, tanques y Aguas Frías.
Después de pandemia, 2018 y 2019, se ha acelerado otro sistema de poblamiento en los corregimientos, ya previsto en Santa Elena, de parcelaciones, fincas de recreo y vivienda campestre, que se extiende, también sin ningún control, hacia Altavista, la parte alta de San Antonio y en San Cristóbal: en las veredas La Palma, Playas, La Cuchilla, el Uvito, el Llano, Travesías, el Naranjal y San José de la Montaña. Pasó lo que se esperaba, el viaducto Medellín – Urabá, la nueva vía al mar, acelera en forma alarmante estos nuevos poblamientos, así como los asentamientos informales al lado y lado de esta vía. 
Esta población se mezcla en los corregimientos con los tradicionales campesinos, que ahora sufren y se vulneran por la falta de disponibilidad de agua para el consumo y los cultivos, el cobro desmedido de impuestos, la falta de alternativas para la movilidad, la ausencia de sistemas de salud, sin acceso a ciencia, tecnología e innovación, y la falta de alternativas de mercado para sus productos. San Sebastián de Palmitas, de a pocos, se densifica con fincas de recreo y vivienda campestre, pero ha quedado, además, como detenida en el tiempo sin infraestructura, equipamientos de salud y educación, sin transporte público y sin agua potable incluso para las escuelas rurales.
Este poblamiento de altas densidades sin control, apalancado por actores armados ilegales, el mercado ilegal y la especulación del suelo, la construcción ilegal y sin licenciamiento, y la falta de regulación y control por parte de la administración del Distrito de Ciencia, Innovación y Tecnología de Medellín, soporta una población que excede los 500.000 
habitantes, aproximadamente el 25% del total de Medellín, y que no entran en las cuentas de población a la hora de distribuir el presupuesto municipal, pues esta población se le considera rural y de corregimientos sabiendo, como se muestra, que en su gran mayoría es urbana.
La otra población en las 53 veredas de los cinco corregimientos, que configura una gran área de 10263 ha en el Distrito Rural Campesino, corresponde a mujeres y hombres campesinos, de entre 8000 y 12000 familias, que siempre han quedado mal contadas en las caracterizaciones que ha hecho el municipio de Medellín, puesto que no se consideran las familias campesinas que viven en fincas menores de media hectárea, el mayor número de predios en producción, pasan de los 6.000 en los 5 corregimientos, pues prevalece la tradicional forma de división entre productores, dueños de predios y trabajadores agrícolas, y no se avanza como lo señala la norma internacional 
y nacional en el reconocimiento de mujeres y hombres campesinos como sujetos de derechos, que vivan en y del campo, se relacionen con el ciclo de alimentos y no solo con su producción, y que tradicionalmente se autodenominan como campesinos y campesinas. El Distrito insiste en definir el Plan Agrícola del Distrito, PAD, con prelación a productores y a hombres productores, olvidando a la familia y la prelación a las mujeres campesinas. Son para los 5 corregimientos y los 4 años del PAD un pírrico presupuesto de 16. 000 millones que no alcanzan ni para los insumos agrícolas.
Queda un área de mucha importancia que corresponde al área de conservación, 15.800 ha, que corresponde a un área de alta concentración de la propiedad sobre la tierra, pues más del 60 % es de predios mayores de 10 ha y en su mayoría, más del 50 %, se encuentra en potrero sin uso, otra parte en producción de coníferas. En la franja occidental estas áreas de conservación se encuentran en estado de abandono pues CORANTIOQUIA y el Distrito de Medellín no han podido 
construir un acuerdo para su manejo, mientras la primera insiste en un manejo estricto de conservación sin gente, el segundo prefiere un manejo de explotación forestal y manejo agroindustrial en el caso de San Antonio, en todo caso, por problemas de competencias las dos instancias político – administrativas han preferido abandonar su responsabilidad de consolidación territorial, dejando la productividad campesina en tensión y conflicto pues se encuentra dentro del área de conservación y prácticamente sin protección institucional.
En esta área de conservación existe otra mínima parte, 2367 ha, que ha adquirido el Distrito de Medellín por $ 35.533.175 mediante la Ley 99, 78 predios: 22 en Altavista, 33 en Santa Elena, 6 en San Antonio de Prado, 12 en San Cristóbal y 5 en San Sebastián de Palmitas, que hoy administra la Secretaría de medio ambiente bajo el sistema de acuerdos público privado en el caso del parque Arví y de guardabosques en los otros corregimientos, todos bajo el enfoque de conservación sin gente. Con este enfoque el Distrito compra predios y expulsa a familias campesinas tradicionales, las interviene con siembra de especies nativas (antes sólo con plantaciones forestales de coníferas) y las administra con guardabosques, como el caso en la vereda de Aguas Frías en Altavista. Todo esto a cambio de generar una estrategia de producción de bosques con el sistema de regeneración controlada y bajo la tutela de las mismas familias campesinas, incluso bajo el sistema de reforma agraria que actualmente implementa el gobierno nacional.
De esta forma, descontrolada y sin ordenamiento territorial, sin política pública y sin implementación del Distrito Rural Campesino, con una administración para la ruralidad dispersa en el Distrito de Medellín, sin presupuesto y francamente en declive, perdemos calidad territorial y oportunidades de sostenibilidad. Se requiere mirar hacia la ruralidad y descentrarse un tanto de la mirada urbana, modernizar la administración rural y redefinir figuras de ordenamiento que pongan orden a este poblamiento sin control, tener en cuenta que los corregimientos ya no coinciden con lo rural y los corregidores ya no fungen como autoridades locales, que avanza también una situación de déficit de agua, por pérdida del balance de oferta y demanda, como en el caso de San Cristóbal que ya registra cortes de racionamiento por escasez de agua de consumo. Hay que integrar, con justicia social y perspectiva de género a la población en el presupuesto del Distrito, actualizar la política pública, la última política pública perdió su vigencia en el 2009, formalizar la propiedad campesina con titulación compartida entre mujeres y hombres, se requieren tratamientos que le den seguridad social y territorial a las comunidades, movilidad sostenible, desarrollo rural integral y un estatuto tributario especial para la ruralidad, las curadurías rurales son necesarias para el control de la inmobiliaria y el mercado de tierras.
En últimas es hora de ordenamiento territorial y de política pública de la ruralidad, y justo en lo que queda de este 2024 y durante el 2025 el Distrito hará un proceso de ajuste del POT, que debería ser participativo e incluir a la población de los corregimientos, y ya que no es formulación sino ajuste solamente, debería actuar ante esta crisis en los 5 corregimientos del Distrito. Ojalá este ajuste sea de avanzada y no de retroceso para la ruralidad.
A propósito de esta situación se ha constituido la alianza por la ruralidad campesina del Valle de Aburrá entre el Instituto de Estudios Regionales – INER – y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional sede Medellín, la Universidad de San Buenaventura y la Corporación Penca de Sábila, con el fin de Impulsar el Distrito Rural Campesino, brindar asesoría y acompañamiento a las comunidades, realizar programas de extensión y desarrollar trabajos de investigación en pregrados y posgrados de los diferentes programas. En el marco de esta alianza la corporación Penca de Sábila y la Universidad San Buenaventura suscribieron un acuerdo para llevar a cabo el proyecto de investigación “Condiciones desde la gestión y el ordenamiento territorial para el desarrollo de la figura de Distrito Rural Campesino en Medellín”.
El contenido de este trabajo se presenta en el libro: “Reconfiguraciones espaciales en la ruralidad campesina de Medellín: planificaciones alternativas de un paisaje dinámico y en transformación”, que disponemos para el acceso ilimitado y sin costos para toda la población, universidades, organizaciones comunitarias y lideres y lideresas de los corregimientos. El texto se estructura en tres capítulos: 1. “La ruralidad: un espacio en disputa que es necesario reinventar”; 2. “Aproximaciones al territorio”, y 3. “Desafíos para la construcción de un DRC desde la base”. En general, el texto a la vez que actualiza y sintetiza los contenidos necesarios y pertinentes para emprender una propuesta de planificación, ofrece la información de tal manera que pueda servir como referente al momento de emprender estudios sobre la ruralidad y, en específico, sobre la ruralidad de Medellín. Asimismo, el texto, en sus tres capítulos, está concebido para servir de marco metodológico a la hora de emprender procesos de ordenamiento territorial en la ruralidad en el ámbito municipal. En el capítulo 3 se propone una alternativa de planificación desde abajo para el Distrito Rural Campesino —DRC— de Medellín. El cuarto y último capítulo, de consideraciones finales, sustenta porqué la planeación local, de abajo hacia arriba y a partir de microunidades de paisaje o unidades de gestión territorial —UGT—, son una oportunidad para proteger el lugar e incorporar espacios y paisajes en transformación.
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