“Existen denuncias periódicas de acoso en el gobierno nacional y en diversos organismos e instituciones del Estado. La administración de Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido objeto de conductas inapropiadas y violentas por parte de varios de sus funcionarios. Los de más alto nivel han sido los más denunciados, sin embargo, son aquellos quienes misteriosamente son protegidos minimizando los hechos, parecen estar blindados de rendir cuentas.”
En el gobierno del cambio se está normalizando uno de los delitos más notorios. Parece que una estrategia de la izquierda es infundir una sensación de inquietud y angustia en el público en general. El Pacto Histórico y sus fuerzas aliadas se han convertido en expertos en acosar y socavar la intimidad de la prensa, los empresarios, la oposición e incluso los profesionales independientes. Quienes se han pronunciado contra representantes del servicio diplomático, actores de los medios públicos y ministros o viceministros han puesto de relieve las prácticas cuestionables que rodean a la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego. Parece que el gobierno se está volviendo cada día más divisivo, mientras que los activistas influyentes, que actúan como servidores públicos, esperan instrucciones desde arriba para hacerse eco del sentimiento de delirio de persecución que es predominante en el día a día de su presidente.
A lo largo y ancho de la geografía nacional se está dejando de lado el concepto de libertad interior. En el clima actual, en el que el acoso laboral no es más que uno de los numerosos escándalos que rodean al gobierno del cambio, resulta cada vez más difícil discernir la verdad. Los que fueron engañados en un principio están ahora desilusionados, tras haber reconocido la verdadera naturaleza de individuos que se presentaban como valiosos y comprometidos con el servicio al país. Por la doble moral que se desprende de todo lo conocido, pareciera que el pacto histórico que se concibió para Colombia admira a estos individuos que, desde el lenguaje de la mediocridad, sacan a relucir sus deseos y envidias reprimidas. Es evidente que la dirigencia actual carece de coherencia y no protege los intereses del mismo pueblo al que se supone deben servir.
El modus operandi de los agresores es negar todas las acusaciones y presentar sus acciones como el resultado de una mala interpretación. Un entorno de victimización y revictimización en el que expresan su voluntad de colaborar con las investigaciones de las autoridades, pero simultáneamente tratan de retrasar el proceso, desviar la atención y conseguir un nombramiento que les proporcione inmunidad, lo que les permite eludir la responsabilidad por su comportamiento inapropiado. Las pruebas presentadas, que incluyen registros de chats, fotografías, grabaciones de vídeo y relatos de testigos presenciales, demuestran claramente que los individuos acusados han incurrido en conductas inapropiadas y ofensivas que han dado lugar a denuncias por acoso sexual. Es claro que algunos sujetos se aprovechan de su posición de superioridad en el lugar de trabajo para acceder a personas del sexo opuesto e interactuar de forma inconveniente con ellas.
Es preocupante que la encuesta del Ministerio de Trabajo sobre acoso sexual en el lugar de trabajo haya revelado que las formas más frecuentes de acoso sexual en el recinto laboral de los colombianos son las solicitudes o presiones para participar en actividades sexuales (82%), los intentos y ocurrencias de actos sexuales (79%), los correos electrónicos y mensajes de texto a través de teléfonos móviles (72%) y el contacto físico consentido que excede los límites aceptables (72%). Estos comportamientos a menudo se malinterpretan y se han normalizado. Este fenómeno es especialmente frecuente en los casos en los que están implicadas mujeres, aunque no pueden descartarse los casos en los que están implicados hombres. En respuesta a estos incidentes, muchas personas han tomado la iniciativa de informar a sus familiares (33%), han pedido ayuda a las autoridades (24%) o han mantenido el asunto dentro del círculo de amigos (22%). La situación social de secreto a voces ha llevado a que estos escándalos se hagan de dominio público, destapando los medios de comunicación un problema ya existente en la sociedad colombiana y que requiere atención.
La situación política actual, que involucra a personas que representan al gobierno, debe ir más allá de los llamados a la renuncia y a que los altos funcionarios de la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego se unan para mitigar el impacto de la oposición. A la luz de la situación actual, es esencial abordar cualquier diferencia conceptual e ideológica de manera constructiva. Es crucial evitar cualquier forma de estigmatización o agravio. Sin embargo, hay que rechazar inequívocamente cualquier acto de violencia de género o abuso de poder. Es imprescindible condenar incuestionablemente este tipo de actos. La normalización de estos comportamientos en las instituciones públicas y privadas demuestra que existe una doble moral en la sociedad, espiral comportamental que avala que existan numerosos informes sobre violencia sexual. Las pruebas sugieren que, en la búsqueda del cambio, hay una serie de casos en los que el doble rasero y los falsos dilemas han dado lugar a casos de acoso sexual y machismo. La capacidad para crear entornos seguros y fomentar formas alternativas de masculinidad se ha visto comprometidas.
La cuestión que se aborda en esta columna es más compleja de lo que muchos quieren hacer creer. Aunque se intenta restar importancia al asunto hablando de falsas acusaciones y presentándolo como un escándalo mediático, este enfoque no reconoce la gravedad de la situación. Para comprender la verdad, es esencial comprometerse con los implicados y examinar los hechos. El principio de inocencia no implica encubrir la verdad, nadie está tratando de desacreditar al gobierno y a su presidente reproduciendo filtraciones fuera de contexto, o dedicarse a acusaciones infundadas. La izquierda política colombiana no está en condiciones de dar lecciones de moral en materia de reputación. Es hora de romper el silencio y sacar a la luz los abusos y acosos. Cada día es más evidente que se presentan un número importante de denuncias. Se trata de un asunto muy grave que requiere la atención de la comunidad en general. Hay una serie de consecuencias psicológicas y sociales que ya han empezado a surgir en Colombia.
Se asiste a una tendencia creciente de abuso y acoso que tiene un impacto significativo y duradero en las víctimas, tanto a corto como a largo plazo. Las consecuencias de este fenómeno pueden observarse en toda una serie de reacciones, como ansiedad, depresión, aislamiento, estrés, ira y comportamientos autodestructivos. Se trata de una cuestión importante que ha sido señalada por aquellos cuyos derechos han sido vulnerados y que no han recibido la atención que merecen. Para abordar de frente la cuestión de la violencia de género, es vital adoptar un enfoque proactivo y asertivo. Es crucial comprender claramente la realidad de la situación para evitar la normalización de un acto que debería tratarse con tolerancia cero. Es importante tener en cuenta que no se trata de una cuestión menor. Es esencial promover la libertad y la autonomía de los seres humanos, respetar su derecho a tomar decisiones y reconocer el significado de la palabra «NO». A todos corresponde luchar contra la violencia de género. Quienes presencian o conocen estos actos pero callan y los avalan son cómplices de un atentado contra los derechos de los demás. Es imperativo que no se normalice estos comportamientos, como si fueran intrascendentes.
Comentar