A pocos días de entregarle el poder a Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador -cuya aprobación al cierre de su mandato se fijó en un impresionante 73%-, valiéndose de una renovada supermayoría en el Congreso logró aprobar una ambiciosa reforma al Poder Judicial federal. Cimentado así un pilar clave en el primer sexenio de la Cuarta Transformación -la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910, son las tres primeras- y legándole a Claudia Sheinbaum una reforma que de resultar efectiva en la magnitud de sus proporciones, se podría convertir en un referente para la región.
Ciertamente la discusión no estuvo excepta de polémica, la oposición promovió protestas en las cuales se exigía su retiro al considerar que solo era la punta de lanza de AMLO para profundizar la politización de la justicia, ya que implica que a partir de 2025 -en una primera elección extraordinaria- los magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por votación popular. Con la notable excepción de Bolivia, en la región no se tienen antecedentes de procesos electorales para elegir a los titulares a más alto nivel en el poder judicial; por lo general, se tiende a priorizar el sistema de cooptación o de democracia indirecta donde el presidente postula y el Congreso elige.
A pesar de un extendida polémica que implicó duras críticas por parte de la oposición y de sectores especializados, así como de un paro indefinido de miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial; entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, se armó el bloque para obtener la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. A AMLO también le favoreció la amplia mayoría que obtuvo el bloque oficialista en las elecciones del 2 de junio. Porque cuando la reforma fue presentada al Congreso en febrero el Gobierno no contaba con los votos necesarios para su aprobación.
En junio de 2025 se pondrá en marcha la primera elección extraordinaria de los magistrados y jueces del sistema federal -cerca de 2.000 personas- a partir de listas presentadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La reforma, además, establece que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en atención al número de votos que obtenga cada candidatura. También disminuye los mandatos de los magistrados, reduce las remuneraciones, la cantidad de integrantes en la Corte Suprema y el Tribunal Electoral, y elimina la pensión vitalicia.
Pensar en la elección de magistrados y jueces en sistemas electorales constituidos desde el clientelismo y por la injerencia de organizaciones criminales, no deja de ser una movida altamente arriesgada, pues los administradores de justicia se podrían ver relegados a la mera condición de operadores políticos, dependientes in extenso de redes de contactos o de intereses partidistas. Algo que en lo inmediato favorece al bloque oficialista liderado por Morena como una fuerza política hegemónica, pero que, conforme vaya bajando su arraigo y mengue su popularidad, se podría convertir en un verdadero boomerang.
Aunque resulta ingenuo no pensar que el Poder Judicial se encuentra politizado o sometido a los intereses -ya sea en el sistema federal o en los sistemas locales- del crimen organizado. Con la reforma AMLO buscó que la justicia “no esté al servicio de una minoría”, y para ello, confía en las mayorías electorales que se han convertido en el sostén de continuidad en el ideario de la Cuarta Transformación.
Pero la reforma solo toca el Poder Judicial a nivel federal, le corresponderá a Sheinbaum plantear una reforma a los sistemas locales que llevan, según datos oficiales, el 80% de los procesos en el país. Es ahí donde campea la impunidad, la desidia y la corrupción.
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