“Un verdadero líder comprometido con la transparencia no debería tener miedo de enfrentar a las instituciones del Estado”
La reciente investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro ha sacudido nuevamente el panorama político colombiano. Esta vez, el foco está puesto en posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, incluyendo presuntas donaciones no reportadas, una cuestión que para cualquier demócrata comprometido debería ser motivo de profunda preocupación. Desde el gobierno de Petro, se ha tratado de restar importancia al asunto, calificándolo de una maniobra más en su contra. Pero la realidad es que esta investigación no surge de la nada. Se basa en denuncias serias, respaldadas por pruebas que han salido a la luz y que, en una democracia transparente, merecen un escrutinio riguroso.
Lo más preocupante es la actitud del presidente y sus seguidores. En lugar de promover la transparencia, se ha optado por deslegitimar a las instituciones. El CNE, un órgano autónomo, está cumpliendo su deber constitucional al investigar estas denuncias. El que nada debe, nada teme, reza un viejo adagio. Entonces, si Petro no tiene nada que esconder, ¿por qué el rechazo a este proceso?
El episodio de la niñera de Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro, fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Los audios filtrados por Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y hombre clave en la campaña de Petro, levantaron sospechas sobre la entrada de dineros de dudosa procedencia. Este caso, más allá del escándalo mediático, sentó las bases para que la lupa se centrara en la campaña de Petro. Benedetti, un hombre cercano al poder y conocedor de los entresijos políticos de Colombia, no es alguien que pueda ser fácilmente ignorado. Sus declaraciones, aunque luego matizadas o desmentidas, abrieron una caja de Pandora que pone en entredicho la integridad de una campaña que prometía el cambio, pero que ahora parece envuelta en las mismas prácticas oscuras que tanto criticó.
El CNE no solo investiga las declaraciones de Benedetti, sino también otros aspectos preocupantes, como la posibilidad de que donaciones millonarias no hayan sido reportadas en los balances oficiales. Si bien es cierto que muchas campañas políticas en Colombia han sido señaladas por irregularidades, lo que diferencia este caso es que Petro llegó al poder con un discurso de moralidad política, transparencia y combate a la corrupción. Su campaña prometía ser un «gobierno del pueblo y para el pueblo», pero estas acusaciones sugieren una desconexión entre las palabras y los hechos.
Un verdadero líder comprometido con la transparencia no debería tener miedo de enfrentar a las instituciones del Estado, especialmente cuando se trata de garantizar que el proceso electoral sea limpio y justo. Sin embargo, lo que hemos visto es una actitud de confrontación con el CNE, sugiriendo una posible instrumentalización de la narrativa de «persecución política» para desviar la atención y evitar una investigación a fondo.
Es imperativo exigir que el gobierno de Petro no se ampare en su retórica de victimización y permita que las instituciones hagan su trabajo. Este gobierno llegó con la promesa de cambiar las viejas prácticas, pero si las investigaciones confirman las sospechas, el cambio que ha traído no será más que un reciclaje de los mismos vicios que han minado la credibilidad de la política colombiana durante décadas.
El CNE debe continuar su trabajo sin presiones políticas y la ciudadanía tiene el deber de exigir rendición de cuentas. Al final del día, lo que está en juego no es solo la legitimidad de la campaña de Gustavo Petro, sino la credibilidad del sistema democrático colombiano. Si el presidente no tiene nada que ocultar, como él mismo asegura, debería ser el primero en colaborar y aclarar las dudas que empañan su victoria. Porque, como bien dice el dicho: «El que nada debe, nada teme».
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