“el acceso a un derecho fundamental como el agua, podría convertirse en un privilegio de clase”
El pasado 20 de septiembre el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, anunció públicamente que la ciudad volverá a tener recortes de agua diarios a partir del próximo domingo 29 de septiembre. Esto, como una medida de emergencia debido a que las lluvias que se habían pronosticado para estos meses no han llegado y los embalses que abastecen a la ciudad comenzaron a bajar.
Sin embargo, esta reemergencia del racionamiento de agua en Bogotá ha puesto de manifiesto una realidad alarmante que trasciende las explicaciones simplistas del fenómeno de El Niño. La gerencia del agua en Bogotá requiere un enfoque más profundo y matizado, que considere las causas estructurales, así como las implicaciones de las decisiones políticas actuales.
De acuerdo con un informe de Mongabay Latam, el fenómeno del niño ha afectado drásticamente en años anteriores el nivel de los embalses. Pero ahora, no es el único responsable de la crisis hídrica que enfrenta actualmente la capital colombiana. El crecimiento poblacional de la ciudad y sus alrededores, la demanda de nuevas fuentes de agua potable y el aumento de la deforestación; son factores que potencian y pueden prolongar la gravedad del problema. Por años en Bogotá, la urbanización sin control ha llevado a una sobreexplotación de los recursos hídricos, sumado a la falta de inversión en infraestructura adecuada que pueda suministrar agua potable a la población más vulnerable. Esto se resume en dos cosas: que Bogotá no va a dejar de crecer urbanísticamente y que es urgente plantear soluciones estructurales y no temporales.
Mientras los Bogotanos tienen que bañarse a punta de balde y coca todas las mañanas. El alcalde Galán, usa medios de comunicación tradicionales y redes sociales para exacerbar las tensiones con el gobierno nacional, se ha dedicado a culpar al presidente Gustavo Petro de no agilizar las licencias ambientales para la ciudad, de no aportar suficientes recursos para la crisis y peor aún, de no permitir la construcción de otro embalse en Chingaza. ¿Este es realmente el foco del problema? Al parecer el alcalde Galán se ha propuesto usar la polarizada opinión pública como herramienta de expresión personal, nubla la atención de la ciudadanía sobre sus limitadas acciones por el medio ambiente y la población más vulnerable de la ciudad.
¿Qué pasó con el plan de expansión de la planta de tratamiento de Tibitoc? pues ha sido aplazada por los últimos tres alcaldes, y aunque expertos lo ven como una alternativa viable para asegurar el abastecimiento del recurso hídrico para la ciudad en años siguientes, la administración de Galán no se pronuncia al respecto sobre los años de atraso de la obra, sus intervenciones se resaltan más por aumentar la seguridad o defender la libertad de prensa. Pero, ¿y el Plan de la construcción del segmento norte de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO)? pues en la noche del miércoles 29 de mayo el concejo de Bogotá autorizó el controversial proyecto que diferentes concejales y expertos han criticado por el daño ambiental que generar la construcción de esta vía que pasaría muy cerca de humedales como Tibabuyes, La Conejera y la reserva Van Der Hammen, esto conllevaría a que se hagan planes de urbanización en estas zonas y en consecuencia, los daños ambientales sean inevitables para la región como el aumento de la contaminación y el desabastecimiento de agua para la creciente población.
Todo lo anterior nos deja en casi que un limbo de incertidumbre, pues la gestión del agua en Bogotá no puede ser vista como una cuestión aislada que recae sólo en el fenómeno del niño. Es necesario un cambio de paradigma, dejar de lado las soluciones superficiales y adoptar un enfoque integral que considere la salud de los ecosistemas, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. De lo contrario, el acceso a un derecho fundamental como el agua, podría convertirse en un privilegio de clase.
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