Salvar la Universidad de Antioquia: una disputa política o un bien público colectivo.La crisis financiera que atraviesan algunas universidades del país es un tema que ha concitado un interés mediático de gran importancia, en el centro de este debate se encuentra la Universidad de Antioquia, la segunda universidad pública más importante del país, y una de las mejores en los diferentes ránquines en las mediciones que se realizan constantemente. Esta posición “privilegiada” no la salva de la situación económica en la que se encuentra, pero si la ubica en el foco de la discusión, por no tener liquidez o flujo de caja, para el cierre del año 2024, se requiere un aproximado de 168 mil millones de pesos.
Son dos temas que requiere atención: primero, corresponde a la necesidad de resolver los temas coyunturales, que pasan por tener liquidez inmediata, y depende del concurso no solo del Gobierno nacional, sino también de los gobiernos departamental y distrital; y segundo, avanzar en una modificación a los artículos 86 y 87 de ley 30 del 1992 relacionados con el financiamiento.
Frente al primer tema, desde el Ministerio de Educación se envió una comunicación a los gobiernos de Antioquia y Medellín, para que participen en un pacto por la Universidad de Antioquia, a partir del cual la Gobernación aporte recursos adicionales y el Distrito aporte nuevos recursos. Además, un grupo de congresista de diferentes bancadas presentó una proposición al Gobierno para la aprobación de una partida de 168 mil millones, requeridos por la UdeA
También desde el Ministerio se convocó al rector John Jairo Arboleda Céspedes y a algunos congresistas, para que el 1 de octubre -en instalaciones del Ministerio- se discutan y busquen alternativas para resolver el tema financiero de la UdeA, se espera que en dicha reunión queden algunos compromisos claros. Sin embargo, perece que el oportunismo y la tensión política puede ser más fuerte, que esta noble causa, de salvar la Alma Mater y de paso el sueño de miles de jóvenes, para los que la Universidad de Antioquia es su única opción; se espera que el Gobernador y presidente del Consejo Superior de este centro educativo, y el alcalde de Medellín, asistas a la reunión y se comprometan, con la iniciativa liderada por el ministerio de educación.
Esto por ser un tema de fondo, de viabilidad financiera de algunas Universidades públicas, debido a como se ha dicho bastante, al crecimiento de las universidades y sus ejes misionales (investigación, docencia y extensión) al igual que el crecimiento de la infraestructura, cualificación de y cobertura, los cuales han crecido mucho más que Índice de Precios al Consumidos -IPC- contemplado en la ley.
Para graficar lo anterior, basta con poner el ejemplo de la regionalización de los programas de la Universidad de Antioquia, que en sus 11 campus a lo ancho y largo del departamento impacta a más 8600 jóvenes matriculados actualmente, (equivale esta población a una de las universidades pequeñas del país) más de 16 mil egresados, gratuidad para estrato 1 y 2 que representan más del 79% ; estos pobladores de territorios con problemáticas sociales y de violencia no tendrían otra oportunidad de formación, sino es por este centro educativo, en otras palabras, la Universidad viene haciendo cierre de brechas -como lo llama hoy el Gobierno -desde hace más de 25 años.
Los funcionarios administrativos, los gobiernos de orden nacional y local, deben entender que la educación, no solo es el motor del desarrollo de los territorios, sino que es la posibilidad de movilidad social, libertad, y formación crítica, es el tipo de ciudadanía que requiere el sistema político, para profundizar y defender la democracia.
La reforma a la educación superior pública y particularmente la crisis de la Universidad no debe convertirse en una disputa política, en el fondo, todos se benefician; Medellín por tener más del 42.4 % de sus estudiantes en la UdeA, el departamento el 91 % y un 8.2 % los restantes son estudiantes de otros departamentos del país, según data UdeA. La realidad es que estos jóvenes no les preocupa o no les interesa si el cupo de los dio un gobernante o el otro, ya que son recursos públicos colectivos y no deberían tener feudos partidistas, debería ser un derecho fundamental para todos y todas.
Es de suma importancia que el movimiento social por la educación, particularmente el movimiento estudiantil, que ha sido la vanguardia participe activamente no solo en la coyuntura inmediata en la que estamos abocados, sino en la construcción de una reforma estructural al sistema de educación en términos general y a la educación superior en términos particulares, para no reeditar cada gobierno la misma coyuntura, tiene el movimiento por la educación, un compromiso histórico.
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