La historia de Antioquia siempre ha hecho que tomemos el presente como una situación que podría permitirnos mirar hacia atrás y encontrar caminos, referentes, contextos y hasta la ruta de mejora ante la oportunidad de tomar nuevas y mejores decisiones.
La autonomía fiscal, es una de ellas, pues la búsqueda de esta es algo que da garantía desde la Constitución del 91 pero que en su práctica Antioquia y otros departamentos han perdido gran maniobrabilidad a través de la administración centralista y muchas veces sesgada desde las ideologías políticas.
Al llegar Andrés Julián como Gobernador, nos convoca a las grandes apuestas por Antioquia, donde no solo la lucha contra el hambre, el cuidado de la familia y la verdadera justicia social, se evidencian en el plan de desarrollo 2024-2027. Pues se busca inicialmente con este referendo que la mayoría de departamentos puedan quedar con más presupuesto y, por qué no, con el total de los impuestos de patrimonio y de renta que se producen por sus habitantes.
Estos dos impuestos beneficiarían realmente a 28 de los 32 departamentos, luego tendrían menos retrasos o frenos en sus más importantes proyectos, justamente la historia y el presente muestran a gobernantes locales y regionales a la espera de que la voluntad política de turno refleje sus presupuestos desde Bogotá y se incline hacia lo que es merecido y producido por las regiones.
Cabe aclarar que, esa autonomía es justa en la medida que propone se cree un fondo para esos departamentos menos favorecidos (4) y asegurar vía recaudo de estos impuestos que también puedan llevar obras y desarrollo a sus territorios.
La propuesta por el referendo de autonomía fiscal que beneficia a la mayoría de departamentos, se está gestando desde Antioquia, pero el presidente de la Nación a través de su nueva reforma tributaria golpea directamente la iniciativa y en sí, las oportunidades de avance de los departamentos a costa de una visión sesgada donde se volcan los discursos a reformas de “ricos” y de “pobres”, generando hipótesis de progreso sin sustento real, narrativa donde realmente, el único que se beneficia es él, el presidente, al continuar centralizando la capacidad de los departamentos en función de sus propias rentas.
El impuesto de patrimonio es uno de los que se le hace más interesante a este gobierno. Pues su recaudo le significa mucho a la Nación, lo cual llevaría a aumentar esa desigualdad en los departamentos y quitar la oportunidad de que cada gobernante administre lo que es propio de su territorio.
El sustento en lo que hoy reposa como proyecto de Ley en el congreso justifica que: “el impuesto al patrimonio impulsa la progresividad del sistema tributario, gravando a los más ricos, lo que contribuye a mitigar la inequidad”.
Como dato “Antioquia tributa cerca de $30 billones y recibe poco más de $5 billones en transferencias al año”. Lo que propone el referendo de autonomía fiscal, es que todos los departamentos reciban al menos el doble de lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones.
Nuestra Constitución Política desarrolla la descentralización en sus diferentes facetas, entre otros, como propósito para que avancen los territorios, en esa ruta de libertad y democracia. Construir puentes y no generar más muros hacia los departamentos, debería ser la urgencia en la agenda de la Nación. Eso sí sería en realidad un acuerdo nacional y no la inequidad a la que estaríamos expuestos.
Reducir la burocracia del nivel central, es el primer ejemplo para la sociedad.
¡Menos reformas, más ejecución!
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