En 2013, en el municipio de Huauchinango, Puebla, fue difundido sin su consentimiento un video íntimo de Olimpia Coral Melo, lo que afectó gravemente su vida personal y emocional. El contenido se volvió ampliamente accesible en buscadores y páginas de internet, exponiéndola de manera no deseada en plataformas que lucran con imágenes íntimas.
Esta situación generó una profunda estigmatización social y ataques en redes, llevándola a enfrentar una situación de aislamiento y rechazo. Las dificultades emocionales y la falta de apoyo la llevaron a atravesar momentos muy difíciles, que incluyeron intentos de suicidio.
A pesar de esto, y gracias al apoyo de su familia, colectivas y personas cercanas, Olimpia fundó el Frente Nacional para la Sororidad y la Red de Defensoras Digitales para atender casos de violencia digital. Aunque llaman a estas reformas Ley Olimpia, reconocen el esfuerzo de muchas mujeres que han enfrentado esta violencia.
La Ley Olimpia no es el logro de una sola mujer, sino de todas las que han trabajado juntas. Se presentó por primera vez en 2014 y fue aprobada en Puebla en 2018, logrando finalmente su implementación en todo México en 2021 y en Argentina en 2023.
¿Y qué pasa en Colombia?
Pregúntaselo tú: ¿Qué harías si alguien compartiera tus fotos íntimas sin tu consentimiento? ¿Sabes a dónde acudir si eres víctima de amenazas o acoso en redes sociales? ¿Y si te suplantan la identidad en internet?
En Colombia, la violencia digital sigue siendo un asunto pendiente por resolver, se supone que hay unas rutas institucionales, pero ¿realmente contamos con las herramientas y rutas adecuadas para protegernos? ¿Qué está haciendo el país para garantizar la seguridad en los entornos digitales? Es momento de preguntarnos: ¿estamos preparadas para enfrentar la violencia digital de manera efectiva?
En este país, si una mujer es víctima de violencia digital, como la difusión no consentida de imágenes íntimas, amenazas, acoso o suplantación de identidad, hay varias rutas a las que puede acudir, (a continuación se comparten dichas rutas no sin antes resaltar que el acceso a la justicia en estos casos sigue siendo un reto sin resolver y un ejercicio que muchas veces termina siendo re victimizante y con respuestas nulas):
Rutas para denunciar la violencia digital en Colombia:
- Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación: La persona puede acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia formal. El delito más común en estos casos es el de injuria por vías de hecho o violación de datos personales, que contempla penas para quienes usen o difundan información sin autorización. Sin embargo, es frecuente que estos casos no se tomen con la seriedad que merecen o se prolonguen sin resolución clara.
- Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional: Esta unidad se encarga de investigar los delitos cibernéticos. Si bien puede ser un recurso útil para la investigación técnica, muchas veces se carece de personal capacitado en temas de violencia de género en línea, lo que puede ralentizar o desestimar los casos de mujeres o personas LGBTIQ+ que enfrentan este tipo de agresiones.
- Comisaría de Familia: Si la violencia digital está relacionada con violencia intrafamiliar, se puede acudir a una Comisaría de Familia, donde, además de atender la situación, pueden brindar medidas de protección. El reto aquí es que muchas veces este espacio no comprende la dimensión digital de la violencia, lo que puede limitar el alcance de la protección.
- Defensoría del Pueblo: En su rol de defensor de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo puede brindar acompañamiento y orientación en la denuncia de violencia digital. Sin embargo, su capacidad de respuesta es limitada, y su impacto depende del seguimiento que se le dé a cada caso.
- Líneas de atención como la 155: Esta línea, creada para orientar a víctimas de violencia de género, también puede ofrecer orientación en casos de violencia digital. No obstante, es necesario que haya una mayor capacitación en violencia digital para brindar respuestas más específicas y adecuadas a las víctimas.
Pero, ¿contamos con una ley?
Aunque estas rutas existen, en Colombia no hay una ley específica como la Ley Olimpia en México, que proteja de manera integral a las víctimas de violencia digital. Los mecanismos actuales son dispersos, y las denuncias suelen perderse en la burocracia o ser minimizadas. Muchas veces, las víctimas se enfrentan a la revictimización cuando las instituciones no toman en serio sus casos o no cuentan con las herramientas para investigar delitos digitales de forma efectiva.
Es urgente que en Colombia avancemos hacia una legislación más sólida que no solo sancioné estos delitos, sino que también promueva una cultura digital más segura y respetuosa de la privacidad y la intimidad de las personas. Además, es vital que las autoridades se capaciten en perspectiva de género digital para entender las dinámicas de poder y control que están detrás de la violencia digital.
El acceso a la justicia no puede ser un privilegio, debe ser una garantía real para todas las personas que enfrentan la violencia digital en nuestro país.
Es momento de apoyarnos de colectivas, procesos y luchas que se vienen dando en diferentes procesos para hacer de estas rutas, rutas más solidas y que si garanticen una protección de derechos.
Más información en el siguiente video: https://www.instagram.com/reel/C_05wyax1fy/?igsh=NmR6ZHhyMWs1d2R1
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