Primer consenso: el Gobierno desistió del proyecto de ley estatutaria de la educación. Tras su estruendoso fracaso al cierre de la pasada legislatura parece que no hay ánimo para insistir en un proyecto que activó parte del movimiento social en contra del Gobierno. Con Daniel Rojas como ministro, la estrategia legislativa se concentrará, por el momento, en impulsar el Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública.
Segundo consenso: en el marco del citado Acuerdo Nacional se radicó el proyecto de Ley “Por la cual se modifica parcialmente el capítulo V del Título III de la Ley 30 de 1992”; es decir, los famosos artículo 86 y 87 que se ocupan de definir los aportes ordinarios de la Nación a las universidades públicas; además, adiciona otro artículo en el que se establece un mecanismo de financiación desde la Nación para las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias públicas, incluidas aquellas cuya norma de creación no vincula a la Nación en su esquema de financiación.
No me detendré en la presente columna a revisar los diagnósticos presentados en el proyecto de ley o su pertinencia -para ello, remito a su consulta-, pues, así sea una reforma pequeña -que no toca aspectos centrales del gobierno universitario-, considero que cualquier proyecto encaminado a sacar a la universidad pública de su crisis financiera crónica, mientras no socave su naturaleza pública, siempre es bienvenido.
Tercer consenso: el proyecto llega al Congreso, tras superar etapas previas de socialización, con la firma de sesenta congresistas; en total: 17 senadores y 43 representantes (Gráfica 1). Sin embargo, el articulado no integró el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, algo que en nada desestima el acto de radicación, pero que sí se debe subsanar con prontitud, porque es un aval indispensable para darle solidez técnica a los debates y además evita que la oposición -tal como hizo en la discusión de la fallida reforma a la salud- se pegue de su ausencia para sabotear los debates.
Gráfica 1. Autores del P.L Reforma a la Ley 30 de Educación Superior.
Fuente: Elaboración propia
Creo que pocos proyectos de autoría del Gobierno Nacional han contado con un respaldo multipartidista tan amplio, puesto que los sesenta congresistas que figuran como autores representan a diez partidos y a tres circunscripciones especiales -afro, indígena y víctimas- (Gráfica 2). A pesar de la evidente concentración en el Pacto Histórico, también incluye a un representante del Cambio Radical -partido declarado en oposición-; así como a congresistas de partidos independientes como el Conservador, Dignidad y el Nuevo liberalismo. Sin desestimar a Katherine Miranda y Catherine Juvinao, dos representantes del Verde que, aunque su partido sea de gobierno, en la práctica actúan como opositoras.
Gráfica 2. Autores del P.L Reforma a la Ley 30 de Educación Superior
Fuente: Elaboración propia
Ahora bien, el mayor desafío que le asiste el proyecto es tanto conservar como ampliar ese importante apoyo multipartidista; asimismo, activar una movilización social que desde la calles posicione la importancia de avanzar en una discusión transparente y de cara a la ciudadanía, para que no pase lo que pasó con el fallido proyecto de ley estatuaria de la educación que, de tantas concesiones otorgadas -de muy buena fe, eso no lo pongo en duda- por la entonces ministra Aurora Vergara, quedó irreconocible. Acuerdo Nacional sí, pero no así.
También será clave que los representantes y senadores que asuman la coordinación de la ponencia, tanto en Cámara como en Senado, sean congresistas con la capacidad suficiente para ambientar favorablemente los debates, así como para establecer acuerdos y ajustes que no desnaturalicen la reforma. En Cámara, la persona más indicada para asumir ese rol es el representante Verde Jaime Raúl Salamanca, integrante de la Comisión Sexta y actual presidente de la Corporación, quien, entre 2022 y 2023, presentó tres proyectos de ley que modificaban aspectos centrales del modelo de educación superior; incluyendo, una reforma parcial a los artículos 86 y 87.
Y en Senado, dada su experticia, la senadora más indicada para “patinar” la discusión de la reforma es María José Pizarro.
En las próximas semanas se viene una audiencia pública en la cual se revisarán los aspectos centrales de la reforma. Confiamos en que se pueda realizar en instalaciones de la Universidad de Antioquia -epicentro de una profunda crisis de desfinanciación- y que además de ser un escenario de socialización, permita establecer el siguiente consenso entre todos los actores: ¡Que el rescate financiero de la educación superior pública sea el centro de la discusión!
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