«La discusión sobre la legalización del cannabis no es solo una cuestión de leyes, sino de cómo queremos enfrentar el futuro de nuestras ciudades, atrapadas entre el control ilegal y las oportunidades que se les niegan a nuestros jóvenes.»
El debate sobre la legalización del cannabis para uso adulto en Colombia ha resurgido en el Congreso, avanzando en su primer paso en la Cámara de Representantes con una aprobación unánime de la ponencia. Sin embargo, este proyecto enfrenta un largo camino, ya que necesita superar ocho debates para ser aprobado.
La propuesta no sólo regularía la producción y distribución de cannabis, sino que también permitiría el autocultivo y establecería restricciones importantes como la prohibición de su consumo en espacios públicos y entornos escolares, similares a las normativas del tabaco.
A pesar de los obstáculos que aún quedan por delante, el proyecto abre la puerta a una conversación más amplia sobre las políticas de drogas en el país y sus impactos en la sociedad. La prohibición no ha funcionado: lo hemos visto en nuestras ciudades, donde el tráfico ilegal sigue siendo un problema, y los esfuerzos por erradicarlo solo han desplazado a sus actores y empeorado las condiciones de vida de las comunidades.
Legalizar ciertas drogas permitiría desmantelar el monopolio que actualmente poseen los grupos al margen de la ley. En lugar de seguir el ciclo de represión que solo fortalece el narcotráfico y aumenta la violencia, el Estado podría regular la producción, distribución y venta, generando ingresos significativos que se podrían destinar a temas cruciales como la salud mental o la educación. Países como Portugal han mostrado que, bajo un enfoque de salud pública, la descriminalización de drogas puede llevar a resultados positivos, reduciendo el consumo problemático y la criminalidad.
En Medellín, la droga no discrimina; atraviesa todas las comunas y estratos sociales, desde las esquinas de los barrios más humildes hasta las fiestas de la élite. Lo que comenzó como un problema concentrado en algunas áreas de la ciudad, se ha esparcido como un cáncer, afectando a todos sin importar su nivel socioeconómico. Esta es la cruda realidad de una ciudad que, a pesar de sus avances, sigue siendo rehén de un enemigo silencioso y devastador.
Un informe de la Secretaría de la Juventud en 2022 revela que el 70.6% de los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas combinan diferentes drogas, lo que incrementa los riesgos de salud física y mental. El 42.3% de los usuarios manifiestan desconfianza en la pureza de las sustancias, lo cual se confirma con estudios que revelan que el 99% de las sustancias están adulteradas con componentes tóxicos, como el caso de la cocaína, adulterada con levamisol, un medicamento antiparasitario utilizado en animales. Además, el 94% de las muestras de tusi (2CB) no contienen esta sustancia, sino otros adulterantes.
En los oscuros callejones de Medellín, existe una realidad más peligrosa que nunca. El tráfico de drogas, vinculado al prolongado conflicto armado colombiano, sigue devastando a nuestros jóvenes y comunidades. Más allá de la marihuana, que sigue siendo objeto de debate legislativo, se están introduciendo en las manos de nuestros niños sustancias mucho más letales. ¿Hasta cuándo podremos ignorar la dura verdad? Mientras el Congreso lucha por legalizar el cannabis, las calles de Medellín están llenas de drogas más potentes y destructivas.
La violencia en Medellín también es una pieza clave de este panorama. En muchos casos, los jóvenes no solo son víctimas de la violencia, sino que, por falta de oportunidades, son cooptados por las Bacrim (Bandas Criminales). Estas organizaciones herederas del narcotráfico, operan en las comunas donde el Estado brilla por su ausencia, usando a los más jóvenes como soldados en su guerra territorial.
Hasta ahora, el fracaso de la prohibición de las drogas ha sido evidente. El caso del Bronx en Medellín es un ejemplo palpable de lo que sucede cuando las soluciones son temporales y superficiales. Aunque la administración de Federico Gutiérrez “desmanteló” la zona en 2018, los problemas no desaparecieron, sino que se desplazaron a otras partes de la ciudad, afectando la tranquilidad de los barrios a los que migraron los habitantes de la calle. Este tipo de intervenciones, lejos de ser una solución integral, han mostrado ser solo un parche que oculta el problema sin resolverlo.
En junio de 2022, tanto la Alcaldía Distrital, como la Policía, el Icbf y la Fiscalía habían sido conminadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que emitió un fallo por desacato, exigiendo un nuevo plan de intervención para el Bronx y los sectores afectados. La administración, a cargo de Daniel Quintero, aseguró que gran parte del trabajo ya fue hecho antes de que asumieran el cargo, lo que ha creado un limbo judicial y un vaivén de responsabilidades que en nada soluciona la crisis real
El fracaso de las intervenciones del pasado nos ha mostrado que no podemos seguir por el mismo camino. Legalizar el cannabis no es solo una cuestión de libertades individuales, sino una oportunidad para reestructurar la economía y el tejido social de Colombia. Es hora de que pensemos en políticas de largo plazo que realmente transformen nuestro país y nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
El programa Medellín Me Cuida Salud es una estrategia del gobierno de Medellín diseñada para atender de manera integral a la población en temas de salud y bienestar. Su enfoque está en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, y la atención personalizada a familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Dentro de este marco, para el año 2024, se planificaron 47.000 intervenciones educativas centradas en la prevención del uso de sustancias psicoactivas, dirigidas principalmente a los jóvenes. Estas intervenciones buscan sensibilizar sobre los riesgos del consumo de drogas, ofrecer información confiable, y brindar alternativas para mejorar la salud mental y física de los jóvenes en las comunas más afectadas por el tráfico y consumo de sustancias.
El programa es ejecutado por la Secretaría de Salud de Medellín en colaboración con otras entidades como la Secretaría de la Juventud y organizaciones locales, con el fin de llegar a un amplio número de ciudadanos y generar más conciencia sobre lo que se está consumiendo.
Esta no es sólo una guerra contra las drogas: es una guerra que continúa explotando y destruyendo la estructura misma de nuestra sociedad
Programas como «Medellín Me Cuida Salud» son fundamentales para acompañar esta transición, pues abordan el problema desde la raíz, ofreciendo educación y prevención a los más vulnerables. Sin embargo, estas acciones deben complementarse con una verdadera presencia del Estado que brinde oportunidades económicas y educativas, cortando de una vez el poder de las bandas criminales y devolviendo la esperanza a nuestra juventud.
Colombia está en una encrucijada, y el camino que elijamos no solo determinará el futuro del cannabis, sino también el de toda una generación. La regulación del cannabis no será una solución mágica, pero es un primer paso necesario para comenzar a desmantelar un sistema que ha dejado a nuestras comunidades en un ciclo de violencia y desesperanza.
Comentar