Queridos lectores,
El proceso de paz en Colombia está en la cuerda floja. Aunque Gustavo Petro lo declaró como una de sus prioridades, la realidad pinta un panorama mucho más sombrío. A pesar de los avances legislativos y la implementación de nuevas leyes, lo que vemos hoy es un país donde la paz sigue siendo un sueño esquivo.
El tan publicitado modelo de “Paz Total” promete transformar a grupos armados como el ELN, el Estado Mayor Central-FARC EP y la Segunda Marquetalia en actores políticos legítimos dentro del Estado Social de Derecho. Pero no nos engañemos: no se trata solo de desmovilizar armas, sino de integrar a estos grupos en la vida política y social del país.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Cada uno de estos grupos tiene su propia agenda, sus propias dinámicas, y pretender que un enfoque único funcione para todos es una ilusión peligrosa. La simultaneidad de los diálogos no garantiza nada; al contrario, podría llevar a que algunos procesos se estanquen o retrocedan, arrastrando consigo cualquier avance logrado en otras mesas de negociación.
El cese al fuego, esa herramienta tan promocionada, ha demostrado ser un arma de doble filo. Si bien ha reducido la violencia directa entre los grupos armados y las fuerzas militares en algunas regiones, su impacto es, en el mejor de los casos, desigual. El Clan del Golfo es un ejemplo contundente: sin haber firmado ningún acuerdo formal de cese al fuego, ha logrado expandir su control territorial, lo que deja en evidencia las limitaciones de los acuerdos parciales y la necesidad urgente de un enfoque mucho más integral.
No es solo una cuestión de reducir enfrentamientos. Las economías ilícitas que alimentan el conflicto siguen intactas, y en algunas regiones, han crecido al amparo del cese al fuego. La expansión del Golfo y el auge de las economías ilegales en zonas conflictivas nos recuerda que, para estos grupos, el control territorial y los recursos son las verdaderas motivaciones. Y mientras el Estado sigue atrapado en sus promesas incumplidas, la violencia se mantiene, e incluso se agrava, con conflictos internos entre los grupos armados por el dominio de territorios.
Desde la llegada de Petro a la presidencia, han asesinado a 66 firmantes de paz de las antiguas Farc, según la ONG Indepaz. Esta cifra no es solo un número: es un reflejo devastador de que la seguridad para los excombatientes sigue siendo una promesa vacía. A pesar de los discursos y los planes de choque anunciados en los primeros 100 días de gobierno, la realidad es que no ha habido continuidad en la estrategia, y las vidas siguen perdiéndose.
Los informes de la Secretaría Técnica, como los elaborados por el Cerac y el Cinep, son claros: la Política de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, formulada con siete años de retraso, sigue siendo un papel mojado. No se ha implementado de manera efectiva, y la falta de articulación con la política de defensa y seguridad ciudadana no hace más que profundizar el caos.
La tragedia es que el asesinato de firmantes de paz no es una novedad. Desde la firma del Acuerdo Final en 2016, más de 425 firmantes han sido asesinados. El caso más reciente, el de Gilberto Iván Quinto Inca, asesinado el 25 de agosto de 2024 en Cauca por el frente Dagoberto Ramos, un grupo disidente de las Farc, es solo una prueba más de que estamos ante una crisis de seguridad que el gobierno no ha sabido o no ha querido enfrentar.
La muerte de Gilberto Iván es un recordatorio amargo de una política fallida. Cada nueva muerte no solo es una tragedia personal, sino un golpe más a la confianza en un proceso de paz que prometió proteger a quienes depusieron las armas. La reciente disputa entre los ex-Farc y el director de la Unidad Nacional de Protección sobre el cambio no consultado del encargado de la seguridad de los excombatientes es solo otro ejemplo de la descoordinación y el incumplimiento que los hace aún más vulnerables.
La creciente violencia y la falta de protección están minando la confianza en el proceso de paz. Los firmantes, enfrentados a un panorama de inseguridad y promesas vacías, podrían llegar a la conclusión de que abandonar el proceso y regresar a la violencia es su única opción. Esa desilusión, alimentada por la inseguridad, podría ser el clavo final en el ataúd de la paz en Colombia.
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