La segunda reelección del profesor John Jairo Arboleda a la rectoría de la Universidad de Antioquia, la tarde de 2 de abril de 2024, plantea enormes interrogantes sobre la capacidad de la Ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara, en la conducción de su cartera en procura de la renovación de la universidad pública colombiana. Ahora las tres más importantes universidades públicas del país, Nacional, Antioquia y Valle, están virtualmente en manos de la continuidad, de las fuerzas políticas tradicionales que parecen no expresar la imperativa exigencia del cambio. Es posible prever que este panorama desconcertante se repita una y otra vez en las demás universidades del país y que quedemos exactamente en el punto anterior a la elección del Gustavo Petro como presidente. Sencillamente el Ministerio de Educación le quedó grande.
La relección de la reelección del profesor Arboleda era previsible, pero no inevitable. Había ganado la consulta, en todos los estamentos, profesores, estudiantes, egresados y por esta razón el Ministerio debía actuar conforme el criterio de respetar la voluntad universitaria. Las fuerzas estaban a su favor. El antecedente desastroso de la Universidad Nacional no se podía repetir. Pero, de ante mano se hubiera previsto (es decir, al menos desde el año pasado), otros criterios no menos importantes y sobre todo no sacados al calor de las circunstancias. El primero de ellos que no había por parte del Ministerio voluntad de reelegir los rectores actuales; incluso dar un seña que su postulación, dado el poder de injerencia y disuasión sobre sus inmediatos subalternos, se podría ver como poco trasparente; segundo, el procurar o aspirar a una equidad e igualdad de género en las rectorías a nivel nacional; el tercero, y quizá el más importante, pues los comprende a todos, incentivar e invitar a la movilización estudiantil (la Ministra carece de carisma) para organizarse en torno del cambio precisado.
La oportunidad de elegir a una candidata mujer en la Universidad de Antioquia, la primera mujer para este importante cargo, era un asunto de razonable y deseable posibilidad. Estaba entre las candidatas de la Universidad de Antioquia, la profesora Elvia María González, quien había quedado de segunda en la consulta, con amplia trayectoria como Decana y Vicerrectora de Docencia. La tercera rectoría del John Jairo Arboleda podría ser estimada así como un asunto adverso que podría roer la sustancia democrática de las instituciones universitarias. Así se perdió la ocasión de renovar las directivas de la Universidad de Antioquia y emitir una señal de mayor democracia universitaria y equidad de género a una candidata que algunos sectores habían acogido con esperanzas y entusiasmo.
Esta reelección de la reelección en la Universidad de Antioquia está lejos de ser una ratificación de lo que sucedió con el bochornoso caso de la elección del profesor José Ismael Peña a la Universidad Nacional, que precedió el Viacrucis de Semana Santa. En la Universidad Nacional no cabía otra opción que el nombramiento unánime del profesor Leopoldo Múnera, pero la marrulla se impuso, la antidemocracia, llanamente. En la de Antioquia la Pascua tuvo más bien un sin sabor, pues fue el empresariado regional, el GEA, el que metió mano en el asunto y conminó en última instancia la continuidad rectoral.
Mirado en conjunto la situación de las elecciones rectorales, parece sencillamente que el Ministerio de Educación carece de una estrategia efectiva para lograr (lo que han hecho sin mayores esfuerzos los gobiernos desde la Constitución del 91 durante décadas) que sus rectores sean el fiel reflejo de las políticas del gobierno central. Excepto este, claro está, que ha logrado lo inédito, a saber, no haber trazado un ideario académico-intelectual que responda a la pregunta qué universidad para qué sociedad. Es decir, que expresen estos importantes nombramientos rectorales la democratización hacia una nueva Colombia, y de este modo lleguen a las rectorías los candidatos acertados que desde ese alto cargo puedan/deban permear e irrigar, hacia abajo, sus decisiones en un clima renovador. Virtualmente revolucionario.
Así que gracias a la estrategia de la no estrategia (esta solo le resultó favorable a Kutuzov en Moscú contra Napoleón), la ineptitud de los representantes del gobierno de Petro, van a garantizar una continuidad más preocupante, a saber, la inestabilidad institucional, la desconfianza de los de abajo por los de arriba, el ensombrecido clima de los disturbios, los petos, las tanquetas, etc. La continuidad de los de arriba con los cargos y salarios y contratos de siempre y la continuidad de los de abajo con sus caras largas y su rabia empozada en décadas y décadas de múltiples asfixias.
Nada resulta más urgente que una nueva ley de la educación superior, una ley que retome los idearios, que no son meras añoranzas arqueológicas, de la Reforma de Córdoba. La universidad pública como centro directriz de la democracia nacional, fundamento de una nueva modalidad de relacionamientos universitarios horizontal; poder decisorio de los estudiantes y profesores; democracia directa y veeduría en la calidad de los procesos docentes e investigativos; autonomía universitaria eficaz para que no solo un puñado de directivas y burócratas nos sigan tratando como sujetos de derecho de tercera categoría.
Nada resulta más imperativo que una nueva ley que retome el espíritu de unidad latinoamericano, de verdaderos y continuos intercambios de profesores y estudiantes en un eje sur/sur, de activa agenda de cooperación, solidaridad utópica que haga vigente la Carta de Jamaica (este próximo 9 de diciembre son los 200 años de la Batalla de Ayacucho: dudo que el Ministerio de Educación lo sepa), de vernos como pueblos hermanos, no como extranjeros sospechosos, bajo el estandarte de la dignidad de naciones no colonizadas. Todo lo que entraña nuestra utopía continental. Latinoamericanismo popular, multiétnico, anti-clasista y no patriarcal. Lo contrario pues de la rapiña, el clientelismo y la subordinación como práctica docente y funcionamiento burocrático-patronal de las empresas privadas de la educación superior.
Así que para las universidades públicas del país, por virtud de los viciados mecanismos de elección de sus directivas consagrados en el Ley 30 de 1992 y por ineficiencia de los altos funcionarios del gobierno central, nos encontramos estancados en un pasado continuo. Peor aún: con menos esperanzas y menos confianza en los 11.500.000 de votos depositados a Petro/ Francia en un illo tempore sin efecto cada vez que se reúnen los 9 representantes de los Consejos Superiores Universitarios a seguir burlándose de todos y todas y todes nosotrxs. Tres elecciones rectorales sin auroras.
PD. La declaración de rebeldía civil del profesor Leopoldo Múnera es un gesto de valor civil universitario y su llamado a una constituyente universitaria oportunísimo para que seamos nosotros y no los representantes en el Congreso de los empresarios de la educación superior privada, los que hundan nuestra democrática Reforma universitaria.
[1] Profesor Universidad de Antioquia y Universidad Nacional, Sede Medellín.
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