No basta con la nominación de nuestros derechos, debemos ejercerlos. Participar en la deliberación pública, y ser parte de la toma de decisiones, es materializar nuestra calidad política de ciudadanos.
Cuando hablamos de participación ciudadana nos estamos refiriendo al sentido de la democracia, la pluralidad de las voces. Democratizar la toma de decisiones no solo permite acceder a información necesaria y de calidad optimizando los resultados que buscamos, sino que permite construir un Estado para los ciudadanos y no al servicio de intereses privados. Ampliar la participación ciudadana es democratizar la democracia.
Los instrumentos de planeación urbana y de planeación estratégica de gobierno, como los Planes de Ordenamiento Territorial o los Planes de Desarrollo, contemplan dentro de sus parámetros legales para la aprobación, la obligación de construir colectivamente a través espacios para la participación y la incidencia, pero, más allá de surtir un proceso administrativo, los ejercicios de participación e incidencia no logran cumplir su objetivo pues no lo hemos dimensionado.
El propósito de la participación y la incidencia pública es otorgar legitimidad al proceso de construcción de las hojas de ruta, que al ser públicas, nos afectan a todos; sin embargo, la legitimidad, que es reconocimiento y validación de las mayorías absolutas, se nutre del pluralismo y la diversidad, la innovación y la creatividad que emerge al salir de la zona de cómoda de lo habitual, la transparencia y el control de ciudadanos críticos e informados, ampliando así el marco conceptual con una visión inclusiva sobre la que se elaborarán los planes, políticas y proyectos que atenderán las problemáticas a solucionar y las necesidades puntuales de una comunidad dentro de un espacio-tiempo determinado. El objetivo de la participación y la incidencia es conocer el territorio a partir de quienes lo conforman, acercándonos a decisiones y estrategias públicas cada vez más pertinentes y sustentadas en la realidad.
El concepto de territorio debe comprenderse de manera amplia, trascender la lectura netamente georeferencial y observar también desde la cultura, las relaciones interpersonales y con el ecosistema, los modelos económicos y políticos, los recursos, las potencialidades, la competitividad y los índices de desarrollo sostenible que son capaces de alcanzar las sociedades humanas. El territorio es un organismo vivo, bajo esta premisa ninguna planeación resulta 100% certera; no obstante, cuando logramos vernos a nosotros mismos como parte de un proceso civilizatorio y desaprendemos la idea de que tener el poder sobre el Estado es una forma fácil de enriquecerse, nos damos cuenta que los fines públicos establecen la conectividad con el futuro: infraestructura inteligente, integradora y que genera valor para toda la población en su conjunto.
Caso: Entre el ejercicio ciudadano y la usurpación (extranjera).
¿La ciudad es para quiénes?, es quizá la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que se aprueba un nuevo instrumento que ordenará y planeará, además del espacio físico de un territorio determinado, las dinámicas relacionales y el acceso a bienes y servicios públicos de toda la población. Es ingenuo, y casi egoísta, pensar que desde un escritorio aislado de la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de los habitantes, se puede construir las soluciones que toda la población requiere; por simple perspectiva, es imposible conocer las múltiples variables que convergen en un contexto ajeno al nuestro y que serán la base para elaborar las soluciones que la ciudad necesita para ser más habitable y digna, especialmente para sus ciudadanos.
La ciudad debería ser para los ciudadanos, pero hoy podemos observar casos como el de Medellín, que poco a poco desplazan a sus ciudadanos en una ruptura del estatus político por una transacción económica, donde el Estado deja de proteger y hacer justicia para sus ciudadanos, para garantizar una derrama económica impulsada por la permisividad, que suele diluirse en la impunidad, para con turistas extranjeros. Un abuso constitucional y un retroceso cívico. En este caso, la ciudad a dejado de pensarse para mejorar la calidad de vida de las familias, enfocándose en garantizar el turismo de extranjeros sin responsabilizarse de los efectos colaterales que este fenómeno está causando, como el alza desproporcional de precios en detrimento de los hogares locales, el aumento de los índices de consumo de drogas y criminalidad urbana, explotación sexual infantil y adolescente, riesgo de prostitución y exacerbado aumento de feminicidios.
La Administración Distrital de Medellín ha anunciado la creación de la Secretaría de Turismo, este es un buen momento para realizar ejercicios rigurosos de participación e incidencia, evaluando las experiencias de procesos como el Graffitour o Provenza, y abrir el debate público sobre los axiomas que queremos sostener como cultura. Más allá de revisar las frías cifras de inversión, vale la pena preguntar a las comunidades a quienes se les usufructúa sus intimidades vulnerabilizadas para hacer más atractiva y capitalizable la amallirista curiosidad extranjera, qué piensan de los colegios caídos y de sus niños bailando por monedas en las cuadras de sus barrios, hasta hace unos años, olvidados a merced de la violencia. Preguntarle a los comerciantes antioqueños, que declaran para el erario colombiano, qué sienten al ver niñas y adolescentes menores de edad explotadas masivamente ante sus ojos y los de todas las autoridades que ignoran solapadamente.
«Toda realidad que se ignora prepara su venganza» – José Ortega & Gasset
El sentido de la participación es entonces la escucha empática entre ciudadanos, el diálogo público que eleva al pueblo a soberano al hacerlo parte del diseño y la construcción de futuro. En tanto más amplia es la participación ciudadana y más efectiva la incidencia pública, más acertados, legítimos y justos serán los fines del Estado.
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