El próximo 20 de febrero, la organización Defendamos la Paz, convocó a una serie de plantones contra el asesinato de líderes, lideresas y firmantes de paz. Una jornada de duelo colectivo que en Medellín se realizará desde las 3:00 p.m. en la plazoleta de La Alpujarra.
El pasado 18 de enero el grito ¡Que la paz no nos cueste la vida! se volvió a sentir con fuerza en las honras fúnebres del firmante de paz José Enrique Roa.
El asesinato de José Enrique Roa evidencia los patrones criminales que caracterizan el incesante extermino de los firmantes de paz: el 14 de enero fue retenido junto a los integrantes de su esquema de seguridad en medio de una reunión en el corregimiento de Gucacayo (Pitalito), horas después, los cuerpos de los escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección, Luis Eduardo Sterling y Yilber Silva, fueron encontrados con signos de tortura.
Desde la frivolidad de las cifras, José Enrique Roa se convirtió en el tercer firmante de paz asesinado en lo que va del 2024, pero eso fue algo que no se consideró en su sepelio, donde se resaltó su liderazgo y compromiso con el proceso de reincorporación en el Huila. En el ataúd que se invistió como su última morada se instaló un cartel con el mensaje: “Compañero, tu lucha y legado germinaran en nuestros corazones y en las nuevas generaciones”.
Las cifras son realmente aterradoras.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del mes de enero fueron asesinados cuatro firmantes. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, se han registrado al menos 412 homicidios. Pero esas cifras no logran calcular el profundo dolor que implica la pérdida de un amigo, de un hermano, de un padre, de una madre, de un constructor de paz jugado de frente con la reconciliación. El extermino no cesa y tampoco logra sacudir los cimientos de una sociedad que parece que hubiera normalizado el “contador” de la muerte.
Aunque la decisión que tomó la Corte Constitucional el 28 de enero de 2022, cuando declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) al considerar que existía una: “(…) masiva y sistemática vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad, a la vida, a la paz y a la integridad física de quienes dejaron las armas buscando una salida pacífica del conflicto armado”, se percibió, en los últimos meses del gobierno Duque, como una medida extraordinaria de presión para que el Estado implementara el componente de seguridad del Acuerdo de Paz, las cifras a dos años de esa histórica decisión indican que el ECI no ha tenido mayor impacto.
También se llegó a considerar -con cierto optimismo e ingenuidad- que la llegada al poder de un gobierno alternativo reduciría sustancialmente los hechos de violencia contra los firmantes de paz y los liderazgos sociales; sin embargo, a pesar de que el Gobierno Petro no asume una postura de indiferencia ante los asesinatos (como si ocurría en el gobierno Duque) y ha tomado medidas, ejecutando políticas de mediano y largo alcance, esto tampoco ha sido suficiente para detener el exterminio.
El 2023 cerró con 45 firmantes de paz asesinados.
La situación sigue siendo bastante crítica y llevó a la Corte Constitucional a declarar otro ECI en relación a los derechos fundamentales de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Lo que si puede hacer el gobierno es plantearle una exigencia contundente a los grupos armados con pista en los procesos de diálogo de la Paz Total para que detengan la violencia contra la población firmante, especialmente al autodenominado Estado Mayor Central (EMC) y al ELN. La Fiscalía también debe avanzar en la investigación y judicialización de los responsables de los homicidios -sacando el tema de la órbita de la discusión política-; sin desestimar las responsabilidades que eventualmente podrían recaer sobre elementos de la Fuerza Pública.
Pero lo más importante es que como sociedad nos movilicemos para rechazar el exterminio, exigiéndole a todos los actores armados que detengan el “contador” de la muerte. No tiene sentido que se avance en nuevos procesos de paz cuando los excombatientes de las Farc siguen siendo violentados y asesinados en varias regiones de país. La Paz Total también debe pasar por garantizar los derechos fundamentales a la seguridad, a la vida, a la paz y a la integridad física de quienes dejaron las armas buscando una salida pacífica del conflicto armado.
No son solo cifras, son seres humanos, son los rostros de la esperanza y la tragedia. Por ellos seguiremos gritando: !Que la paz no nos cueste la vida!
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