Miles de millones de pesos del presupuesto participativo de Medellín, expuestos al malgaste y a la chabacanería de algunos maleantes barriales, nos obliga a replantearnos el modo de hacer política territorial en el hoy Distrito. El mal diseño de la gestión presupuestal que dejó Quintero en el Presupuesto Participativo, que no es otra cosa que la plata de las comunas, nos deja múltiples interrogantes; ¿Hasta qué punto es moral que la plata de los impuestos de la gente se utilice para hacer conciertos, natilladas, o rumbas, todo con la excusa de la cultura?; ¿Hasta qué punto el medio ambiente ha servido como tapadera de corrupción galopante al interior de las comunas?; ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar el que, mientras niños y ancianos aguantan hambre, haya con dinero del Distrito un despilfarro tal que haya contratistas enriquecidos sin haber contribuido proporcionalmente al mejoramiento de las condiciones públicas?
Empecemos por aclarar que el que un contratista se enriquezca a costa de su trabajo para el Estado no es condenable en sí mismo. En el marco de nuestro ordenamiento jurídico es válido que un particular, si presta servicios al Estado, obtenga beneficios que incentiven el prestar dichos servicios. Ahora bien, ¿Cuáles son las prioridades del distrito de Medellín? En una ciudad como la nuestra, en la que las necesidades galopan sobre estómagos y mentes de ciudadanos desamparados por las autoridades, ¿Es legítimo que un contratista manipule los mecanismos de diseño de proyectos para hacerse con riquezas inaccesibles para el 90% de los ciudadanos?
El reto, para quienes inician como parte de la nueva administración, consiste en organizar la casa, empezando por los principios que rigen nuestro Estado de Derecho. Ni siquiera se trata de complejos análisis jurídicos acerca de la naturaleza de las cosas en su estado presente; este es un asunto de sentido común. En tal sentido, nadie que haya contribuido o siga contribuyendo al saqueo de Medellín y de su gente podrá jamás justificarse en desconocer la malicia de sus actos.
Este reto debe ser asumido con gallardía y transparencia. Bien hacen quienes prestan sus servicios y con ellos mejoran la vida de los ciudadanos, (por más que con ello se lucren legalmente), lo que es inaceptable es que se lucren a costa de absolutas ridiculeces que ni siquiera el más imprudente de los empresarios se atrevería a financiar. La plata pública es mucho más sagrada que la plata privada, ¿Por qué el estándar de uso para esta última es tan bajo, hasta el grado de parecer que en cualquier cosa se puede invertir?
Desde la primera dama de la nación, pasando por la vicepresidente, siguiendo en los ministros, y terminando finalmente en el más inocuo de los contratistas de alguna localidad perdida, la cultura del despilfarro de lo público no es en absoluto un problema exclusivo de Medellín, pero sí es nuestra responsabilidad, como los ciudadanos que somos, -y en lo personal como funcionario- el vigilar que en nuestra ciudad las cosas se hagan bien.
Todas las columnas del autor en este enlace: Isaac Mendoza
Comentar