“Cada día, en cada acto, en cada situación, Colombia evidencia el retroceso que ha tenido el país a consecuencia de una pésima administración. Ningún ente de control pone freno y se permite que una ideología socialista acabe con todo. Paso a paso Gustavo Francisco Petro Urrego, de la mano de sus aliados, destruyen la nación.”
Incongruente resulta que quien dice apostar por el progresismo sea quien estratégicamente actúe para acabar con la juventud de un país, normalizando la delincuencia y ahora naturalizando el consumo de drogas. Incomprensible es que desde una figura del ministerio público se recomiende que los hijos instituyan los hogares como epicentro de la adicción. Impunidad que se otorga desde la izquierda a la delincuencia, el microtráfico, los guerrilleros y los diferentes grupos al margen de la ley, devela que en la apuesta política del Pacto Histórico no hay dignidad, respeto, ni moral. Mal va Colombia en manos de su presidente, una persona que destruye y polariza, sujeto negativo y vengativo que es secundado por un séquito de aduladores que cree ciegamente en un caudillo de extremo que en pleno siglo XXI va por la vida con los ojos vendados.
Complejo será el destino de una nación mientras su mandatario no se comporte como presidente sino como un tuitero adolescente. El país cae en el abismo por la ausencia de sentido crítico, la incapacidad, de un amplio componente del colectivo social, para leer entre líneas, argumentar una postura y atreverse a pensar diferente a lo que quiere imponer el gobierno del cambio. Ambiente pesimista, que se respira en Colombia, es la consecuencia que se extrae de los constantes llamados que se hacen para que, desde el máximo comandante de las fuerzas militares, se tomen las riendas de la seguridad y el orden público no se siga deteriorando. La degradación de la sociedad que es promovida por Gustavo Francisco Petro Urrego, y sus fuerzas políticas aliadas, se constituye en un irrespeto para con los colombianos de bien que atónitos observan el engaño histórico de la izquierda que lleva al país a revivir lo ingrato de los años 90.
Inexplicable es que en Colombia se persiga a las empresas legales, aquellas que producen y venden productos procesados, bebidas dulces o alimentos embutidos, pero se abra espacio para legalizar y formalizar el microtráfico y todo lo que huela o tenga tintes de ilegalidad. Abrir la ventana a la venta de drogas en las calles es una vergüenza total para la nación, arbitraria apertura de puerta a la impunidad que dispara la inseguridad en los espacios públicos donde los “jíbaros” armados defenderán su negocio. Caída libre en la degradación de una sociedad es la permisividad y hacer parte del paisaje los límites del adecuado comportamiento, permitir que descaradamente sin control y vergüenza se atomice el concepto de familia, como pilar de la sociedad, para implantar un socialismo progresista como lo hicieron en Cuba y Venezuela.
Actuar activista de los agentes del cambio promueve y empodera el emprendimiento mal sano de la industria del microtráfico de drogas desde parques y divergentes espacios, propicia el consumo de sustancias psicoactivas y socializa un problema de salud pública. Premeditado proceder, del gobierno Petro Urrego, materializa la latente amenaza de destruir todo aquello que incomoda las intenciones de imponer un régimen desde la izquierda. Golpe que se gesta desde la salud contra las EPS, replica de sismo social que ahora se delinea en lo laboral, aval que se brinda a la adicción, es la normalización que se da a la transgresión de la ética, degradación de la cultura que denota que en Colombia los buenos son minoría. Arrodillar el país a merced de lo ilegal conduce a la nación a un lado oscuro, el paraíso del cambio de los valores sociales en pro del acompañamiento y ponderación a los terroristas, el apoyo al narcotráfico, y la propagación del odio entre unos y otros.
Nepotismo, que reina en todas las instancias del poder en Colombia, solo puede ser defendido por los bodegueros, los sujetos resentidos, los funcionarios incapaces, los seudo filósofos, los narcoguerrilleros, las personas no técnicas y aquellos corruptos que se inscriben en la izquierda progresista del Pacto Histórico. Catástrofe total que es cristalizada con una apuesta política que ahoga al pueblo con impuestos, reformas nefastas, y diversos favorecimientos a quienes se encuentran al margen de la ley. Contrario a lo que quieren hacer creer algunos juristas y políticos, amigos del gobierno, el decreto que deroga la norma 1844 del 2018 del Código de Policía admite el consumo de droga en parques, colegios, zonas de rumba ,entre otros, y convierte a los niños en las víctimas reales o potenciales de los “jíbaros”. Una vez más, se pone en peligro el derecho prevalente de los menores para facilitar el empeño criminal de unos pocos, se prioriza al victimario sobre la víctima.
Tendencia a justificar como sea el actuar de Gustavo Francisco Petro Urrego, y las medidas que se gestan desde el gobierno del cambio, insulta la inteligencia del colectivo ciudadano. Populismo desde el que se sustenta el cuento de la paz total, el vivir sabrosito, el ser potencia mundial de la vida, la política exterior y el manejo del narcotráfico, es la línea argumental desde la que se capta a tanto adulador petrista. Razonamiento del colombiano sensato cuestiona la decisiones que se toman desde presidencia, cómo es posible que el Pacto Histórico se enfoque en favorecer y beneficiar a los bandidos en lugar de promover políticas, el deporte y la recreación para la juventud. El ser complaciente con la criminalidad lleva a que se pase por encima de la dignidad de las víctimas y aquellos colombianos que cada día luchan para salir adelante.
Todo parece indicar que la izquierda en el poder está empeñada en destruir y acabar con todo, implosionar la estabilidad democrática y conducir al caos. Entregar la juventud al vicio será el legado que dejará Gustavo Francisco Petro Urrego al país. Quien osa posar como punto de referencia de la moral y las buenas costumbres, desde la Casa de Nariño, normaliza lo non-santo en la nación. Ese discurso plagado de dudas y demagogias, que vende quien se cree prócer salvador de Colombia, se convierte en una obcecación que menoscaba la armonía del colectivo e impone una visión sesgada de la sociedad. Endogamia conceptual que busca unificar el pensamiento, sin tolerar la divergencia o insurrección filosófica, impide encontrar los argumentos apropiados para demostrar lo bueno de una ideología que se quiere imponer.
Diatriba narrativa que lleva al escenario social lo peor del ser humano, y en el que se dedican a autodestruirse a diestra y siniestra unos con otros, es el oscuro proceder en el que se cambian mentes de deslumbrados zalameros que se aferran a los dogmas y perversiones desde las que atacan fungiendo su pose grotesca de artistas, intelectuales, irreverentes y contestatarios. Es cierto que Colombia atraviesa una etapa que exige cambios radicales, pero no es menos acertado reconocer que en las calles del país hay un ejemplo latente de lo que ocurre cuando se apuesta ciegamente por las bases socialistas del siglo XXI. Dieciséis meses con su presidente en el poder llaman a revisar profundamente si el proyecto político cuenta con un estadista con bases humanas y no un mesías ególatra, incapaz de administrar, como ya se ha visto.
El delirio de persecución que acompaña a Gustavo Francisco Petro Urrego, y los militantes de la izquierda, lleva a que solo sepan endilgar culpas a sus contrincantes sin asumir las propias. Peligrosa red que se comienza a tejer, con ciertas sanguijuelas politiqueras, es la muestra de la mínima intención que se tiene de servir al país. La coherencia social marca que la solución a los problemas de la nación (atraso, crisis económica, desempleo, corrupción, criminales que adoctrinaron niños y jóvenes y ahora posan de intachables desde el legislativo, narcotráfico, disidencias guerrilleras, por solo mencionar algunos) requiere de la participación de todas las jerarquías de la nación. Problema complejo que exalta la necesidad de alejarse del odio recalcitrante para aprender de la historia y fijar distancia de la ruta que conduce a revivir y revictimizar la violencia en nuevos actores. La nación debe refundarse y construir el escenario de un estado social de derecho que se fundamenta en el ejercicio democrático del respeto por las diferencias, incorporar nuevos elementos a ese ADN que identifica a los colombianos como sociedad.
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