Las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023 en Colombia, dejan varias lecciones y reflexiones:
La primera, como lo admitió con evidente resignación Gustavo Bolívar, las elecciones terminaron siendo un plebiscito sobre el Gobierno Petro. En las principales capitales y la mayoría de departamentos ganaron los candidatos que representaban partidos y movimientos de oposición, independientes o coaliciones entre estos, haciendo que la tendencia política nacional se desplazara de la izquierda hacia la centroderecha. Particularmente, la elección de Federico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali, Arturo Char en Barranquilla y Carlos Fernando Galán en Bogotá, desde ya, representan los más duros golpes al Gobierno.
Para ponerlo en cifras, de los 8.542.020 votos que Petro obtuvo en la primera vuelta, hace apenas un año, los candidatos avalados y coavalados por el Pacto Histórico a todos los cargos y corporaciones regionales del país apenas sumaron 3.066.838. Este número es particularmente similar al de los votos logrados por Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 (4.855.069), así como al porcentaje de favorabilidad que en las recientes encuestas le reportan alrededor del 30%. En contraste, los partidos de oposición se consolidaron como los grandes electores, el Centro Democrático, por ejemplo, logró importantes gobernaciones y alcaldías con sus candidatos directos y coavalados.
Con su voto, los colombianos dijimos no al Gobierno, a sus reformas y a su discurso incendiario; además, manifestamos nuestra indignación por la ilegalidad e ilegitimidad de la elección presidencial y los escándalos que enredan a la familia y al círculo más cercano de colaboradores de Petro.
Segunda reflexión, los actos de violencia y las graves alteraciones al orden público ocurridos durante la campaña, así como durante y después de los comicios, confirman la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad. Según un informe de la Misión de Observación Electoral- MOE, publicado en la semana que antecedió a las elecciones, las cifras de violencia contra líderes políticos durante la campaña fue la más alta de los últimos 16 años, aumentando un 92,1% en relación con las de 2019, con hechos tan graves como homicidio, desaparición, secuestro y amenazas. Solo en los últimos 11 meses, el número de este tipo de asesinatos aumentó exponencialmente, pasando de 30 en 2019 a 41; el de amenazas aumentó un 76%, mientras que las agresiones físicas directas a candidatos subieron un 37,7%.
Lamentablemente, las estructuras armadas volvieron a tener un protagonismo a lo largo de toda la campaña política y el proceso electoral propiamente dicho; en zonas en las que el autodenominado Estado Mayor Conjunto de las FARC y el ELN han consolidado su presencia, se presentaron inaceptables injerencias para incidir en la dinámica de la contienda política y los resultados electorales. El caso más indignante, fue el de El Plateado, Cauca, en el que Gobierno tuvo que pedirle permiso al Estado Mayor Central de las FARC para que le permitieran el ingreso al casco urbano de las autoridades electorales y la Fuerza Pública; adicionalmente, gobierno y terroristas firmaron un compromiso en el que hacían partícipe de la apertura oficial de la jornada electoral al grupo terrorista en la ciudad de Popayán.
Pero no solo la MOE había advertido el ambiente de violencia política; la Defensoría del Pueblo había advertido que, de los 1.102 municipios, 399 presentaban riesgo alto de seguridad, 113 de los cuales tenían alerta máxima. Esto representa un aumento del 39% en comparación con los municipios en riesgo reportados en 2019. Su reporte hoy, habla de 98 protestas en 86 municipios de 24 departamentos, 77 de ellos después del cierre.
Según los reportes preliminares, el día de las elecciones fueron capturadas 356 personas por delitos electorales, con casos tan graves como el del alcalde de Yondó, capturado horas previas al inicio de las elecciones territoriales o la del sujeto capturado el 26 de octubre mientras transportaba en el vehículo del candidato a la Alcaldía de San José del Guaviare por el Movimiento Independientes, con fusiles AK-47 y M-16, proveedores, cartuchos, camuflados y propaganda política alusiva al Pacto Histórico.
Adicionalmente, se presentaron casi un centenar de afectaciones graves al orden público, en Gamarra, Cesar, en donde fue incendiada la Registraduría, quemada viva una funcionaria y dos con graves lesiones; en la vereda Aguacates de Segovia-Antioquia se registraron combates entre el ELN y las disidencias de las FARC; en Fonseca, Guajira destruyeron urnas con tarjetones; en Santiago, Putumayo, hicieron lo mismo con material electoral; en Tiquisio, Bolívar, un colectivo de personas incendiaron la casa de la cultura y el material electoral en momentos en que se realizaba el escrutinio, y algo similar ocurrió en los municipios de Pueblorrico en Antioquia, Valencia en Córdoba y Manaure en La Guajira.
Finalmente, llama la atención el importante porcentaje que obtuvo el voto en blanco en algunas de las principales ciudades -Barranquilla, Cali, Armenia, Cartagena, Manizales y Neiva-; sumado a dos municipios en los que se impuso y obligará a repetir las elecciones, como en Maicao, patrocinado por el “Hombre Malboro”, según Nicolás Petro financiador de la campaña Petro, y Gamarra, Cesar.
En suma, entre Petro y la Patria, los colombianos optaron por defender la democracia, las libertades y un modelo alternativo al del actual Gobierno.
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