“El gobierno del presidente Petro ha tenido un sinfín de desaciertos políticos que le restan credibilidad tanto a él como a su gabinete, hasta tal punto que ha llegado a cuestionarse su legitimidad como primer mandatario de los colombianos”.
La herencia política y fiscal del gobierno anterior propuso tres desafíos enormes: equilibrar las finanzas del Estado, cumplir con la regla fiscal y generar consensos con los sectores de la oposición. Estos tres puntos son esenciales para que el aparato estatal funcione correctamente y exista una colaboración armónica entre las distintas entidades.
En primera medida, debemos señalar que la economía ha presentado uno de sus mayores descensos en los últimos años. Mientras que el Banco Mundial augura un crecimiento en nuestra economía del 1.5% al cierre del 2023, el PIB tan solo aumentó en un 0.3% en el segundo trimestre de este año. Este fenómeno de desaceleración se debe a factores externos globales, pero en gran parte a causas internas como la incertidumbre que generan las “reformas sociales” y las afirmaciones de Petro que plantean una reestructuración del mercado minero-energético.
No existe una armonía en las decisiones gubernamentales y esto nos está llevando a serios quebrantos en la institucionalidad. En lo que respecta a la modificación de la regla fiscal para acomodar más gasto público, es una propuesta inoportuna que se ha vociferado desde el Ministerio de Hacienda y que compromete seriamente nuestra legitimidad en los mercados internacionales. Aunque no esté en firme tal aberración, nos deja entrever unos indicios arbitrarios que demuestran el afán del presidente Petro en llevar a cabo su agenda y los retos que plantea en el tema de energías limpias.
Por su parte, debemos reconocer que el proyecto político que llevó a nuestro presidente a ocupar la silla de jefe de Estado es el resultado de una dinámica política que exigía un discurso más renovado y que marcaría una agenda más global. Sin embargo, este castillo de naipes que durante varios años construyó fue desmoronado con facilidad por las viejas maquinarias políticas en los territorios, quienes se impusieron en las principales ciudades del país. Para que un proyecto político perdure, inicialmente debe estar centralizado y posteriormente consolidarse en el territorio; y para que ambas reglas se cumplan es necesaria la capacidad del consenso y el diálogo permanente con todos los actores políticos.
Esta última cualidad es la que hoy nos impide avanzar hacia el mismo lado y que tiene al gobierno actual entre la espada y la pared sobre la aprobación de las reformas que desea impulsar en el legislativo. Han sido múltiples los acercamientos desde el gobierno hacia los partidos de oposición, pero resulta imposible concretar acuerdos debido a la incapacidad de ceder políticamente y escuchar cuando es necesario.Y aunque la pobreza extrema haya disminuido en este nuevo gobierno; que hoy gocemos de la mejor inversión extranjera en años y que el desempleo haya llegado a cifras de un solo digito: se debe fundamentalmente a las apuestas del presidente en lograr la inclusión productiva, la justicia social y la transición energética. No se puede caer en el error de definir el rumbo del país con un solo lente, pero sí es necesaria la cohesión política para materializar los grandes cambios que el país demanda.
En términos políticos y económicos, Colombia va avanzando sin un rumbo fijo, pero con un destino claro que está predeterminado por las grandes reformas (condenadas, al parecer, a quedarse en el intento si no se replantean). La gobernabilidad se resume en improvisación, es decir, en la marcha vamos resolviendo los asuntos de Estado. Esta es una de las grandes causas del leve crecimiento económico en el país y de la crisis política que ha presentado sus síntomas desde la ruptura de la coalición de Gobierno y que se ratificó en las pasadas elecciones.
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