Cuando asumió el cargo como registrador nacional, Alexander Vega, un abogado tan experto en derecho electoral como en acomodar los engranajes del poder -cuestionado por su opaco papel en el entramado de corrupción de Odebrecht cuando fungió como presidente del Consejo Nacional Electoral- afirmó que durante los cuatro años de su gestión buscaría llevar la Registraduría al “siglo XXI”. Para lograrlo, se trazó la meta más ambiciosa que se haya propuesto un registrador: reformar un código electoral que data de 1986.
Y lo logró, con el mérito de haberlo hecho en dos Congresos distintos, siempre apoyado en una verdadera aplanadora de partidos tradicionales.
Para ello, se aprovechó de una opinión pública que se encontraba anestesiada por la seguidilla de escándalos en el Gobierno y enfrascada en la confrontación de congresistas más empeñados en resolver la discusión sobre la regulación del cannabis vía Twitter; estos factores de distracción fueron aprovechados por el habilidoso Vega para salvar su reforma; primero, logrando que los presidentes de la Cámara y el Senado agendaran su discusión en el orden del día; y segundo, paseándose por las oficinas del capitolio y convenciendo congresistas al detal.
Para muchos fue como un Déjà vu, pues echando mano del mismo método y resistiendo a una oposición más mediática, el registrador ya había logrado -al filo de la medianoche del 16 de diciembre de 2020- que el Congreso le aprobara una reforma al código electoral; sin embargo, en ese entonces su victoria fue pírrica, porque ese trámite estuvo tan mal hecho (el proyecto fue aprobado en sesiones extras y de forma virtual) que solo fue cuestión de meses para que la Corte Constitucional tumbara todo el articulado con un único veredicto: vicios de trámite.
Ahora, Vega se espera sacar “esa espinita” ya que, si la Corte Constitucional no le vuelve a tumbar su proyecto bandera, entregará el cargo en diciembre con una Registraduría fortalecida; modificando las reglas electorales; y especialmente, elevando la capacidad burocrática del próximo registrador.
Su código electoral plantea reformas procedimentales tales como: la creación de la figura del censo electoral permanente (acabando con los periodos de inscripción de cedulas); el aumento de los puestos de votación; el cambio en el calendario electoral, pues las elecciones regionales se pasarán a celebrar el ultimo de domingo de septiembre y la jornada electoral se extenderá hasta las 5:00 p.m.; además, se introducen límites en los gastos destinados a propaganda electoral a través de las redes sociales.
Y reformas sustanciales tales como: la implementación del voto electrónico mixto a partir de 2029; la flexibilización para la otorgación de la personería jurídica (con la mera elección de un representante a la Cámara); la delegación al próximo registrador para nombrar registradores distritales, seccionales y departamentales (cerca de 1.200 cargos); y el fortalecimiento administrativo del Consejo Nacional Electoral, al que s ele otorgaría personería jurídica y se le dan más dientes para vigilar a las firmas encuestadoras.
Son reformas que cambiarán la forma de hacer política en el país, pero nuevamente, la última palabra la tiene la Corte Constitucional ¡Benditas leyes estatutarias! Por el momento, solo hay dos certezas: el código electoral no estará vigente para las próximas elecciones de octubre; y, en silencio y sin mayor oposición, el habilidoso registrador se salió con la suya.
Comentar